Leire Díez (52 años, Bilbao) ha pasado de moverse entre las sombras a concentrar todos los focos, convertida en la protagonista de un enorme embrollo por donde desfilan empresarios, políticos, abogados, periodistas, guardias civiles, presuntos delincuentes y fiscales y exfiscales anticorrupción. Quien fuera una desconocida militante socialista, que pasaba desapercibida en los cargos de responsabilidad a los que era aupada por el PSOE, es ahora el epicentro de una investigación judicial. Según ha trascendido esta semana, el ministerio público le atribuye el “liderazgo” de un “plan delictivo” para “desacreditar” a la cúpula de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. Ella, que se presenta como una reportera de investigación que lleva años indagando en las llamadas cloacas del Estado, niega irregularidades y se defiende: “Parece que el activismo periodístico lo inventé yo”, exclamó el miércoles en una entrevista de televisión.
¿En Ferraz conocían las andanzas de Díez? ¿Les reportaba y, en su caso, a quién lo hacía? ¿Tenía aval para hablar en nombre del partido? Estas son las preguntas que sobrevuelan a la exmilitante que, según su página de LinkedIn, se licenció en los años noventa en Ciencias de Información en la Universidad del País Vasco. Fue teniente de alcalde socialista en el municipio cántabro de Vega de Pas tras las elecciones de 2011. Y, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, se le nombró responsable de Comunicación de Enusa entre 2018 y 2021, cuando la empresa pública de uranio estaba presidida por un dirigente del entorno de José Luis Ábalos, secretario de Organización socialista y ministro de Transportes en aquel momento. Después, entre 2022 y 2024, fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (“Soy la primera mujer que lleva Filatelia en la historia de Correos”, presumía entonces en una charla), de donde salió dando las gracias a Juan Manuel Serrano, quien fuera presidente de la compañía postal y exjefe de gabinete de Sánchez antes de llegar a la Moncloa.
Asidua a las redes sociales, Leire Díez borró todo rastro de su huella en internet al estallar el escándalo el pasado mayo, cuando se publicó un vídeo donde se le escuchaba tratando a un empresario (procesado por un millonario fraude de hidrocarburos) para que le facilitara trapos sucios de la Guardia Civil a cambio de favores de la Fiscalía. Entonces, Díez optó por eliminar sus fotos en actos públicos con dirigentes socialistas, como el exlehendakari Patxi López, actual portavoz del partido en el Congreso; o con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue un primer impulso, al que siguió un radical y rápido cambio de estrategia. Dar la cara. Ahora, ante las novedades de su caso, suele contraatacar con entrevistas en televisión para defender que todas sus conversaciones bajo sospecha (esas que mantuvo durante meses con empresarios, imputados por corrupción, fiscales, periodistas y políticos de distinto pelaje) forman parte de su actividad periodística, que concluirá en un libro que no ha visto la luz todavía. “Yo no ofrecía favores”, asegura a su círculo, según cuentan fuentes de su entorno, a las que niega que, en aquellos encuentros, se presentase como enviada del PSOE o del Gobierno: “Yo jamás he hablado en nombre de nadie, más allá de que pueda pegarme el pisto para que alguien hable”, les repite.
El caso Díez, convertido ya en otro de los arietes de la oposición contra el Gobierno de Sánchez, orbita precisamente sobre esa duda: saber si Díez era una simple periodista que fanfarroneaba de un poder que no tenía o si, por el contrario, había alguien del PSOE detrás de su actividad, interesado en información sobre jueces y guardias civiles que pudieran desmontar las causas que salpican al partido. Distintas fuentes que se reunieron con ella la señalan como una persona relacionada con el ex secretario de Organización Santos Cerdán, que en ese mes de mayo estaba cuestionado por la posibilidad de que se hiciera público un informe de la UCO contra él, al que Ferraz no daba veracidad, pero que acabó provocando su entrada en prisión.
La investigación judicial sobre Díez que acaba de arrancar por delitos de tráfico de influencias y cohecho, encabezada por el magistrado Arturo Zamarriego, tratará de resolver esta duda. De momento, en sus primeras conclusiones, la Fiscalía ya ha expuesto que era “determinante” que Díez decía hablar en “nombre de altas instancias del Estado” para dar “credibilidad” a las presuntas “ofertas de soborno” que hacía: “Al presentarse a sí misma como una representante cualificada del PSOE”.
Y hay otras certezas. Como que, al menos de 2024 a mayo de 2025, se reunió con mucha gente. Fuentes del entorno del exconsejero andaluz socialista Gaspar Zarrías, que la tuvo en nómina en su consultora, aseveran que Díez le prometió información que podía invalidar el caso de los ERE, por el que fue condenado a nueve años de inhabilitación. En dos actas elaboradas por Rubén Villalba, un comandante de la Guardia Civil imputado por el caso Koldo, este escribe que le ofreció un puesto en la Dirección General del instituto armado a cambio de “información sensible”. Y Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad del PP y procesado por el caso Kitchen, relata que le garantizó acuerdos con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre operaciones pasadas que hubieran perjudicado al PSOE.
—¿Y eso se lo trasladas a quién? —le preguntó Martínez, según consta en un audio desvelado por EL PAÍS.
—A los que me han dicho que me ponga al frente de esto —contestó ella.
—¿Qué están en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa?
—En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de La Moncloa. Porque, como bien sabes, gobierna el partido de la calle Ferraz.
El escándalo estalló en mayo con la publicación de la primera grabación donde se le escucha decir:
—Necesito a Balas, ¿vale?, así de claro, necesito a Balas.
Hacía referencia al teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, que dirige casos como el de Begoña Gómez, esposa del presidente, o el del hermano de Sánchez, y que estuvo presente en el registro en Pamplona de la empresa Servinabar, que se ha vinculado a Cerdán. El PSOE, todavía con el dirigente navarro como hombre fuerte en Ferraz, se desmarcó de ella y trató de quitar hierro al asunto. La asemejó primero a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como El Pequeño Nicolás. Y, paradójicamente, cuando el escándalo político se trasladó a los tribunales, terminó recayendo en las manos del mismo magistrado que investigó a aquel veinteañero relacionado con el PP. El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, abrió el caso Leire el pasado 24 de julio después de meses de controversia, tras recibir una denuncia de la asociación ultracatólica Hazte Oír. Y decidió imputar a Díez.
Para entonces, ella ya se había dado de baja voluntaria del PSOE casi dos meses antes, asediada por los titulares que la acusaban de ser la “fontanera de Ferraz”, de ser la persona encargada de husmear en los bajos fondos. Díez acudió a la sede de los socialistas la tarde del 3 de junio y pidió verse, precisamente, con Cerdán, entonces secretario de Organización socialista, para darle un pendrive con la información que había recabado durante años. Al día siguiente, Díez citó a la prensa en un hotel de Madrid, adonde llegó media hora antes de lo previsto y estuvo posando ante las cámaras desde todos los ángulos posibles. “Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones”, defendió en una comparecencia que terminó abruptamente ante la irrupción del empresario y delincuente confeso Víctor de Aldama: “¿Qué tenías tú contra mí para amenazarme, eh? ¿Me lo explicas?”, le inquirió el corruptor del caso Koldo, después de que ella insistiera en que era periodista de investigación, aunque no se le conoce ningún trabajo publicado al respecto.
Aldama ya había asegurado antes en televisión que Díez, junto al empresario Javier Pérez Dolset (imputado en la Audiencia Nacional por un fraude que él niega), se estaban reuniendo con investigados en distintos asuntos para tratar de torpedear ciertas causas. El comisionista, que lleva enredando desde que su nombre salió a la luz por las irregularidades del caso Koldo, quería poner así el foco en ese tándem y disparar contra el Gobierno de Sánchez, del que se declara enemigo.
Díez y Pérez Dolset llevan años trabajando juntos, según ambos reconocen (aunque insisten en que su objetivo es destapar las llamadas cloacas del Estado). El fundador del grupo tecnológico Zed WorldWide sostiene que representa a una asociación de “víctimas del sistema” que no está constituida, pero que agrupa a personas afectadas por abusos policiales y judiciales. Bajo esta premisa, según explican varias personas que se han visto con ellos, ambos se interesaban por información comprometedora de, entre otros, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; Antonio Balas, teniente coronel de la UCO; Manuel García-Castellón, magistrado jubilado de la Audiencia Nacional; o Beatriz Biedma, la juez que llevó la causa contra el hermano de Sánchez.
De hecho, el caso adquirió otro cariz cuando dos miembros del ministerio público denunciaron la actuación de Díez. Uno de ellos es José Grinda, fiscal de Anticorrupción que ha estado a cargo de asuntos como el 3% (escándalo de corrupción en Cataluña sobre comisiones por obra pública) o el caso aguas de Girona, relacionado con la gestión del agua durante la alcaldía de Carles Puigdemont en Girona. Grinda aseguró en febrero a sus superiores que un periodista le había entregado en una terraza madrileña un papel, supuestamente de parte de la exmilitante socialista, ofreciéndole un puesto en el extranjero que él anhelaba si a cambio archivaba determinadas causas judiciales (relacionadas con el independentismo o con la propia imputación de Pérez Dolset) y daba información de Luzón. La Fiscalía abrió entonces una investigación interna, que archivó en mayo y volvió a reabrir en junio tras estallar en los medios el asunto.
En ese momento constaba en el ministerio público también la denuncia de otro fiscal: Ignacio Stampa, que perteneció en su día a Anticorrupción, donde llevó la investigación contra el corrupto comisario jubilado José Manuel Villarejo y donde su plaza no fue renovada. Él sostiene, según afirma en su libro, que fue una maniobra de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para que dejara de investigar a Villarejo. Stampa, que actualmente se encuentra destinado en Madrid, se llegó a reunir con la propia Díez y con Pérez Dolset, aunque asegura que pensaba que a ese encuentro iba a acudir Cerdán. Según su relato, así se lo trasladó el constructor Luis del Rivero, anfitrión de la cita celebrada el 7 de mayo en su despacho.
“Desde el inicio tuve la sensación de que, al menos, Pérez Dolset grababa el encuentro, lo que ahondó en mi creencia de que la intención de los interlocutores gubernamentales podía no ser la que se me había anunciado”, detalló en un documento que envió a la fiscal jefa de Madrid. Por si acaso, él también grabó y, según relata, en ese audio se escucha a Díez decir que ella era “la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto”. “¿Detrás de qué?“, incidió él. De las ”irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción”. “Cuando, además de para qué me llamaban, pregunté por qué ahora, Pérez Dolset expresó que ‘cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar sin límite’ y que ‘la situación hay que revertirla, caiga quien caiga’. Y eso es lo que ha dicho el presidente”, redactó Stampa.
El relato que ofrecen Díez y Pérez Dolset, que se han querellado contra Grinda y Stampa por una ristra de delitos (denuncia falsa, revelación de secretos y cohecho, entre otros), resulta diametralmente opuesto. La exmilitante socialista niega que haya enviado a nadie a contactar con Grinda, rechaza las frases que le atribuye Stampa y asegura que nunca ha “ofrecido favores” a nadie. Además, según fuentes de su entorno, Díez repite que la reunión con Stampa la convoco Luis del Rivero a instancias del fiscal. Pérez Dolset apunta lo mismo en su querella: “[Stampa] argumentaba que solo quería que se investigara en toda su profundidad el caso Villarejo, que se hiciera justicia con el que había sido maltratado y que cesara la persecución a la que había sido sometido”.
A falta de aclarar lo sucedido, tantas versiones arrojan otra certeza: alguien no dice la verdad en este serial de insinuaciones, mentiras y acusaciones cruzadas. Todos tendrán la oportunidad de explicarse en sede judicial durante los primeros días de noviembre.