La primera jornada del juicio contra Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, por apropiarse ilegalmente de más de 300.000 euros de la colaboradora televisiva, ha comenzado este lunes 13 de octubre en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid. Durante la primera sesión, Esteban ha explicado que Sanchís, para quien la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel, y ella eran “grandísimos amigos” y que ella le “quería como parte de la familia”. Por eso llevaba sus contratos y le hacía facturas, sin que sospechara que “se quedaba con dinero”.
Ni Belén Esteban —que ha llegado acompañada de su marido— ni Toño Sanchís —que lo ha hecho con su abogado— han hecho declaraciones sobre el juicio que les enfrenta al entrar ni al salir de la sede judicial, aunque la colaboradora televisiva ha dicho a los medios que se han acercado a plaza Castilla que está “tranquila” porque era un momento esperado y ella cuenta “la verdad”.
Dentro de la sala, Esteban ha explicado que conoció en 2008 a Sanchís y que se hicieron “grandísimos amigos”. Según su testimonio, “le quería como parte de la familia” y así fue su relación durante seis años, hasta que a finales de 2015 vio que “se había quedado con dinero”, algo que “no podía creer”. Según la colaboradora televisiva, que él firmara las facturas que su empresa remitía a la del propio Sanchís le parecía “lo normal”. “Yo no sé lo que hacía con el dinero, yo confiaba al 100%”, ha dicho.
Fue al salir de un reality televisivo en 2015 cuando un allegado le dijo “aquí pasa algo” y decidió hacer una auditoría, sobre todo después de que Hacienda la inspeccionara en varias ocasiones. Al pedir los contratos y otros documentos a su representante, este no se los quiso dar y así empezó a sospechar y a recabar documentos “productora por productora”, comprobando junto a su contable que Sanchís “se llevaba el 30% o el 40%”.
A preguntas del abogado del acusado, que ha incidido en por qué se querelló contra él si no firmó personalmente el citado contrato y además ya fue condenado a entregarle una casa, Esteban ha precisado que le dejó “una hipoteca de 260.000 euros y una casa destrozada”, además de reiterar en varias ocasiones que solo firmó un contrato y que nunca lo modificó ni llegó a otro acuerdo verbal.
La actual contable de Belén Esteban ha refrendado las irregularidades que detectó en 2015, una vez conseguidos numerosos contratos y facturas, explicando que, por ejemplo, Esteban debía cobrar 100.000 euros por la presentación de un libro, de lo que únicamente cobró 65.000. A preguntas de la defensa, la contable ha explicado que en algunos contratos firmados por la Agencia de Servicios Lorant (A.S.G) está la firma de la administradora, pero en otros está la de Sanchís. El juicio, en el que el acusado ha solicitado declarar al final, continuará este martes con declaraciones de testigos.
La separación entre representante —en cuya carteta de clientes había otros famosos, como Terelu Campos, Álvaro Muñoz Escassi o Ylenia Padilla— y representada, que también mantenían una amistad, muy sonada y que ocupó varias horas de televisión, sobre todo en Sálvame, donde Esteban era colaboradora. Anteriormente, Esteban ya había hablado sobre este tema en televisión, donde contó que al recopilar facturas y documentación se encontró con que en ciertos trabajos no había cobrado nada o había recibido mucho menos de lo pactado: “Llevo años intentando recuperar lo que es mío y ha sido imposible porque dice que es insolvente, pero esto ya está en manos de mis abogados y voy a por él (…) Este no se va de este mundo sin devolverme lo que es mío”, aseguró.
El pasado viernes la Fiscalía ya anunció que pide que Sanchís sea condenado a tres años y medio de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida entre 2009 y 2015. El Ministerio Público solicita, además, que A.S.G. indemnice a la sociedad de la afectada, Bem Imaging S.L., con 339.549 euros, que es la parte obtenida ilegalmente y que Sanchís aún no habría devuelto, y a pagar una multa de 3.600 euros. Bem Imaging S.L. es una empresa administrada por Belén Esteban, según datos recabados del Registro Mercantil y como confirmaron a la agencia Efe fuentes jurídicas.
La Fiscalía relata en su escrito que el 13 de mayo de 2009 se firmó un contrato entre la perjudicada, que actuaba en nombre propio y en representación de Producciones Bem S.L. (que explotaba sus derechos de imagen), y la Agencia de Servicios Lorant S.L. (dedicada a la actividad de representación artística). El acusado era socio de esa agencia al 50%, junto con la persona que firmó ese contrato. En virtud del acuerdo, que se renovaba anualmente, la artista designaba a la citada agencia como su representante exclusivo para España y el mundo, de modo que la agencia recibía los pagos por los trabajos que hacía la clienta. Luego, la agencia pagaba a la artista, quien para ello tenía que emitir facturas a través sociedad Bem Imaging S.L., con el acuerdo de que la agencia cobraba un 20% sobre la cantidad en bruto que había recibido la clienta.
Según la Fiscalía, “por la confianza existente entre las partes”, era el acusado el que confeccionaba las facturas emitidas por la sociedad Bem Imaging, S.L. para presentarlas al cobro ante la agencia, y se aprovechó de esta situación para “obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial”. Lo hizo, detalla, aplicando una comisión superior a la del 20% estipulada en el contrato, obteniendo así ilícitamente un total de 362.248 euros, más el IVA correspondiente.
Finalizado el contrato, “y ante la negativa del acusado a rendir cuentas de su labor”, se interpuso una demanda por parte de la colaboradora de programas y participante de realities como Gran Hermano VIP, de Ben Imaging S.L. y de Producciones Bem S.L., contra la agencia de servicios Lorant, S.L., reclamando la entrega de esa cantidad. La demanda fue estimada en su integridad por sentencia de un juzgado de Torrejón de Ardoz y confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, de modo que se condenó a la agencia a pagar un total de 388.868 euros. Pero el acusado no pagó y la parte demandante solo consiguió recuperar 49.318 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la adjudicación de una vivienda en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo que “estaba gravada con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros”, detalla la Fiscalía.