El Ministerio de Transportes se dispone a analizar de la mano del gigante de la consultoría KPMG a una de las empresas públicas relacionadas con el caso Koldo-Cerdán-Ábalos (operación Delorme). La compañía bajo la lupa del departamento que hoy encabeza Óscar Puente es Logirail, la sociedad mercantil estatal filial de Renfe en la que presuntamente, siguiendo órdenes de José Luis Ábalos, se enchufó a Claudia M., que tenía relación con el exministro.
Tal y como recoge la página web oficial de contratación del Estado, la dirección general de Logirail ha requerido a KPMG sus “servicios de consultoría para el análisis de la adecuación a condiciones de mercado, eficiencia en costes y generación de valor de los servicios profesionales” que presta», después de que la consultora fuera la única firma licitadora en presentarse al concurso del contrato.
Logirail pagará 26.768,53 euros con impuestos a cambio de las prestaciones de KPMG, una cifra inferior a los 35.691,37 euros que como máximo esperaba gastar la empresa como presupuesto base de licitación sin impuestos. Teniendo en cuenta las dos posibles prórrogas de doce meses que contempla el pliego de adjudicación, el valor estimado del contrato alcanza hasta 88.491 euros.
Esta filial de servicios logísticos, tecnológicos y de handling ferroviario propiedad de Renfe saltó a los titulares cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó su informe sobre la operación Delorme en el Tribunal Supremo. El documento exponía supuestas irregularidades en el proceso de contratación en Ineco y Logirail, dos empresas públicas dependientes del ministerio que regía el propio Ábalos, de dos mujeres, Jessica R. y Claudia M., que tenían relación con el exministro.
Cuando Claudia M. declaró mediante videoconferencia en el Supremo un mes después, admitió ante el magistrado Leopoldo Puente que pidió ayuda a Ábalos para que este le encontrara trabajo. A los pocos días, el asesor de este, Koldo García, le consiguió una entrevista en la empresa pública. Según la propia Claudia M., estuvo contratada por Logirail entre 2019 y 2022.
Cuando el juez pidió más detalles a la firma, esta envió una respuesta afirmando que no le fue posible encontrar documentación en sus archivos que permitieran saber la identidad de la persona que valoró el currículum de la mujer y que propuso su contratación, ni tampoco proporcionar ninguno de los correos que ella pudiera haber enviado o recibido. Entonces, Logirail especificó que Claudia M. fue originalmente contratada como “encargada comercial de sección del proyecto para la implantación de una oficina de promoción y venta de plazas en trenes turísticos en Asturias”.
Según consta en las últimas cuentas anuales disponibles en el Registro Mercantil, las correspondientes al ejercicio 2024, la sociedad cerró ese año con un beneficio de 3,84 millones de euros. De los 128,94 millones de euros que ingresó, 127 millones procedieron de prestar servicios a empresas del propio Grupo Renfe. Durante ese ejercicio, la empresa pública dedicó 107,8 millones de euros a gastos de personal. A 31 de diciembre de 2024, la empresa tenía un total de 3.974 trabajadores, de los cuales, 1.949 eran hombres y 2.025 mujeres.