En una nueva muestra de rechazo a Benjamín Netanyahu, la noticia del asesinato perpetrado por Hamás de seis de los rehenes israelíes secuestrados el pasado 7 de octubre fue el detonante de una huelga general celebrada el lunes en Israel contra la devastadora estrategia que el primer ministro lleva a cabo desde entonces contra Gaza, que ha producido la muerte de más de 40.000 palestinos sin conseguir el retorno de todos los rehenes que aún están en manos de la milicia islamista.
El seguimiento de la convocatoria fue desigual y esta quedó anulada a las pocas horas de comenzar por un tribunal que consideró que la auténtica razón del paro, convocado por el principal sindicato del país, era política y no la esgrimida al pedir que se autorizara: la exigencia a Netanyahu de una negociación para la liberación de los rehenes. La decisión judicial es cuestionable porque en Israel es imposible separar el rechazo al líder del Likud de la crítica a su desproporcionada ofensiva en la Franja, que ha sumido al país en un estado de guerra permanente, con miles de ciudadanos israelíes desplazados en el norte por los intercambios de fuego con Hezbolá, bombardeos desde Yemen por los aliados de Irán y una crítica internacional casi unánime por las violaciones de los derechos humanos en Gaza y Cisjordania.
Hay que recordar que las masivas protestas contra Benjamín Netanyahu —procesado por corrupción y abuso de poder y cuya inmunidad actual se apoya solo en que ocupa el cargo de primer ministro— se venían produciendo semanalmente antes del atroz ataque de Hamás en octubre. Es precisamente la guerra la que le ha permitido no solo desviar la atención sobre su gestión, sino también recuperar popularidad en las encuestas. A Netanyahu le conviene la guerra, pero no a sus conciudadanos, muchos de los cuales exigen un alto el fuego inmediato.
El mandatario israelí permanece impasible ante las protestas internas y ante cualquier gesto de presión de sus aliados exteriores. El anuncio de Reino Unido de que considera la suspensión del envío de armas no pasa de ser una declaración. Tras la previsible reacción hiperbólica de Netanyahu, la administración laborista se ha apresurado a aclarar que la medida —que afectaría a 30 licencias de exportación— no debilita la seguridad de Israel, es decir, su capacidad militar. Es un caso similar al embargo parcial de bombas decretado por EE UU antes del verano y que no ha tenido consecuencia alguna sobre el terreno. Así, el Gobierno israelí sigue haciendo oídos sordos, los civiles palestinos muriendo bajo sus bombardeos indiscriminados y el calendario acercándose al primer año de infierno en Gaza.
