Las comunidades autónomas, una mayoría de ellas con el Partido Popular al frente, van a dar la última palabra este lunes sobre el nuevo mapa de rutas de larga distancia en autobús, que va a poner en juego el Ministerio de Transportes con o sin su concurso. La aprobación de un nuevo modelo es esencial para desatascar el maremágnum de concesiones de líneas vencidas y tratar de mejorar la eficiencia de este modo de transporte colectivo, el más utilizado en España. El diseño final, eso sí, variará en función de cómo se decanten las comunidades.
Transportes espera la respuesta de los gobiernos autonómicos (el silencio equivale al rechazo) a un documento que les fue trasladado en julio. Cambian muchos de los itinerarios en función de estudios de demanda, flujos de la movilidad en vehículo privado o de las concentraciones de población. La actual red responde, por contra, a la realidad socioeconómica de muchas décadas atrás, lo que le ha hecho perder eficiencia. En el ministerio de Óscar Puente se estima que el nuevo mapa, con trayectos más directos entre las principales ciudades, haría crecer hasta un 40% la ocupación de los autobuses.
Transportes no las tiene todas consigo respecto al plácet de las autonomías. Algunas de las poblaciones servidas actualmente por el autobús quedan fuera del mapa y han de ser recogidas por las comunidades dentro de rutas regionales. Para ello, el Gobierno ha habilitado 40 millones de financiación extraordinaria con la que se ayudaría a sufragar el gasto extra. El Grupo Popular en el Congreso ha calificado esa partida de escasa, proponiendo una subida a 110 millones de euros y anticipando cuál puede ser el sentido del voto de los gobiernos regionales de su color. Fuentes al tanto de este asunto apuestan por el silencio de la mayoría, lo que se leería como un revés al ministro Óscar Puente.
Las líneas de autobús bajo tutela del Ministerio de Transportes, todas ellas interregionales y funcionando bajo contratos de concesión, tienen a Alsa, Avanza, Monbus y Samar entre los mayores actores. El negocio que generan entre todas ronda los 300 millones anuales. En caso de que haya autonomías que se cierren al nuevo esquema de rutas, el plan de Puente es sacar adelante el mapa e incluir en él las antiguas líneas con rechazadas por los territorios.
El modelo de explotación, en ambos casos, seguirá basándose en el sistema concesional. Los futuros contratos serían por una duración máxima de diez años (llegaron a ser prácticamente a perpetuidad), vinculada en todo caso a la amortización de los activos. La expectativa de Transportes es que las tarifas por viajar en autobús, en pugna con el tren y el avión, bajen alrededor del 20%. También se persiguen importantes ahorros de tiempo en los trayectos, de 20 minutos de media, así como una rebaja de emisiones (-25% por viajero).
Buena parte de las concesiones otorgadas por Transportes expiraron hace años, con la imposibilidad de renovar los contratos ante una alta litigiosidad en los concursos, el retraso en la aprobación del nuevo mapa concesional y de la propia Ley de Movilidad Sostenible, cuyo proceso fue suspendido por el adelanto electoral de 2023. Se espera que la norma vuelva a entrar en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados antes de que finalice este mes de septiembre.
Polémica
El Gobierno pretende reorganizar las grandes líneas pasando de un total de 77 corredores a solo 22, lo que supondrá bajar de las 966 rutas actuales a poco más de 500. En círculos cercanos al proceso se espera que antes de final de año salgan a concurso dos corredores: el número ocho entre Bilbao y Castro Urdiales, y el 12 que enlaza Madrid con Valencia. El caso de este último no va a ser nada sencillo a la vista de que hay nada menos que 800 alegaciones en la fase de información pública.
En busca de convencer a las comunidades autónomas y apagar cualquier conato de incendio en la opinión pública, Transportes habla de un modelo de cogobernanza y ha garantizado que se mantendrán todas las paradas de interurbanas. Desde el departamento que lidera Puente se opina que es la Administración autonómica la que debe hacerse cargo de desplazamientos interurbanos que hasta ahora ha asumido la Administración General del Estado y que se convertirían en rutas internas o intraautónomicas.
El anuncio del nuevo mapa concesional levantó revuelo por la espera reducción en el número de paradas por ruta, pasándose de una media de 12,8 a seis. También caía la lista de municipios atendidos por estos servicios competencia del Ministerio de Transportes, de 1.912 a 495. El Gobierno salió de inmediato al paso asegurando que ninguna localidad quedará desatendida al transferirse las rutas borradas de su mapa competencial a manos de las Comunidades Autónomas. El compromiso se mantiene, pero si las regiones eluden prestar esos servicios será Transportes el que los siga concesionando.