Vodafone quiere zanjar de forma tajante el conflicto que le enfrenta con Finetwork por los impagos de esta operadora en el contrato mayorista por el alquiler de su red de telefonía móvil. La operadora de Zegona Communications ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante un plan de reestructuración para asumir el pasivo de la compañía deudora y quedarse con el 95% del capital de Finetwork aportando 10 millones de euros.
Con este movimiento, Vodafone pretende acogerse al capítulo de la nueva ley concursal que ya se aplicó en 2023 cuando el juzgado otorgó la razón a los fondos acreedores de la siderúrgica catalana Celsa que solicitaron el canje de parte de la deuda por el capital de la compañía, cuyo control arrebataron a la familia catalana Rubiralta, históricos propietarios de la firma. Vodafone ha declinado hacer comentarios a esta información.
La compañía que dirige José Miguel García justifica esta opción ante el juzgado en que posee más del 50% del pasivo de la firma de Elche, que le adeuda más de 70 millones de euros por los impagos en virtud de su contrato mayorista por el uso de la red. El crédito de Vodafone se divide en tres clases: ordinario, correspondiente a la deuda comercial; contingente, referido a la deuda sometida todavía a arbitraje, y subordinado, referida a los intereses generados.
Vodafone valora el equity value (valor de la empresa sin contar la deuda) de Webi Mobile, sociedad propietaria de Finetwork, en cero euros. La compañía registró unos ingresos de 157 millones de euros en 2024, el 24% más que en 2023, y un beneficio de 6 millones de euros, según declaraciones de sus responsables aunque aún no ha depositado las cuentas oficiales en el Registro Mercantil. La deuda financiera asciende a más de 100 millones de euros, a la que habría que sumar los impagos a Vodafone.
Si el juzgado admite a trámite la petición de Vodafone se abrirá un periodo de alegaciones por lo que no se espera ninguna decisión hasta bien entrado septiembre. Hay que recordar que Finetwork solicitó a finales del pasado mes de mayo la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores –lo que antes se conocía como preconcurso de acreedores- tras reconocer su insolvencia. Esa situación le permite negociar el importe de las deudas con los acreedores durante tres meses, ampliables a seis en el supuesto de que no se alcance un acuerdo y se acuerde una prórroga. Es decir, por este proceso concursal Finetwork tiene hasta finales de noviembre para llegar a un acuerdo. Sin embargo, Vodafone quiere explorar la citada vía Celsa para acelerar la resolución del caso.
Negociación con Asterion
Y es que, paralelamente, Finetwork negocia con Asterion, el mayor fondo de capital riesgo español, la venta de la empresa por una cifra de en torno a 200 millones de euros, a los que habría que sumar la deuda. La propia operadora comunicó a sus empleados el pasado 2 de julio que había llegado a un principio de acuerdo con el fondo pero desde entonces no se ha conocido ningún avance en esas pretendidas negociaciones que no fueron ni confirmadas ni desmentidas por Asterion. De hecho, fuentes del mercado creen que se trataba de un “globo sonda” para dilatar el conflicto que le enfrenta con Vodafone. Asterion, a través de su participada Olin Group, hay comprado varias empresas de telecomunicaciones como Olivenet, Fibranet, Mowitel, Club TV, Waytel, Conecta y Comenersol.
Finetwork es lo que en la jerga del sector se conoce como un operador móvil virtual (OMV), es decir, que no tiene red propia y debe usar la infraestructura de otras compañías para ofrecer servicio a sus clientes. Posee 1,3 millones de líneas de fibra y móvil. Sus accionistas principales son el empresario y fundador Pascual Pérez, con cerca del 50%, y el fondo Kai Capital, que entró en el accionariado en septiembre de 2024, con una inversión inicial y un préstamo convertible por 20 millones de euros.
En el caso de la empresa alicantina, utiliza la red de fibra y móvil de Vodafone desde el inicio de sus operaciones. A finales de mayo de 2024, y tras tensas negociaciones, renovó al acuerdo de alquiler mayorista que mantenía con Vodafone por un plazo de diez años, llegando a pactar una quita de 40 millones de euros para cerrar el trato, pero casi desde entonces dejó de pagar las mensualidades alegando diferencias contractuales con Vodafone.
La compañía atraviesa una difícil situación de gestión además de los problemas financieros. Cesó fulminantemente a su anterior consejero delegado, Óscar Vilda, el último día de 2024 y, desde entonces, el puesto está vacante y la gestión corre a cargo de un “comité de transición” encabezado por Pascual Pérez, que quiere imponer un giro estratégico. El origen del problema es que la firma experimentó un rápido crecimiento a costa de endeudarse con las miras puestas en conseguir un comprador o un inversor para conseguir rápidas plusvalías. Ese inversor no llegó nunca y la empresa hubo de recurrir a préstamos bancarios, cuyo coste está pesando en su balance.