El Gobierno aprieta el acelerador en la ofensiva ideológica que tanto incomoda a Alberto Núñez Feijóo. Las dificultades del PP y sus bandazos para fijar una posición sobre el aborto, que tensiona a los populares entre su ala más liberal y la ultracatólica, se han convertido en un filón para la coalición progresista. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su propuesta de redactado para la reforma que blindará el derecho a la interrupción del embarazo en la Constitución. La Moncloa da así un nuevo paso en su explotación del error no forzado que Feijóo cometió hace dos semanas, cuando Génova avaló, antes de retractarse, la decisión del PP de Madrid de informar a las mujeres de un supuesto síndrome posaborto sin ninguna base científica. Los intentos posteriores del PP de cerrar la crisis no solo no han sido posibles, sino que han puesto sobre la mesa las discrepancias entre Feijóo y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras el Gobierno insiste en la derechización del PP y la influencia de Vox que tan buen resultado le dio en las elecciones generales de 2023.
Tras días de negociaciones e intercambio de propuestas que se ha extendido toda la madrugada entre los socios, la fórmula finalmente adoptada por el Gobierno contempla un nuevo apartado en el artículo 43 de la Ley Fundamental, el cuatro, que reconoce “el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo” y específica: “El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”, según el texto que ha adelantado EL PAÍS.
El contenido final del anteproyecto de reforma, sobre el que el Consejo de Estado se tendrá que pronunciar, ha sido objeto de un intenso debate entre PSOE y Sumar y no se ha cerrado hasta esta mañana. Tanto el PSOE como Sumar comparten que con el cambio que se pretende incorporar a la Ley Fundamental el derecho al aborto, ya garantizado por ley, “tendrá el máximo rango jurídico posible, el de derecho constitucional”. El Gobierno confía en poder llevar la reforma al Congreso en enero.
La medida ha sido presentada por las ministras de Igualdad, la socialista Ana Redondo, y la de Sanidad, Mónica García, de Sumar. “Damos un paso a la garantía y derecho de las mujeres. Por primera vez las mujeres tiene reconocida la libertad sobre su cuerpo y proyecto de vida en este texto. Es importante blindar este derecho en la Constitución, este escudo protector, porque estamos viendo que mayorías absolutas en comunidades como Madrid son capaces de revertir derechos” ha destacado Redondo. La titular de Igualdad ha subrayado que la iniciativa se produce en un contexto histórico en el que “la ola reaccionaria” mundial “está llevando a un retroceso de derechos” muy sensibles para las mujeres, “que son el objeto directo de esos recortes”. El otro motivo que ha subrayado Redondo es la “jibarización” de la sanidad publica y su “pérdida de calidad” mientras se apuesta por “la privatización y externalización de servicio”. “Queremos garantizar su prestación en la sanidad pública”, ha apostillado. Menos del 1% de los abortos en Andalucía y Madrid se realizan en la sanidad pública.
La batalla ideológica con las derechas, que han agitado en las últimas semanas el debate sobre el derecho al aborto, ha llevado al presidente Pedro Sánchez a tomar la iniciativa para avanzar en una reforma que blinde la interrupción voluntaria del embarazo en la Carta Magna. La iniciativa no tiene opciones de ser aprobada debido a que requiere de una mayoría de tres quintos en el Congreso, es decir, que necesita del apoyo del PP, que ya ha dicho que votará en contra. Otra cuestión es el interés de La Moncloa en retratar al partido de Alberto Núñez Feijóo, por mucho que no tenga la votación asegurada, y desgastarle en un asunto muy sensible sobre el que el PP no tiene una única opinión.
“En el PP ahora mismo hay dos almas, una que probablemente se una a esa mayoría necesaria para la reforma de la Constitución y otra alma que está en una deriva hacia la ultraderecha muy peligrosa. Yo apelo al PP de Estado, que ha gobernado este país y que sabe de la importancia del reconocimiento de los derechos de las mujeres”, ha observado Redondo. Vox defendía la derogación de la ley del aborto en el programa electoral para las elecciones generales de 2023. El movimiento del Gobierno responde al temor creciente a que el partido de Santiago Abascal impusiera su hoja de ruta al PP en un cambio de Gobierno. Según la mayoría de encuestas, Feijóo dependería de la ultraderecha, al alza en todos los sondeos a costa de la derecha tradicional.
Antes del Consejo de Ministros, Sánchez ha anunciado además en una entrevista en la Cadena SER que el Gobierno iba a requerir este martes a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley para aprobar el registro de objetores de conciencia al que se ha negado la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que también tienen pendiente Aragón y Baleares. “Le voy a decir una cosa a Ayuso: Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio, nos quedamos. Ayuso se ha creído que está por encima de la ley y de las mujeres… Le recomiendo que abandone su cruzada contra las mujeres y que recoja cable y cumpla la ley como el resto de comunidades”, ha cargado la titular de Sanidad y dirigente de Más Madrid.
El Gobierno insiste en que el registro de objetores no es opcional, sino una obligación legal, y que se trata de una herramienta esencial para garantizar los derechos de los profesionales sanitarios y que sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo “en condiciones de equidad, seguridad y respeto”. La Moncloa remarca que salvo Madrid, Baleares y Aragón, las tres gobernadas por el PP y cuyos consejeros de Sanidad han recibido este martes un requerimiento oficial de la ministra “para que se proceda” a la creación del registro, el resto de comunidades ha cumplido con su obligación de establecerlo o se encuentra en fase de tramitación, como sucede con Asturias. Madrid es la única a su vez que ha mostrado abiertamente su voluntad de desobedecer la ley, que es lo que ha provocado la reacción del Gobierno activando el procedimiento legal del requerimiento. El procedimiento está previsto en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales. Las comunidades tendrán un mes de plazo para responderlo.
Sumar ya propuso incluir la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución en 2024, como acababa de suceder en Francia. La ministra de Igualdad objetó, sin embargo, que era inviable, con el argumento precisamente de que el PP la rechazaría. El PSOE se comprometió no obstante a finales de ese año a incluir el aborto y el matrimonio igualitario en la Constitución en la ponencia de su Congreso federal de finales del ejercicio pasado. En febrero de este año Sumar presentó su iniciativa. El socio minoritario del Ejecutivo sostenía que el planteamiento de los socialistas remitía a lo que dictase la propia legislación, lo que abría la posibilidad a que si esta era modificada en el futuro, el derecho también se viese alterado. Siempre según Sumar, la fórmula planteada originalmente era la siguiente: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley regulará el ejercicio de este derecho, que, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad”.
Finalmente, en las últimas horas se ha desbloqueado el texto y se ha alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno de coalición y se ha dado luz verde a la propuesta de reforma constitucional, aunque Sumar aspira a seguir dialogando. “Las negociaciones atraviesan diversos textos. Sin poder desvelar nada, sí les digo que hemos conseguido avanzar”, ha celebrado la portavoz parlamentaria del grupo, Verónica Barbero, con el Consejo de Ministros ya en marcha. La diputada ha añadido que la reforma debe cubrir las expectativas de toda la sociedad civil. “Sí aspiramos a que el texto sea suficiente para una primera vuelta y a seguir negociando”, ha añadido.
Sumar planteó el pasado febrero blindar el derecho al aborto a través de un nuevo apartado en el artículo 43, la fórmula que ha sido adoptada, aunque con una redacción distinta. La propuesta de la formación era la siguiente: “4. Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física”. Fuentes del grupo, satisfechas con el acuerdo alcanzado, aspiran, sin embargo, a que la negociación parlamentaria lleve a que se incorpore una “referencia más expresa a la vinculación directa con los derechos fundamentales”.
La reforma pactada permite sacar el aborto del capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, cuya modificación requiere un procedimiento mucho más complejo: haría falta que una primera propuesta fuese aprobada por una mayoría de dos tercios de Congreso y Senado, la disolución de las cámaras, que las siguientes volvieran a darle luz verde por una mayoría de dos tercios, y que el pueblo español la ratificase en referéndum. Al introducir el cambio en el artículo 43, el proceso seguirá el mismo cauce que la modificación del artículo 49 aprobado el año pasado para ampliar los derechos de las personas con discapacidad y eliminar del texto la expresión “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, aunque aquel cambio sí obtuvo el apoyo de todos los grupos salvo Vox. La mayoría, en este caso, se adivina mucho más compleja.