La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Navalcarnero apunta a la “existencia de indicios suficientes de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, por parte de la investigada Ana Belén Millán Arroyo” en un auto referente a la número tres de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid, al que ha accedido EL PAÍS. El caso que afecta a la también vicepresidenta de la Asamblea busca esclarecer si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló, y que el empresario pagara la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Millán mientras era la edil al frente de esa cartera.
La investigación está desde junio en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al ser Millán aforada en tanto que diputada regional. Tras un recurso de la Fiscalía, el juzgado de Navalcarnero elevará ahora una exposición razonada sobre la investigación para que el órgano superior “pueda valorar su competencia en relación a la instrucción y enjuiciamiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones”.
En este punto, la jueza apunta que al inhibirse en favor del TSJM por ser Millán aforada, cumplió con su deber de señalar los “indicios razonados de los delitos expuestos”, si bien, reconoce, “no en la forma adecuada”. De ahí que ahora asuma el trabajo de elevar la exposición razonada. En ella, previsiblemente, recogerá los argumentos que llevan a que la jueza instructora, en un auto fechado el 14 de octubre, se exprese con claridad meridiana. “Los indicios, en este momento de la causa, son sólidos y suficientemente justificados frente a una investigada que por el cargo que ostenta actualmente se encuentra aforada”, se explicita en el escrito.
El caso que afecta a Millán trata de descubrir si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló, y el pago de la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Ana Millán, por entonces edil al frente de esa cartera, y ahora vicepresidenta de la Asamblea y número tres del PP de Ayuso. En junio, el Juzgado de Instrucción número seis de Navalcarnero (Madrid) se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pues Millán está aforada. En esa ocasión, se dejó por escrito que la dirigente conservadora y el empresario “pueden ser autores de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública” dentro de esta causa abierta en 2020.
La hoy diputada defiende que los 51.104,67 euros que recibió de la empresa y el empresario, según documentación judicial, eran simplemente el pago por el alquiler de su vivienda a favor de Roselló, que además habría realquilado el inmueble. Tanto la hermana como la pareja de Millán recibieron pagos de empresas vinculadas al empresario (88.642,42 euros y 37.578,04, respectivamente), y en concepto de rendimientos del trabajo y actividades económicas, según la documentación del juzgado. Además, en las cuentas de Millán “se localizaron numerosos ingresos en efectivo [por valor de 42.650,00 euros] de origen desconocido con inicio también en 2008″, el mismo año en el que habrían empezado los pagos de Rosell y sus empresas por el alquiler y los servicios de la pareja y hermana de la política.
“Todo lo relacionado con Grupo Educativo [una de las empresas de Roselló] lo llevaba personalmente Ana Millán”, declaró como testigo una auxiliar administrativa del Ayuntamiento que trabajaba estrechamente con la edil. “Ana Millán despachaba a solas con su director, Francisco Roselló, cerrándose en su despacho”, describió según transcribe la Guardia Civil, a lo que la testigo recalca que no estuvo presente en ninguna de esas reuniones, cuando sí participaba en las que se producían con otras empresas; y que Millán “la apartó, no dejándola intervenir”. E insistió: “Cuando iba gente de Grupo Educativo a su concejalía, se encerraban en el despacho de Ana Millán”.
Para los investigadores, que recuerdan que todas y cada una de sus conclusiones deben ser entendidas en términos de presunción, quedó demostrada la participación “activa” de la hoy diputada en las contrataciones, según documentación judicial. Millán, sin embargo, defiende su inocencia, y el PP la apoya sin fisuras.
