El Ayuntamiento de Barcelona ha recaudado 287.000 euros tras detectar impagos del Impuesto de Actividades Turísticas (IAE) por parte de 20 empresas del ámbito de los pisos vacacionales. Se trata de actuaciones enmarcadas en el plan de regularización fiscal del sector hasta 2028. Esa regularización está impulsada por el consistorio, en colaboración con la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), según ha explicado este jueves el concejal de Hacienda, Vivienda, Economía y Turismo del ayuntamiento, Jordi Valls, durante una atención a los medios.
Los expedientes se han traducido en 47 liquidaciones del IAE a empresas que, pese a superar la facturación mínima de un millón de euros requerida para tributar, no habían pagado todo lo que les correspondía. Tras estos primeros expedientes, el consistorio ya ha iniciado procedimientos inspectores a 99 entidades que representan 1.300 viviendas de uso turístico (VUT) y a tres compañías que operan 105 apartamentos turísticos, un total de 102 empresas.
Hasta 2028, el Ayuntamiento de Barcelona prevé inspeccionar 463 empresas propietarias o explotadoras de 2.281 viviendas de uso turístico y 280 apartamentos turísticos. La principal diferencia entre estos dos tipos de viviendas es que los apartamentos turísticos están destinados exclusivamente a prestar un servicio de alojamiento a corto plazo y están integrados en edificios o conjuntos de inmuebles destinados a este uso, mientras que las VUT son viviendas que no responden a un uso estrictamente comercial, pese a ser alquiladas habitualmente.
Tres fases de actuación
El plan de regularización fiscal en el sector turístico del consistorio consta de tres fases. La primera, desarrollada a partir del tercer trimestre de 2024, consistió en cruzar datos entre agencias tributarias y la Dirección de Servicios de Inspección (DSI) para confeccionar los modelos que conformarían los procedimientos inspectores. La segunda fase, la que se está desarrollando ahora y que se extenderá hasta 2026, permitirá completar los 102 procedimientos que están en marcha y aún no resueltos.
La última parte del plan será la más contundente: durará desde el 2026 hasta el 2028 e incluirá la inspección del resto de entidades que realizan la actividad de VUT y apartamentos turísticos pero que en el ejercicio 2023 no constan como a declarantes de ninguna actividad económica o ninguna actividad relacionada con el hospedaje.