Cuando en 2017 la Generalitat cerró la cárcel Modelo de Barcelona, el entonces consejero de Justicia, Carles Mundó, afirmaba que no serían necesarias nuevas prisiones en Cataluña. La población reclusa llevaba siete años en una paulatina contracción que se mantendría tres años más, hasta alcanzar un mínimo en 2021 de 7.700. Apenas había entonces dos proyectos en cartera, ni tan solo en construcción: el centro abierto de la Zona Franca, que abrirá el segundo semestre de 2026, y una prisión para mujeres en la misma área, que si el calendario se cumple, estará lista como muy pronto en 2029. De repente, la semana pasada, el Govern realizó un anuncio que supone un cambio de rumbo en su política penitenciaria. Construirá dos módulos para 256 nuevas plazas en la prisión de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona).
El anuncio tiene visos de urgencia. Si se cumplen los calendarios, la ampliación de Mas d’Enric estará lista en 2028. La elección del centro de Tarragona se debe a que tiene capacidad en su interior que permite evitar la burocracia y los plazos urbanísticos y se optará por la construcción industrializada porque es más rápida y más barata, cuestión no menor en un horizonte sin presupuestos. Se opta por la velocidad porque ésta también alienta el alza de la población reclusa de Cataluña: no solo crece el número de reos dentro de las cárceles catalanas, sino que desde 2022 lo hace a ritmos superiores al 4%. El año pasado creció un 6,8% y este, con el plan de choque contra la multirreincidencia en marcha, es más que probable que supere ese porcentaje. Septiembre finalizó con 9.098 presos y, con saltos anuales de 500 reclusos, la cifra de los 10.000 de 2012 no queda tan lejos.
“Este primer paso nos da un punto de tranquilidad para poder gestionar a tiempo real un crecimiento sostenido [de la población reclusa]”, sostiene el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, que reconoce no saber cuándo se podrá reducir el número de preventivos que entran en las prisiones catalanas a raíz del plan de choque contra la multirreincidencia, que opera en dos campos diferentes: en la calle, a través de los operativos Kampai puestos en marcha por los Mossos d’Esquadra, y en los tribunales, con juzgados de refuerzo para digerir con un poco más de brío los juicios rápidos. “Hay más población, hay más policía y hay más eficiencia, aunque lo que esperamos es que esas medidas sean más de disuasión”, dice Espadaler sobre el deseo de que la presión en las calles reduzca la delincuencia que ha convertido la inseguridad en uno de los principales problemas para los catalanes, según las encuestas.
Josep Cid, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que el aumento ha sido una sorpresa para todos. “La subida de los dos últimos años nos ha cogido por sorpresa a todos, pero quizás es porque durante la covid bajó mucho”. En su opinión, el repunte se explica por una mayor entrada de presos y por un cambio legislativo de 2015 que ha provocado que los presos prefieran no acogerse a la libertad condicional y seguir estando en semilibertad la última franja de la condena.
Pese a que detectan un cambio de orientación, los sindicatos han acogido con frialdad el plan de la Generalitat. Porque no fueron consultados, pero también porque consideran que ese plan cojea. “No se trata solo de las celdas, hay que tener en cuenta que ampliar el número de reclusos impacta también sobre la capacidad de la cocina, del comedor, de los vis a vis, de los talleres, del polideportivo… todo eso seguirá con la misma capacidad”, denuncia Montse Balaguer, de UGT Prisiones. Desde su punto de vista, el sistema catalán está “saturado” y necesita un redimensionamiento global, aunque adivina un cambio de política en la última decisión de la Generalitat.
Las cárceles catalanas están actualmente a un 90% de su capacidad, aunque ese 10% no es, señala, completamente real, ya que el funcionamiento de las prisiones provoca que no todas las celdas estén disponibles. Algunas porque están en proceso de mejoras por diversas cuestiones (desde reformas integrales necesarias a problemas de plagas), otras no pueden acoger a dos presos porque algunos han de estar aislados, otras han de estar libres para acoger traslados. Las condiciones son múltiples. Y Espadaler defiende que en una cuestión en la que no piensa retroceder es en que haya más de dos plazas por celda.
Nueva hoja de ruta
“La construcción de esos dos nuevos módulos es un cambio de orientación, sobre todo por cómo se afronta el incremento de la población reclusa”, afirma Elena Larrauri, Catedrática en Derecho Penal y Criminología en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) y fundadora del Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal. En su opinión, la opción debería ser la de la construcción de módulos abiertos, un sistema que apuesta por los regímenes de semilibertad, y que chocaría con la política actual del Govern, “que pone mucho el énfasis en la seguridad”, pese a que los delincuentes que llegan desde la multirreincidencia, donde se registra ahora el pico, “no necesitan ese grado de seguridad”.
El anterior Govern puso en marcha un plan que ponía el énfasis justamente en los terceros grados, la semilibertad de quienes entraban en prisión para facilitar su reinserción. Aunque en los tres últimos años el número de presos en ese régimen ha crecido, un mayor aumento de la población presa total ha hecho que esos porcentajes bajen hasta el 22% de septiembre pasado. Según las estadísticas del Departamento de Justicia, el máximo se produjo en 2020 con un 27,7%. La medida tomada por ERC, no obstante, no ha sido ajena a las polémicas. En el último informe de la Fiscalía de Barcelona se criticaba la medida y se advertía de que era una medida contraproducente porque —como “el hábito no hace al monje”— se iba a producir “un mayor número de regresiones a segundo grado [reos que no pueden acceder a la semilibertad pese a tener una convivencia normal], lo que a la larga dificulta el tratamiento penitenciario del interno regresado”. Por su parte, la última memoria del Síndic de Greuges lamentaba la reducción de los terceros grados y concluía que se debía al aumento de la población extranjera en prisión, que sin red familiar tenía más complicado asegurarse un régimen de semilibertad.
