De la actividad del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como abogado del Estado, se sabe que sacó adelante una de las oposiciones más duras de España, donde la posibilidad de éxito es de menos del 5%. Después de años de estudio, Almeida terminó en el puesto de 17 de una terna de 200 aspirantes en la que solo aprobaron 35. Sin embargo, si en lugar de trabajar para el Estado, como abogado primero y como alcalde de Madrid después, tuviera que buscarse las habichuelas como abogado particular, muy pocos contratarían sus servicios. En sus seis años al frente del palacio de Cibeles, el balance legal de Almeida es un rosario de sonadas derrotas a la que esta semana añade una muesca más: los estacionamientos del Bernabéu.
Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la sentencia que había tumbado en 2024 los dos nuevos parkings bajo Padre Damián y el Paseo de la Castellana por falta de “interés público”, entre otras razones. El Ayuntamiento perdió en un juzgado de lo contencioso-administrativo el permiso para su construcción, pero siguió adelante con la obra. Volvió a perder después en el TSJM y ahora estudia si recurrir al Supremo, aunque su equipo jurídico ya le ha advertido que “tiene difícil viabilidad”, confesó el martes el propio alcalde.
Desde que en junio de 2019 Almeida llegó al poder, los juzgados encadenan sentencias en contra de sus decisiones. El TSJM se ha pronunciado en contra de la Zona de bajas emisiones (ZBE), de sus planes de construcción en las cocheras del Metro, de la ordenanza de terrazas que prohíbe colocar estufas o de las cocinas fantasma que operaban con licencia municipal y que la justicia obligó a parar. En la misma línea, primero el TSJM y después el Supremo dijeron al Ayuntamiento que no era legal el desalojo del centro social La Ingobernable, pero, aun sabiéndolo, lo ejecutó en noviembre de 2019.
Uno de esos casos que explican la forma de operar de Almeida tiene que ver con las cocheras del Metro, donde estaba prevista la construcción de más de 400 viviendas. Situadas al Norte de Chamberí, el escándalo comenzó en 2014, antes de la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía, cuando las cocheras del Metro de Madrid en Cuatro Caminos fueron vendidas a 443 cooperativistas que planteaba destruir las instalaciones diseñadas por Antonio Palacios en 1918 para levantar un gran rascacielos de más de 100 metros de altura. Un monstruo que algunos medios calificaron como la “horrotorre”.
En 2021, Almeida recuperó el proyecto y autorizó el derribo de las cocheras, aunque ya había una sentencia en contra del TSJM que había declarado ilegal el proyecto de 2014. En 2025 el Ayuntamiento aprobó su convenio de modificación urbanística con una megatorre llamada Metropolitan, pero el TSJM volvió a tumbarlo por cuestiones técnicas. Así que finalmente, 2025 terminará con un enorme solar cerca del centro de la ciudad en el que ni hay rascacielos ni cocheras.
Según los juristas consultados por este periódico, esta forma de operar del Ayuntamiento sigue una estrategia. “Por un lado, saben que para una asociación de vecinos —como es el caso del Bernabéu, las cocheras del Metro o La Ingobernable— es muy caro sostener en el tiempo una lucha judicial así. Y por otro, el Ayuntamiento sabe que es muy difícil que se pueda ejecutar la demolición del estacionamiento y el túnel. Aún queda una instancia superior y al tratarse de temas relacionados con el medio ambiente podría terminar en la justicia europea”, dice un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. “El 85% de las sentencias del Supremo son imposibles de ejecutar”, añade.
Para los expertos, la estrategia se complica si se demuestra que la actuación del Ayuntamiento fue en contra de los informes técnicos propios, en cuyo caso podría darse la prevaricación. Es el caso de los parkings del Bernabéu, que se pusieron en marcha después de conocerse que había informes técnicos que desaconsejaban su construcción. Esa es la teoría de Enrique Martínez de Azagra, presidente de la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu, para quien lo que ha hecho el Ayuntamiento “ha sido una grosera vulneración de la ley” que raya, según él, “en una prevaricación de libro”.
La estrategia de hechos consumados del alcalde no solo deja en un limbo importantes decisiones sobre el funcionamiento de la ciudad, sino que también deja en el limbo un pellizco significativo de los ingresos de la capital. El Real Madrid y el Ayuntamiento tienen un acuerdo firmado para la explotación de dos estacionamientos y un túnel que hoy por hoy son ilegales, y por los que el club blanco aspiraba a ganar más de 500 millones de euros en los próximos 40 años. “En el caso de que hubiera sentencia firme algún día, el Real Madrid y el Ayuntamiento comenzarían una eterna controversia en el que podría haber terceras partes implicadas, por lo que el proceso legal duraría muchos años”, añade el catedrático de Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo.
Más incertidumbre aún supone el antiguo Madrid Central de Carmena. El TSJM anuló las zonas de Bajas Emisiones, renombradas así por Almeida, al encontrarse deficiencias en la explicación del impacto económico que las ZBE causan. “No existe ni un estudio, ni una ponderación, ni tan siquiera una enumeración o indicación de los concretos efectos y repercusiones económicas de la medida”, señalaba la sentencia. Almeida recurrió esta decisión al Tribunal Supremo y actualmente están en el aire los casi 200 millones anuales que ingresa el Ayuntamiento en concepto de multas, un 70% de ellas debido a las ZBE y que tendría que devolver. Una cantidad que supone el 2,4% del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, de casi 6.000 millones de euros en el año 2024, y que quedan pendientes de un tribunal. La estrategia anunciada por el consistorio será redactar una nueva ordenanza de Movilidad que invalide la anterior y sortee la derrota de Almeida en los tribunales.
Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento le dice a este periódico: “Desde luego, como abogado del Estado, Almeida no tiene precio. Es difícil acumular tantos reveses judiciales, tantas sentencias contrarias, desde que es alcalde”. Y continúa: “Nunca habíamos visto en el Ayuntamiento un alcalde, y encima abogado del Estado, metiendo la pata hasta el fondo y trabajando en contra de lo que dicen las leyes. Trabajando a favor de intereses privados, como en el caso de los ‘macro aparcamientos’ del Bernabéu, en vez de defender los intereses públicos y velar por los vecinos y vecinas”.