En los primeros 10 meses de la segunda presidencia de Donald Trump, que se cumplen este lunes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha pasado por una brutal transformación, convirtiéndose en una de las agencias federales con más poder. La policía migratoria ha multiplicado su presupuesto significativamente en comparación con el de 2024 y está llevando a cabo una contratación masiva de agentes, a la vez que ha ampliado significativamente sus acuerdos de colaboración con cuerpos policiales estatales y locales, ha habilitado nuevos centros de detención y ha lanzado redadas y operativos a gran escala en algunas de las principales ciudades del país. Todo con el fin de cumplir con la promesa de campaña de Trump: ejecutar la “mayor deportación de la historia”.
La expansión del ICE ha sido posible, en gran parte, gracias a la reforma fiscal del presidente aprobada en julio pasado. Bajo la llamada “gran y hermosa” ley del republicano, se asignaron 170.700 millones de dólares para la implementación de proyectos y leyes migratorias durante los próximos cuatro años. El ICE recibirá 75.000 millones de dólares en ese periodo, de los cuales 45.000 millones se utilizarán para construir nuevos centros de detención para inmigrantes y casi 30.000 millones para reclutar más agentes e implementar los objetivos migratorios de la Administración Trump.
Para Stephen Miller, asesor de temas migratorios de la Casa Blanca, “la meta es un mínimo de 3.000 arrestos diarios por parte del ICE”, una cuota que después fue negada por funcionarios del Departamento de Justicia, pero que indica el direccionamiento de la política migratoria del actual Gobierno.
Para lograr el objetivo de detener más migrantes, el ICE cuenta hoy con unos 21.000 agentes en los 50 Estados, pero busca aumentar su plantilla en 10.000 agentes más antes de finalizar el año. Como incentivo para reclutar más oficiales, la agencia ofrece hasta 50.000 dólares como bono de ingreso a nuevos miembros, 60.000 dólares de condonación de deuda estudiantil y 10.000 dólares de bono anual. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la cifra de solicitudes ya supera las 150.000 y se han hecho 18.000 ofertas de trabajo.
Centros de detención
Además del crecimiento de la plantilla del ICE y el aumento en su financiamiento, la agencia migratoria también ha estado ampliando su red de centros de detención para migrantes durante los últimos meses. A lo largo del país, la agencia ha rehabilitado cárceles privadas previamente cerradas por sus malas condiciones para albergar migrantes detenidos a la espera de ser deportados, como hizo con Delaney Hall en Newark (Nueva Jersey) o con Deportation Depot en el antiguo Instituto Correccional de Baker, Florida.
También se han abierto nuevos y controvertidos centros, como el ya infame Alligator Alcatraz, en el medio de los humedales de los Everglades de Florida, o Camp East Montana, construido en la base militar de Fort Bliss, Texas.
Las denuncias por las pésimas condiciones dentro de estos centros se han intensificado en los primeros meses de la segunda presidencia de Trump. Organizaciones defensoras de migrantes, abogados y familiares se quejan del grave hacinamiento que se está produciendo en el interior de las instalaciones, la falta de alimentos, higiene o atención médica suficientes, y los problemas a los que se enfrentan cuando intentan visitar o hablar con los detenidos.
Además, a estos los están trasladando constantemente de centros para evitar que tengan representación legal, alejándolos de sus familias y presionándolos para firmar su autodeportación, según denuncian.
La ampliación del programa 287(g)
A la vez, la Administración Trump ha reactivado el programa 287(g) que delega la autoridad migratoria a las agencias policiales estatales y locales por medio de acuerdos de cooperación. Un programa que fue inicialmente creado en 1996 como parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y al que el expresidente Joe Biden prometió poner fin, pero no lo hizo. En su lugar, el demócrata adoptó una política de no firmar nuevos acuerdos durante su mandato y rescindió algunos de los ya existentes.
Desde que Trump revivió el programa con una orden ejecutiva de enero de 2025, el número de acuerdos firmados ha ascendido a 1.034, según datos del ICE actualizados a mediados de octubre. Florida y Texas son los territorios que más acuerdos tienen, superando los 200 cada uno. Virginia, Ohio, Alabama y Pensilvania cuentan con 30 acuerdos cada uno.
Bajo estos acuerdos de cooperación, entidades estatales y locales como la Patrulla de Carreteras, alguaciles locales, Autoridad Portuaria, Policía Escolar, Policía de Aeropuertos y Policía de Parques, entre otras, pueden llevar a cabo allanamientos, detenciones, arrestos y encarcelamientos de migrantes.
Al firmar estas alianzas, el ICE paga $100.000 para vehículos nuevos, cubre el costo de los salarios y beneficios de cada agente y ofrece cubrir hasta el 25% de horas extra, entre otros costes. El ICE también financia la capacitación de los agentes locales ofreciendo cursos sobre ley migratoria, comunicación multicultural, y “cómo evitar la elaboración de perfiles raciales”.
Sin embargo, para John Cano, de la organización Legal Aid Justice Center, el programa fue suspendido durante administraciones anteriores precisamente por perfilamiento racial y porque “hacen a la comunidad menos segura porque al redirigir los recursos para implementar la ley migratoria, se pierde el foco en lo que está pasando a nivel local, como accidentes de tráfico u otros crímenes”. “Además, crece la desconfianza en los cuerpos policiales porque los migrantes y ciudadanos pensarán dos veces antes de contactar a la policía por miedo a ser arrestados”, añade.
La empresa privada, eje en la expansión del ICE
El Gobierno destina miles de millones de dólares en contratos a empresas privadas para la detención y deportación de migrantes. El transporte de prisioneros está a cargo de empresas como Trailboss Enterprises y Hallmark Aviation; la vigilancia y el seguimiento, de compañías como Palantir; y la alimentación y atención médica de las personas detenidas, de Aramark y Corizon Health, entre otras.
“Más del 90% de las personas en detención migratoria están retenidas en instalaciones operadas por empresas privadas, y en gran parte son dos compañías —GEO Group y CoreCivic— las principales beneficiarias”, afirma Jesse Franzblau, director asociado del Centro de Justicia Nacional del Migrante (NIJC). “Las prisiones reciben una cantidad fija por día por cada migrante que están encarcelando. Esa cifra varía entre aproximadamente 80 o 90 dólares hasta más de 250 dólares en algunos casos”, agrega.
Se trata de empresas con potenciales conflictos de interés con altos oficiales de la Casa Blanca, entre ellos Tom Homan, actual zar de la frontera, quien prestó servicios de consultoría a GEO Group antes de incorporarse al segundo Gobierno de Trump y recibió contratos por montos no especificados, según varias investigaciones periodísticas. De hecho, desde que Homan asumió su cargo, el Departamento de Seguridad Nacional otorgó a GEO Group numerosos contratos, entre ellos uno por 15 años, valorado en 1.000 millones de dólares, para prestar servicios de apoyo en la construcción de Delaney Hall en Newark.