La intención del Gobierno del alcalde Jaume Collboni de cerrar, en 2028, los 10.000 pisos turísticos con licencia que hay en Barcelona, para que vuelvan a ser viviendas, tendrá impacto en el empleo de un sector ya precarizado. Los sindicatos CC OO, UGT y Las Kellys aseguran que los trabajadores de estos alojamientos, como las limpiadoras, lo hacen en la mayoría de los casos con contratos bajo el convenio de limpieza, que tiene peores condiciones que el de la hostelería y con una gran precariedad. Y añaden que hay también mucho trabajo informal: personal sin contrato, pagado en efectivo o por menos horas de las que hacen, e incluso migrantes en situación irregular. Este perfil es el que lo tendrá peor si pierde el empleo, otros podrán recolocarse porque tanto en limpieza como en turismo hay trabajo, dicen. La patronal Apartur, en cambio, reivindica que el sector representan un 38% del total de camas turísticas de la ciudad y defiende su profesionalización, con empresas “especializadas y de proximidad” que velan por las condiciones de trabajo de sus empleados. El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha explicado que pondrá en marcha un plan especial entre 2027 y 2029 para “acompañar” a quienes se queden sin trabajo.
Los estudios publicados cuantifican la pérdida de puestos de trabajo en una horquilla amplísima: oscila entre 4.600 y 40.000 personas que se quedarían sin trabajo. Cifras que incluyen empleo directo (personal de limpieza, de mantenimiento, gestores de las reservas) e indirecto (un abanico en el que pueden entrar desde trabajadores de lavanderías especializadas en alojamientos turísticos o transportistas, hasta camareros de los bares o dependientes de los comercios próximos a los pisos). El estudio encargado por el Ayuntamiento al Instituto de Economía de Barcelona de la Universidad de Barcelona, habla de entre 4.600 y hasta 16.000 cotizaciones que se extinguirían. El que encargó Apartur a la consultora PriceWaterhouseCoopers situaba el empleo del sector en 40.000 personas.
Entre los trabajadores de la limpieza contactados por este diario los hay satisfechos, que aseguran que tienen contratos en regla y salarios razonables, pero también que están bajo el convenio del sector de la limpieza y no se respetan sus derechos. María, lleva casi una década en el sector y explica que comenzó en una empresa pequeña que fue comprada por otra más grande, y que las condiciones empeoraron: “Los dueños ganan cientos de euros por cada noche de alquiler y a nosotras nos duele todo y estamos secas. No nos pagan las horas extras, nos llaman para ir a los pisos cuando libramos, nos roban días de vacaciones y los festivos no los pagan si no podemos librar”, critica.
María cuenta que peor lo tienen las compañeras que hacen “los extras”, días de mucho trabajo en que la empresa pide refuerzos: “Van de un piso al otro, con carritos con la ropa y las fregonas por la calle, les contratan por menos horas de las que hacen, o trabajan sin contrato y sin papeles”, asegura. Y aclara: “Lo sé porque nos cuentan que aguantan lo que sea porque les dicen que regularizarán su situación”. A veces lavan toallas y sábanas en lavanderías de barrio.
Ellos ganan cientos de euros por cada noche de alquiler y a nosotros nos duele todo y estamos secas»
Euser, en cambio, ha conseguido en el sector una estabilidad que teme perder si se extinguen las licencias. “A mis 41 años, por fin tengo contrato indefinido, descansos, vacaciones pagadas, trabajo menos de ocho horas, es el primer contrato estable que he tenido, volver a empezar de cero no sería fácil”, explica tras ocho años en España, adonde llegó en situación irregular desde Colombia.
Tomás (pide hablar con nombre falso) capitanea una pequeña empresa de mantenimiento que trabaja en exclusiva para el sector de los pisos turísticos. Un nicho de trabajo en el que hay que estar siempre disponible para atender cualquier imprevisto: “Reparamos aires acondicionados, averías eléctricas, de fontanería, váteres, pulsadores, grifos, escapes…”. “Si cierran los 10.000 pisos se perderá un ramo. Yo podría ofrecerme a inmobiliarias o empresas de reformas, pero mi alma está en un sector en el que nadie quería trabajar y por el que aposté, me gusta dar servicio a los propietarios y turistas”.
Es el primer contrato estable que he tenido, volver a empezar de cero no sería fácil»
La directora general de Apartur, Marian Muro, critica con dureza al alcalde Collboni por su decisión: “Llegó a la alcaldía, se encontró con un problema muy serio, la vivienda… y mal asesorado y muy presionado, lanzó un anuncio del que no midió las consecuencias: en empleo, en impacto económico, o en citas como el Mobile World Congress, que no se podrá hacer sin las 60.000 camas en apartamentos turísticos”. Muro aclara que el sector “quiere estar regulado, con restricciones y límites, desde 2014 no se da ni una licencia más”. Y asegura que Barcelona era ejemplo de regulación del sector: “El alcalde dice que cuando Barcelona habla, el mundo nos mira; pues a nosotros [Apartur] también nos miran”, dice y asegura que “Europa no va a permitir el cierre”.
Los sindicatos coinciden en que si cierran los pisos turísticos, se perderá empleo, pero no se aventuran a cuantificarla. En CC OO, Paco Galván, de la federación de hostelería, comienza aplaudiendo que las 10.000 licencias se revoquen “porque resolver la crisis de vivienda es prioritario”. Dicho esto, alerta de que “es un colectivo muy precario, donde los empleados no tienen un centro fijo, atomizado y donde es difícil organizarse”, lamenta. “Muchos están bajo el convenio de limpieza, y hay mucho trabajo informal, feminizado y pagado al contado. Habrá impacto, pero puede servir para sanear. Trabajo en el turismo no falta y la población autóctona no lo quiere hacer, porque es muy duro y precario”.
En UGT, la responsable del sector de la Hostelería, Ester Sanahuja, coincide como Galván en señalar que los trabajadores de los pisos turísticos deberían estar bajo el convenio de la hostelería. “Como sindicato lamentamos cualquier pérdida de empleo, pero la mayoría de este sector no está legalizado y está particularmente precarizado, porque se hace en pisos dispersos y los desplazamientos no se computan como tiempo de trabajo”.
La portavoz del sindicato Las Kellys, conocido por las camareras de piso de los hoteles, pero que también agrupa a limpiadoras de pisos turísticos, Juani Pérez Serna, cree que si finalmente cierran, las empleadas volverán a los hoteles o trabajarán en los pisos turísticos ilegales: “Muchas vienen de hoteles, y se marcharon a pisos porque la presión es menor y pueden trabajar de dos en dos; pero hay más trabajo, porque hacen cocinas, salones, terrazas, balcones, y pagan con el convenio de limpieza, no de hostelería, y tiene una base de cotización menor”.
El Ayuntamiento de Barcelona explicó al publicar el estudio de los impactos del cierre que su agencia de promoción local, Barcelona Activa, pondrá en marcha un plan especial, dotado con 1,3 millones de euros anuales, para acompañar a hasta 8.000 personas “de distintas categorías perfiles y sectores que necesiten encontrar empleo en ámbitos profesionales parecidos o reorientar su carrera hacia nuevas salidas profesionales”. Un plan, explicó el consistorio, con un “dispositivo de carácter modular y flexible, que da mucho peso al análisis previo de la situación de partida de cada persona, su cualificación, objetivo profesional y mayor o menor urgencia en encontrar un nuevo empleo”. La patronal Apartur, que ha pedido a la Generalitat indemnizaciones para los propietarios, mantiene que, de una manera u otra, el cierre de la oferta legal en Barcelona no se producirá. Por ahora, el Tribunal Constitucional respondió al recurso presentado por el PP avalando el decreto autonómico para regular el sector.