La nueva tasa municipal de basura que pretende incentivar la reducción y el reciclaje de residuos en España se ha convertido en un quebradero de cabeza tanto para los ayuntamientos que tienen que cobrarla como para los vecinos que la pagarán. Supone una subida en lo que abonaban hasta ahora viviendas y negocios porque las directrices europeas y una ley estatal de 2022 obligan a que las arcas locales cobren el coste real de este servicio. La libertad de cada localidad para elegir cómo calcular su importe y a quién eximir o bonificar ha convertido la tasa, bautizada como tasazo o basurazo, en un laberinto administrativo y en un arma política.
Entre las diez ciudades más pobladas de España, solo Barcelona la tiene plenamente vigente desde 2020, antes incluso de la ley estatal. La capital catalana se adelantó con un modelo que, para mitigar el golpe al bolsillo de las familias, se implantó de forma progresiva en cuatro años. Se paga cada dos meses con el recibo del agua y se utiliza este consumo para estimar cuántas personas viven en cada domicilio y, por tanto, cuánto deben pagar por la recogida y tratamiento de la basura. Hay bonificaciones para familias vulnerables y descuentos de hasta el 30% por buenas prácticas. Por ejemplo, paga menos quien más acude a un punto verde y tienen rebaja los dos únicos barrios con recogida puerta a puerta.
El resto de urbes más pobladas han ido arrastrando los pies. Aunque el plazo dado por la ley estatal para aprobar la tasa acabó en abril, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Palma de Mallorca aún no lo han hecho. En la capital andaluza, la oposición (PSOE, Vox y IU-Podemos) ha anunciado que tumbará el modelo diseñado por el Gobierno del PP; en la aragonesa, la alcaldesa popular aún lo está negociando con la oposición; y en la balear, no lo tienen ni en previsión. En Málaga, el PP está todavía decidiendo cómo calculará su importe, aunque pretende tenerla lista a lo largo del primer trimestre de 2026. En el caso de las grandes ciudades que sí le han dado ya luz verde, los criterios, importes y descuentos elegidos son dispares y polémicos.
En Madrid, el Gobierno local del PP calcula el importe de la tasa de basura sumando al valor catastral del inmueble el resultado de multiplicar la tarifa de generación (que varía en función del barrio) por el coeficiente de separación de desechos (buen resultado o no de la clasificación de residuos por barrio). El Ayuntamiento de Valencia, en manos del PP y Vox, lo hará a partir del consumo anual de agua, el criterio que eligió Barcelona en Comú en 2019. En Bilbao, la coalición de PNV y PSE-EE se ha decantado por combinar el valor catastral de la vivienda y el número de personas empadronadas.
Los importes también bailan. Los ayuntamientos han facilitado a EL PAÍS conceptos no equiparables al cien por cien, pero que sí permiten una cierta comparación. En Barcelona, una familia de cuatro miembros paga unos 160 euros al año (60 por la recogida y 100 por el tratamiento). En Valencia, con un consumo anual de hasta 65 metros cúbicos de agua, una cantidad que se calcula que incluye a más de la mitad de los contribuyentes, se abonarán 39 euros. En Madrid, el recibo medio alcanzará los 141 euros, aunque el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda se niega a desvelar el importe mínimo y máximo alegando, en respuesta a este periódico, que es “información confidencial”. El Ayuntamiento de Murcia, en manos del PP, no ha atendido la solicitud de información.
En Las Palmas, donde gobierna el PSOE con Nueva Canarias y Podemos, la tasa máxima será de 149,33 euros, pero se prevén diversas bonificaciones con la idea de que cuanto menos basura se genere, menos se paga. Habrá descuentos para viviendas vacías, personas en exclusión social, familias numerosas (siempre que el valor catastral no supere los 72.000 euros), quienes domicilien los recibos, los que hagan uso de los puntos de entrega municipal o del contenedor marrón, y los supermercados y restaurantes que entreguen sus excedentes a entidades de economía social.
En estas rebajas se repite la disparidad. En Madrid, el PP solo aplicará descuentos a personas en situación de vulnerabilidad económica y familias numerosas. En Valencia, el mismo partido, además de reducciones a estos vecinos, incluirá una bonificación de 10 euros a quienes usen los puntos verdes (ecoparques); de 50 euros a negocios con recogida de papel y cartón “puerta a puerta”; y del 10% a supermercados y restaurantes que colaboren con entidades de economía social. De la tasa están exentas además las tres pedanías afectadas por la dana de 2024.
El Gobierno local de Bilbao no ha facilitado a este periódico estimaciones sobre lo que tendrán que pagar sus vecinos. Las rebajas en esta ciudad se dirigirán a quienes utilicen el quinto contenedor (en el que se recoge la materia orgánica) y a los edificios destinados a actividades deportivas o culturales, que abonarán la mitad.
“Esfuerzo administrativo brutal”
En medio de todas estas disparidades, el diseño de la nueva tasa de basura y sus efectos en el bolsillo de los vecinos se han convertido en un arma política. En la capital de España, Más Madrid critica que el PP no incluya bonificaciones por niveles de renta o un recargo a las viviendas de uso turístico, a lo que el PSOE agrega que ve injusto que pague lo mismo un piso en el que vive una sola persona que otro en el que residan cuatro. Los ataques de Compromís y PSPV al gobierno popular de Valencia se centran en que consideran su aplicación lineal y puramente recaudatoria, además de no incentivar la separación de residuos: una familia que cumpla paga lo mismo que otra que no lo haga si consume el mismo volumen de agua.
En Bilbao, las críticas a PNV y PSOE por parte de EH Bildu pivotan sobre los “efectos nefastos” que pronostica para quienes vivan en alquiler. El PP les ha exigido elevar hasta el 90% la deducción para las familias numerosas; y Elkarrekin Bilbao pide que se imponga un recargo del 200% a los pisos turísticos.
Los ayuntamientos se quejan de la complejidad de la tasa. La Concejalía de Hacienda de Valencia asegura que su puesta en marcha le costará 5,5 millones de euros. Ha licitado de urgencia la contratación de una empresa externa que se encargará de gestionarla y creará una oficina de atención al ciudadano ante las cuestiones que puedan surgir. El Gobierno popular de Málaga esgrime que el retraso en su implantación se debe a las múltiples dudas iniciales. En un primer momento, se intentó ligar la tasa al consumo de agua de cada vivienda, mientras que finalmente se ha decidido que esté relacionada con su valor catastral, el número de personas empadronadas o la zona en la que se ubique. Todo ello “va a suponer un esfuerzo administrativo brutal”, subraya el concejal malagueño de Economía y Hacienda, Carlos Conde.