La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que atribuye a CVC 13 delitos contra la Hacienda Pública y otros cuatro a su máximo directivo en España, Javier de Jaime, se dirige también contra otras siete personas que presuntamente participaron o tuvieron conocimiento de la venta de IDCSalud (Quirón) a Helios Healthcare (del grupo alemán Fresenius). Entre ellos, la denuncia incluye al que entonces era el responsable del área de salud, Iñaki Cobo, y que actualmente es el máximo responsable en España de KKR, unos de los principales fondos de capital riesgo del mundo. Por esta operación, la Audiencia Nacional ha abierto una causa para determinar si el fondo británico cometió un fraude fiscal de 356 millones de euros.
Así lo recoge el auto con fecha del pasado 23 de septiembre, al que tuvo acceso este periódico, por el que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía, que incluye también a altos cargos de CVC, como el director financiero del fondo, Frederick Inglis Watt; el socio en España Pablo Costi Ruiz o el director general en España Juan Arbide, quien por su cargo estuvo en el consejo de administración de Deoleo entre mayo de 2023 hasta marzo de 2025, cuando presentó su renuncia a formar parte del órgano de la aceitera por incompatibilidad, y que lideró con De Jaime la operación de entrada en LaLiga.
La incorporación de Cobo a KKR se dio a conocer en octubre de 2017, nueve meses después de que CVC culminara la venta de la antigua Quirón, operación valorada en más en 5.760 millones de euros, una de las mayores operaciones del sector del capital riesgo en aquel momento, pero se hizo efectivo en enero de 2018. Sin embargo, no consta que Cobo participase a título particular en dicha transacción, sino que habría intervenido como miembro del equipo de inversión del fondo.
Según detalla en currículo público, Iñaki Cobo se incorporó a la oficina de Londres de KKR en 2018 como socio, liderando el equipo del sector sanitario europeo y las operaciones regionales de KKR en España. Este ingeniero informático por la Universidad de Deusto lideró las inversiones de KKR en IVI-RMA, GeneraLife, Masmovil, Elsan, Alvic y MasterD. Actualmente forma parte del consejo de administración de IVI-RMA, Masmovil, Elsan, Alvic y MasterD. Es miembro del Comité Europeo de Inversiones de Capital Privado, del Comité Europeo de Gestión de Carteras y del Comité de Inversiones para el Crecimiento Sanitario de KKR.
En la denuncia también figuran Santiago Ramírez Larrauri, quien fuera asesor industrial de CVC hasta 2019 y presente consejero en empresas donde el fondo tenía participación como Abertis, CLH (actual Exolum), la compañía aceitera Deoleo y las papeleras Lecta y Torraspapel; y los abogados externos del despacho Garrigues en la época de los hechos, especializados en el área de fusiones y adquisiciones y asesoramiento tributario Luis Guerreiro Antolín (actual socio director de Guerreiro y Asociados) y Álvaro Manteca Rodríguez, de acuerdo a la resolución.
Por el momento, ninguna de las personas incluidas en la denuncia están investigadas formalmente. Los razonamientos jurídicos del auto (la exposición de los motivos que justifican la admisión de la iniciativa del ministerio público) señalan que en este momento procesal los delitos fiscales solo se vinculan a CVC y a De Jaime, que ya fueron sancionados por la Agencia Tributaria y que, además, planteó las primeras denuncias ante la Fiscalía, que han abocado a su judicialización.
Disminución de impuestos
Tras dos años de análisis para constatar si existen indicios que demostrarían las irregularidades penales en las declaraciones a Hacienda que el fondo británico realizó como consecuencia de la operación de IDCSalud, Anticorrupción propuso en su denuncia una serie de diligencias a practicar para esclarecer si CVC Investment Advisory Services (CVC España) disminuyó el pago del Impuesto de Renta de No Residentes (IRNR) de 2017 por, presuntamente, no tributar correctamente la ganancia patrimonial sin establecimiento permanente (por lo que le achaca la comisión de cinco delitos fiscales) y por ocultar rendimientos de capital mobiliario (lo que supondría otros cincos delitos contra la Hacienda Pública).
Asimismo, le responsabiliza de otros tres delitos por no haber retenido adecuadamente el IRPF en los ejercicios de 2016, 2017 y 2018 de un bonus especial del sector, llamado carried interest (reparto entre directivos de las ganancias del fondo), que cobró Javier de Jaime. En este sentido, la Fiscalía también advierte de la posible comisión de cuatro delitos fiscales por parte del socio director de CVC en España e Italia por tributar dicho plus como rentas del capital (que hasta 2022 tributaba a un máximo del 27%) y no como rentas del trabajo (que podían llegar casi al 50% en función de la comunidad autónoma del contribuyente) durante los ejercicios que van de 2015 a 2018, ambos inclusive.
Ahora habrá que ver si la magistrada amplía las pesquisas hacia todas las personas señaladas por la Fiscalía en su denuncia o se ciñe únicamente a CVC y De Jaime. De hecho, el auto indica que, debido a que no están determinadas “la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente (…) instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”, reza el auto.
La denuncia es un mecanismo por el que se pone en conocimiento de un juez unos hechos presuntamente delictivos para su persecución, sin la necesidad de que el denunciante participe en el proceso penal, como sí requiere la querella. La magistrada Tardón ofrece a Hacienda la posibilidad de personarse en la causa como perjudicada, a través de la Abogacía del Estado, y ejercer acciones penales, a solicitud de Anticorrupción.