El proyecto del extremismo republicano para desmantelar metódicamente los contrapesos constitucionales en Estados Unidos se anotó este viernes una victoria que otorga al presidente Donald Trump un poder del que no ha disfrutado ninguno de sus predecesores en tiempos de paz. En una decisión dividida por afinidades ideológicas, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo falló que los jueces federales no pueden bloquear cautelarmente la aplicación en todo el país de los decretos ejecutivos de la Casa Blanca. La decisión afecta a un decreto abiertamente inconstitucional: anular el derecho a la nacionalidad norteamericana por nacer en territorio de EE UU. Pero el nuevo principio constitucional decidido por el Supremo se extenderá a toda la agenda extremista de la actual Administración. En su habitual lenguaje orwelliano, un Trump eufórico calificó el fallo de “victoria monumental de la Constitución, la separación de poderes y el imperio de la ley”.
Entre el centenar de decretos que Trump firmó en sus primeros días en el cargo estaba la eliminación, con una simple firma presidencial, del derecho de ciudadanía por nacimiento, un principio establecido por la Enmienda 14 de la Constitución tras la guerra civil americana y que es indisociable de la construcción histórica de ese país a través de oleadas de inmigración. Acabar con esta provisión constitucional, que otorga la nacionalidad automática a todos los nacidos en EE UU, es una obsesión del extremismo nativista del Partido Republicano. El decreto fue denunciado y bloqueado cautelarmente por tres jueces federales, lo que impedía su aplicación práctica en todo el país. Uno de ellos escribió que era el caso de inconstitucionalidad más claro que había visto en cuatro décadas de carrera.
La estrategia del Gobierno de Trump ha sido cuestionar ante el Tribunal Supremo, último intérprete de la Constitución, la autoridad de la justicia federal para dictar medidas cautelares en todo el territorio de EE UU. Hay unos 700 jueces federales (nombrados por el presidente y confirmados por el Senado), cuya jurisdicción es independiente de la estatal o local, y que se ocupan de casos constitucionales o en los que el Gobierno federal es parte. Sus decisiones se entendían, hasta el viernes, como de nivel federal, es decir, que afectan a todo el país. Al menos 17 decretos presidenciales, la mayoría orientados a despojar de derechos a los inmigrantes, han sido bloqueados cautelarmente por jueces federales.
Al dar la razón a la Casa Blanca, el Supremo ha derribado una de las herramientas más poderosas que tenían los ciudadanos norteamericanos para desafiar el poder presidencial y que han padecido todos los presidentes, demócratas y republicanos. A partir de ahora, la decisión de un juez federal solo afecta al demandante. Es decir, aquellos que no tengan capacidad para demandar al Gobierno están desprotegidos ante cualquier abuso inconstitucional que se le ocurra a Trump, y a todos los presidentes después de él.
La arquitectura constitucional de Estados Unidos está diseñada deliberadamente para que el Ejecutivo sea el más restringido de los tres poderes del Estado. Ya no se puede decir que sea así. La decisión de la supermayoría conservadora del Supremo (con tres magistrados nombrados por el propio Trump) es la culminación de un largo proceso de erosión de los contrapesos a la presidencia. Esta victoria de Trump no es sobre sus críticos, sino sobre la separación de poderes tal como se conocía hasta ahora en EE UU.