El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un real decreto para permitir, por vez primera en España, el uso terapéutico del cannabis en hospitales para determinadas dolencias frente a las que otros fármacos se hayan mostrado ineficaces. El texto es el resultado de cuatro años de trabajo desde que se constituyese en el Congreso una subcomisión encargada de su estudio y ve la luz tras un año de consulta pública del borrador.
El decreto fija las condiciones para elaborar y utilizar fórmulas magistrales a partir del cannabis que tengan valor medicinal, siempre bajo preceptiva supervisión médica. La principal novedad respecto a propuestas anteriores es que no establece un listado cerrado de indicaciones para los usos clínicos autorizados. Estos usos quedan en manos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), junto a la normativa de elaboración, dosificación y prescripción. Los indicios científicos más sólidos de utilidad del cannabis terapéutico se limitan a un corto número de dolencias, entre ellas afecciones ligadas a la esclerosis múltiple, náuseas y vómitos por la quimioterapia o el dolor crónico que no se calma con otros medicamentos. La flexibilidad que introduce el decreto permitirá que la legislación no vaya retrasada con respecto a los avances científicos que puedan registrarse.
Si el bienestar del paciente es uno de los principios que deben guiar la actuación sanitaria, cualquier regulación que contribuya a disminuir su dolor, en especial en el caso de largos tratamientos o de enfermedades de difícil cura, debe ser saludada. Con cierto retraso, España se suma a otros países occidentales como Alemania, Reino Unido o Italia donde, con tipologías muy variables, existen desde hace años programas de cannabis curativo. Por la experiencia de otras naciones con amplia tradición en su empleo terapéutico, como Israel o Canadá, se calcula que en España podrían beneficiarse cerca de 300.000 personas.
Las estrictas y tasadas condiciones para la prescripción del cannabis —solo por especialistas hospitalarios y cuando existan razones clínicas documentadas para su empleo— deberían ser una garantía para que no se frivolice la cuestión ni se convierta en un debate político sobre un asunto tan dado a la demagogia como el de las drogas.
Pese a los intentos en los últimos años de algunas formaciones de izquierdas, lo que no se vislumbra a corto plazo es la legalización del uso recreativo del cannabis. La decisión del Gobierno puede reimpulsar la necesaria discusión que otros países desarrollados ya han abordado sobre el consumo, cultivo y venta de una sustancia normalizada en la sociedad (casi el 44% de los españoles de 15 a 64 años reconocen haberla consumido). En algún momento habrá que mirar de frente a un negocio multimillonario que fomenta prácticas mafiosas. Por ahora, este es un paso realista y con beneficios concretos.