La compra de Talgo por el consorcio vasco que lidera Sidenor se alarga y parece que no habrá cierre de la operación hasta después del verano, en el mejor de los escenarios. Sin embargo, el equipo encabezado por la siderúrgica ha dado otro paso más para lograr que la adquisición llegue a buen puerto. El grupo está dispuesto a aportar financiación extra de 75 millones, siempre que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sume una cantidad similar y así ofrecer una vía crediticia de 150 millones que facilite la renegociación de mejores condiciones para la deuda de 400 millones que arrastra Talgo. La fórmula adicional planteada es la de ofrecer esos 150 millones como préstamo participativo, convertible a medio plazo en acciones de Talgo.
Además del pasivo, el fabricante de trenes arrastra otro lastre, en este caso de 116 millones por la penalización en los retrasos en la entrega de una flota de unidades a Renfe. El presidente de Talgo, Carlos de Palacio Oriol, remitió una carta a su homónimo en Renfe para renegociar esa multa, reclamando condiciones similares a las que el operador público pactó con otros grupos del sector. De Palacio Oriol se refirió expresamente a CAF, Alstom y Stadler.
La operación hace tiempo que saltó al ámbito político. Esta semana, el PNV reclamaba al Gobierno de Pedro Sánchez que dejara de obstaculizar la compra de Talgo. En este sentido, el próximo 15 de julio, el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales mantendrán una reunión en Madrid que pudiera impulsar la operación. El gabinete de Sánchez siempre ha apoyado la opción de un socio nacional para Talgo, desestimando las ofertas que llegaban de otros grupos del sector ferroviario de Hungría e India. En el caso de la propuesta europea incluso la vetó explícitamente mediante decisión de Consejo de Ministros.
El encuentro de Madrid estaba acordado en principio para negociar la transferencia a Euskadi de un primer paquete de gestión de la Seguridad Social, pero tras las quejas lanzadas por dirigentes nacionalistas durante las últimas semanas, el futuro de Talgo también parece que entrará en el orden del día. No en vano, y además de la nueva propuesta de financiación extra de 75 millones, el Gobierno vasco ya había comprometido una aportación de 45 millones al consorcio vasco que opta por Talgo.
Otros 45 millones proceden de Sidenor. Su presidente, José Antonio Jainaga, que pilota la operación, quiere tener muy claro en qué condiciones quedan tanto la deuda como la multa de Renfe, antes de afrontar el tramo final por la compra de la empresa. BBK desembolsa otros 45 millones, además de los 20 millones de Vital. Estas dos fundaciones son accionistas de Kutxabank. La primera participa en el capital de CAF, otra gran empresa española de construcción ferroviaria, que no ha querido vincularse en ningún momento la operación por Talgo de manera directa.
En total, el consorcio vasco ofrece 155 millones por el 29,7% de los títulos del fabricante ferroviario, ahora en manos del fondo Trilantic. En Euskadi tienen claro que Talgo es clave para la economía de la comunidad autónoma. En Rivabellosa (Álava) tiene su mayor fábrica, con 700 trabajadores y una importante carga de contratación con proveedores de la zona. Otro centro, con 500 empleados, está ubicado en Las Rozas (Madrid), donde tiene su sede social, que se trasladaría a Álava si se cierra la operación de adquisición de la compañía.