Por escala y violencia, solo la caída de Lehman Brothers, un fin de semana de 2008, puede compararse a la quiebra de Credit Suisse 15 años después. El banco suizo, icono de solidez a prueba de guerras, crisis y tribunales extranjeros, implosionó en una semana, y la apresurada resolución de la crisis aún reverbera en los juzgados. El Tribunal Administrativo Federal ha decretado como inconstitucional la orden ministerial que allanó el camino de su compra a precio de saldo por UBS, histórico rival de Credit Suisse cuyas sedes, de hecho, se ubicaban casi puerta con puerta en la plaza Paradenplatz de Zurich. La operación evitó a la Confederación Helvética un rescate probablemente imposible (los activos suponían 4,5 veces el PIB nacional) a costa, eso sí, de miles de inversores.
La decisión judicial, ya recurrida a instancias superiores por las autoridades suizas, deja en el aire la amortización de 17.000 millones de euros en deuda contingente convertible (los denominados cocos en el argot) que se volatilizaron de un día para otro, dejando un agujero en las carteras de miles de inversores. En concreto, la corte administrativa de Saint Gallen ha anulado el cambio legal realizado de urgencia para dar a la Finma, el supervisor de los mercados suizos, la capacidad de decretar (como hizo) esa amortización de deuda.
Aunque el fallo responde a un caso concreto, las reclamaciones judiciales de inversores se cuentan por decenas. En los tribunales suizos, pero también en Estados Unidos y en cortes de arbitraje internacional. “Es una decisión de importancia máxima”, indica Dario Item, abogado suizo experto en derecho financiero y, también, embajador en España de la república caribeña de Antigua y Barbuda. “Técnicamente, el tribunal ha dicho que [el decreto] es inconstitucional, y, por tanto, no hay base contractual [para la amortización de la deuda] porque no había razón de urgencia, y ya había una legislación al respeto”, añade.
Este tipo de deuda (llamada alternativamente bonos convertibles contingentes, cocos, bonos AT1 o deuda anticrisis) se ideó después de la crisis de 2008 para evitar que los bancos tuvieran que ser rescatados con dinero público. Tiene vencimientos muy largos o perpetuos, y paga un interés mayor que un bono normal por el riesgo de que puede ser convertida en acciones en caso de que una entidad tenga problemas extremos de solvencia. De hecho, el folleto de emisión de los cocos de Credit Suisse contempla la amortización en caso de un “evento de viabilidad” (quiebra o rescate).
Los inversores defienden que no se dio esa situación porque Credit Suisse no recibió del Estado una inyección de capital, sino un préstamo, y porque se alteró el orden de preferencia entre acreedores y accionistas, poniendo a los tenedores de AT1 por detrás de los accionistas, que recuperaron parte de su dinero con la fusión. El propio Credit Suisse cuestionó ese “evento de viabilidad”. Ahora bien, gracias el decreto de urgencia, la Finma facilitó la absorción exprés por UBS solo tres días después del primer decreto con los préstamos. Poco después, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra se vieron forzados a anunciar que la alteración del orden de preferencia entre inversores nunca cabría en sus jurisdicciones, para evitar el caos en el mercado de deuda.
El decreto ha sido anulado, pero no revertido. Y la Finma ha recurrido al Tribunal Supremo Federal de Lausana. En caso de que éste confirmara la sentencia del tribunal federal, quedaría pendiente la posible solución. “Que la indemnización se asuma en el balance de UBS, que pague el Estado… Nuestro planteamiento es que se vuelva a la situación inicial, y una opción es un activo AT1 equivalente”, añade Item.
El mercado ya ha tomado nota. Aunque los cocos de Credit Suisse no existen, los derechos por reclamaciones sí se compran y venden en un mercado bilateral, y tras la sentencia han pasado de cotizar a 12 céntimos (por cada dólar nominal de deuda reclamada) a unos 30. “Este mercado puede proporcionar un mecanismo para lograr cierta realización del valor de la posición heredada de AT1 de Credit Suisse”, explica en su informe de 2024 uno de los fondos que invertían en estos productos, el Invesco AT1 Capital Bond. El vehículo, que ha participado en las demandas contra la amortización y que tenía en 2022 una posición nominal de 140 millones de euros, aún incluye en sus tenencias nueve tipos de deuda de Credit Suisse con un valor cero. Pero confía en recuperar parte del dinero: “Si la capacidad de obtener valor [de estas reclamaciones] se vuelva más segura, entonces se las podrá atribuir un valor en el futuro”, añade el fondo, que se reserva expresamente, en el mismo documento, la capacidad para vender estas reclamaciones en el mercado.
¿Lehman Brothers 2.0?
La situación tiene similitudes con la posterior quiebra de Lehman Brothers. Los acreedores que litigaron reclamando la deuda de la filial británica del grupo terminaron por recibir el 100% del valor nominal de la deuda, más intereses. Uno de los litigadores es el despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, asociado con otros cinco bufetes y que en 2023 representaba a más de 1.000 tenedores de bonos repartidos por todo el mundo.
La firma británica no solo ha acudido a la justicia helvética para impugnar la decisión del supervisor del mercado suizo, sino que presentó una demanda en Nueva York contra Suiza por ordenar la reducción del valor de los cocos de Credit Suisse. “Esto es solo el comienzo”, explica Dennis Hranitzky, socio y jefe del área de litigios soberanos en la firma. “Hay cuestiones importantes que la decisión no abordó, entre ellas si los tenedores de AT1 tendrán derecho a la restitución, indemnizaciones u otro tipo de compensación si la decisión se confirma. Seguimos siendo optimistas, ya que este avance señala un posible camino de recuperación”, finaliza.
Los clientes de la firma poseen más de 6.000 millones de dólares en este tipo de deuda. El despacho, especializado en grandes litigios internacionales, tiene experiencia en las consecuencias de quiebras bancarias. Ha sido la representación de los grandes bonistas, encabezados por Pimco y los fondos Anchorage y Algebris, del Banco Popular. Es conocido además por lograr en los tribunales estadounidenses que Argentina indemnizara con unos 16.000 millones de dólares a socios de Repsol por la expropiación de YPF.
Pallas Partners es otro de los despachos con experiencia en litigios de inversores, y en el caso de Credit Suisse también ha planteado varias demandas dentro y fuera de Suiza. “Esta sentencia supone un paso crucial para poner fin a un prolongado periodo de incertidumbre para nuestros clientes, que han esperado demasiado tiempo para que se hiciera justicia”, explica Natasha Harrison, fundadora y socia directora de la firma. “El tribunal ha aclarado las cosas y allana el camino para que nuestros clientes reciban finalmente la reparación que merecen. Esperamos ahora colaborar con el Estado suizo y otras partes que deben actuar con rapidez para resolver este asunto y ofrecer un cierre largamente esperado a los afectados”, concluye. Los inversores han pasado de pantalla y buscan ya la fase de negociación.