Iberdrola aumenta los frentes legales abiertos por el apagón masivo del pasado 28 de abril. La eléctrica pilotada por Ignacio Sánchez Galán prepara una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, al considerar que su derecho al honor ha sido vulnerado con sus declaraciones en el Senado sobre el incidente, en la que, sin mencionar expresamente a la compañía, le atribuyera parte de la responsabilidad del cero eléctrico.
El cruce de acusaciones entre Red Eléctrica y las compañías del sector sobre la falta de control y la responsabilidad del incidente que dejó sin energía a la península Ibérica durante casi toda la jornada lleva presente desde hace casi seis meses, desde el mismo día del suceso; si bien la ofensiva puede escalar ahora hasta los tribunales con la iniciativa de la multinacional vasca.
Como paso previo a la presentación de la demanda, Iberdrola y REE intentarán una conciliación en los juzgados de Alcobendas (Madrid), localidad en la que tiene su sede la empresa semipública (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —Sepi— tiene el 20% de las acciones del grupo Redeia), tal y como obliga la ley para la jurisdicción civil, según adelantó El Mundo y han confirmado fuentes jurídicas de la eléctrica a El País/Cinco Días. Con este trámite, Iberdrola busca que Corredor se retracte de lo manifestado ante la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones del Senado. Si no se llega a una solución extrajudicial, se iniciará un proceso judicial.
Durante su comparecencia en la cámara alta, el pasado 11 de septiembre, la máxima responsable de Red Eléctrica reiteró lo que ya venía diciendo: defendió la actuación del operador eléctrico e insistió en que “la causa del apagón fue el incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente de control de tensión”. En esta línea, en varias ocasiones apuntó que el origen del cero energético tuvo lugar en el fallo de una planta fotovoltaica Badajoz, sin decir a qué grande eléctrica pertenecía. No obstante, en el sector se sabía que Corredor estaba aludiendo al parque solar Núñez de Balboa, propiedad Iberdrola.
“A las 12.03 de ese día, 28 de abril, se percibió una oscilación, que lo deberíamos llamar en términos coloquiales una arritmia del sistema procedente de una planta fotovoltaica de alto potencial situada en la provincia de Badajoz”, señaló Corredor ante el Senado. Y apuntaló: “Tenemos constancia física y, por tanto, podemos demostrar que la oscilación extraordinaria que empezó a las 12.03, de 0,6 hercios, proviene de la mala gestión y del mal control (…), que se comportó de forma indebida y que provocó que el sistema se sintiera mucho más vulnerable como consecuencias de esa doble oscilación”.
Otras causas judiciales
Iberdrola está haciendo frente a cualquier mínima acusación sobre su posible responsabilidad en el apagón. La eléctrica presentó el pasado 30 de mayo un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir que se invalide el comité formado por el Ejecutivo para investigar los motivos de la desconexión eléctrica del 28 de abril y que terminó por repartir culpas tanto para Red Eléctrica como para las eléctricas, pero sin mencionar a ninguna expresamente. El recurso, que ya está siendo tramitado en el alto tribunal, se presentó exactamente 17 días antes de que el grupo de expertos hiciera público su informe, cuyas conclusiones ya se aventuraban entonces. El informe afirmó que la caída de la electricidad fue un problema de sobretensión en la red que no fue amortiguado correctamente, debido a un posible error en la planificación de REE para ese día y al funcionamiento aparentemente anómalo de las centrales que deberían haber ayudado a controlar esa tensión.
Por otro lado, Iberdrola también se ha personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar si el corte de suministro fue causa de un sabotaje. Aunque el Gobierno descartó en el informe elaborado por el comité de expertos el ciberataque como causa de la caída del sistema eléctrico, el estudio sí identificó varias “vulnerabilidades” de esa índole en diferentes etapas del sistema eléctrico español. Aun así, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió mantener viva la investigación que inició de oficio en el momento del incidente estaba en funciones de guardia) para esclarecer si algún factor informático tuvo algún tipo de incidencia en el apagón a gran escala.
El grupo eligió Iberdrola España para liderar la personación como perjudicada, al ser la titular de la tres sociedades con las que opera en el territorio nacional (Iberdrola Energía España, Iberdrola Energía Sostenible e Iberdrola Redes España), que tienen “infraestructuras críticas”, designadas así por la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, como los centros de operaciones y control de unidades de generación, de instalaciones de distribución eléctrica, de renovables y energía hidráulica. Por el momento, las diligencias practicadas —requirió informes a REE, al Centro Criptológico Nacional y a la Jefatura de Información de la Policía Nacional sobre las causas del apagón— se encuentran bajo secreto de sumario.