El próximo 5 de septiembre tendrá lugar en el Tribunal Supremo el acto que dará inicio al nuevo curso judicial, que durará hasta el 31 de julio de 2026. La agenda de tribunales para las empresas estará marcada por las causas nuevas que se abran, pero también por los mediáticos casos de corrupción ya iniciados, como la investigación al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro o los amaños de contratos públicos en el Ministerio de Transportes que han salpicado a Acciona; junto a ellas, hay otras causas más puramente empresariales como el recurso presentado por el BBVA contra el Gobierno por las condiciones impuestas a su opa sobre el Banco Sabadell.
La irrupción del caso Montoro a mediados de julio hará que muchas de las miradas se posen sobre el juzgado de Tarragona que lleva investigando desde 2017 (y desde 2018 bajo secreto de sumario) al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a Equipo Económico, el despacho de asesoría que montó en 2006 (bajo el nombre de Montoro y Asociados), y del que se desvinculó, al menos sobre el papel, dos años más tarde. Las pesquisas se centran en si esta firma traspasó los límites del lobby a la hora de influir en determinados proyectos legislativos para beneficiar a sus clientes, entre los que figuraban conocidas empresas como Ferrovial, Abengoa o Redeia. En los próximos meses, el juez de Tarragona deberá tomar declaración a los imputados por este caso, entre los que se encuentra el extitular de Hacienda y los socios del despacho de asesoría fiscal, que, a su vez, eran antiguos cargos del Ministerio y de la Agencia Tributaria durante las etapas de Montoro en el Gobierno.
En Madrid, y más concretamente en la Audiencia Nacional, continúan históricas causas judiciales, algunas de las cuales ya están encarriladas hacia la celebración del juicio. Es el caso del caso Banco Popular, en el que están acusados el expresidente de la entidad desaparecida Ángel Ron y 12 exdirectivos por presuntamente engañar a los inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2016 con información que “no reflejaba la imagen fiel” del banco. En el banquillo de los acusados también se sentarán la auditora PwC (como persona jurídica) y los dos de sus socios, que revisaron las cuentas del banco. Aún no hay fecha para la vista oral.
Otros de los casos habituales es la macrocausa sobre los espionajes del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Este caso afectó a cuatro empresas del Ibex 35 que contrataron los servicios que realizó bajo su empresa Cenyt. Repsol y CaixaBank estuvieron un tiempo investigados pero no llegaron a ser juzgados. La vista oral se dirigió únicamente contra los exjefes de seguridad de ambas compañías (además del propio Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo), que finalmente resultaron absueltos. Similar recorrido tiene la línea de investigación que salpicó a Iberdrola, o mejor dicho a su filial de energía renovables, por el que, a nivel corporativo, solo llegará a ponerse delante del tribunal el exdirector de seguridad corporativa; pero, de momento, tampoco hay fecha prevista para el juicio.
BBVA, entre Villarejo y la opa al Sabadell
La atención estará puesta en qué pasa con el BBVA. Aunque el banco que preside Carlos Torres arrastra el caso Villarejo desde 2019, la decisión de si va a juicio por hacer determinados encargos al expolicía entre 2004 y 2017, llega en un momento clave para la entidad vasca: en plena recta final de la opa al Banco Sabadell. La Fiscalía Anticorrupción, con la que el banco ha protagonizado más de un choque jurídico, pidió que sentaran a la empresa en el banquillo, y así lo hizo el juez instructor hace más de un año, cuando propuso llevar al banco a juicio junto a su expresidente Francisco González y varios antiguos directivos. El BBVA recurrió hace un año y está, desde entonces, pendiente de que la Sala de lo Penal decida su futuro procesal, es decir, si finalmente será la única compañía del selectivo español que será juzgada o se libra como sus compañeras de parqué.
Precisamente la oferta de adquisición es otro de los frentes judiciales abiertos. Por un lado, el BBVA recurrió a mediados de julio ante el Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros, por el que impuso una serie de restricciones para poder llevar a cabo una eventual fusión con el banco catalán. La entidad vasca considera que el Ejecutivo solo podía mantener o mejorar las condiciones que previamente había fijado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, en ningún caso, endurecerlos como hizo, al imponer la obligación de mantener la gestión independiente de ambas entidades y la prohibición de despido y cierre de oficinas durante tres años, ampliables a cinco. Asimismo, la Audiencia Nacional tiene una causa abierta para aclarar si la consulta pública que el Ministerio de Economía llevó a cabo con el objetivo de analizar la operación cumplía los requisitos de interés general, después de que un despacho de abogados denunciara su ilegalidad.
No tan histórico, pero tampoco nuevo, es el caso Koldo, caso Ábalos o caso Cerdán, bautizado con todos estos nombres por sus protagonistas. El traslado de parte de las pesquisas desde la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo para investigar al exministro de Transportes José Luis Ábalos ya hizo que la causa ganara más peso del que tenía, pero un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al alto tribunal provocó, en junio, la dimisión de entonces ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su imputación. Lo que comenzó con una investigación sobre irregularidades de contratos para el suministro de mascarillas en plena pandemia a cambio de sobornos en el Ministerio de Transportes, en los que los principales investigados eran el empresario Víctor Aldama y el exasesor de Ábalos, Koldo García, ha escalado hasta convertirse en una trama de amaño de contratos públicos que ha salpicado de lleno a empresas como Acciona, que ha ordenado una investigación interna para demostrar que desconocía el pago de mordidas al exministro.
Pero además de las típicas causas de corrupción, la Audiencia Nacional tiene que decidir si mantiene las pesquisas abiertas para aclarar si el apagón del pasado 28 de abril fue consecuencia de un sabotaje informático, pese a que el Gobierno lo descartase. Iberdrola ha conseguido personarse en esta investigación con el objetivo de tener más información, poder ejercer las acciones civiles y penales derivadas del “cero eléctrico”, y dar la batalla correspondiente al Ejecutivo, después de que el informe que elaboró el comité de expertos creados ad hoc achacara la responsabilidad del suceso a las propias energéticas y al operador del sistema, Red Eléctrica. De hecho, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la formación de dicho grupo.
La doble batalla entre Gotham y Grifols
Por otro lado, continúan las pesquisas para esclarecer si el bajista Gotham City cometió un delito contra el mercado y los consumidores al lanzar al mercado supuesta “información sesgada y engañosa” sobre Grifols. La firma estadounidense acusó en enero de 2024 a la farmacéutica española de maquillar sus cuentas, lo que provocó su desplome en Bolsa. El juez de la Audiencia que dirige esta investigación requirió numerosa documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Incluso tomó declaración como testigo a los responsables de informes sobre lo que ocurrió, así como al expresidente del organismo Rodrigo Buenaventura. Pero este no es el único procedimiento por estos hechos. La empresa de hemoderivados presentó una denuncia contra Gotham en los tribunales de Nueva York para reclamar una indemnización por daños y perjuicios, que se resolverá en 2027 en un juicio con jurado popular, después de dejar la demanda viva por solo uno de los argumentos que planteó Grifols.
Asimismo, en Estados Unidos, en concreto en el estado de Georgia, se dirime el pleito entre Ferrovial y Acciona por supuesto “robo de secretos comerciales”. La firma dirigida por Rafael del Pino acusa a su competencia de haber conseguido parte de su información confidencial a través del varios de sus antiguos directivos (contra los que también se dirige la causa) que fueron fichados por la constructora de la familia Entrecanales. Este proceso está en un momento incipiente en el que ambas compañías han presentado sus alegaciones antes de que la jueza decida si abre una investigación o archiva, parcial o íntegramente, la demanda.