El debate ni se pudo celebrar. Pero, casi dos semanas después, aún se habla de ello. Y lo que queda. El martes 7 de octubre el Congreso rechazó la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para retirarle la protección cultural nacional a la tauromaquia. Es decir, los diputados prefirieron tumbar el asunto sin discutirlo siquiera, con la abstención decisiva del principal partido de Gobierno, el PSOE. Y, de paso, hicieron oídos sordos a 664.777 voces ciudadanas, tantas como las firmas que avalaban la propuesta. En la sede de la democracia, la conversación sobre las corridas de toros fue vetada. Ni el Parlamento, sin embargo, puede impedir que continúe en la calle.
Toda una alegría para la derecha y el sector taurino, que ha salido reforzado de una encrucijada crítica. “Hemos pasado de estar proscritos por casi todos a ir con más ilusión”, resume Sabino Gutiérrez Bañares, expresidente del club taurino Cocherito de Bilbao, el más importante de España. “¿Quiénes son ellos para decidir qué es cultura y qué no es? El animalismo quiere la cancelación de todo lo que no les guste», ataca Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Su alivio se mezcla con la indignación de la Comisión Promotora de la ILP, que vio ninguneado en una tarde el esfuerzo de meses y denuncia la “traición” de los socialistas; o con la promesa del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, de no “perdonar” lo sucedido y resucitar la iniciativa. Hasta el presidente, Pedro Sánchez, se vio obligado a intervenir: reconoció la semana pasada en una entrevista que “no es un tema resuelto en el PSOE”.
En realidad, confirmó una evidencia. O, más bien, dos: también queda claro que el asunto se antoja complejo y enredado. Toca a Goya y Lorca, al raciocinio y las entrañas. Donde unos denuncian crueldad, vergüenza y subvenciones infladas, otros ven épica, orgullo identitario y resistencia. El domingo 12 de octubre, pocos días después de la votación de la ILP, el torero José Antonio Morante de la Puebla dedicó su inesperada retirada de los ruedos a Santiago Abascal, líder de la formación extremista Vox: “Por todo lo que haces por nosotros. Viva España”. El bando animalista va ganando fuerza: el 77% de la población rechaza las corridas de toros, según un informe publicado en febrero por la Fundación BBVA. Perdió, aun así, ante otro movimiento al alza: la presunta defensa del alma española.
Juan Antonio Carrillo Donaire se aventura por un terreno menos explorado: el que está entre las dos trincheras. Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla y aficionado a los espectáculos, matiza: “Lo peor que le ha pasado a la fiesta es ese escoramiento hacia posiciones políticas enfrentadas. Desde el propio mundo taurino hay un enfoque pernicioso. La estrategia de protección es errónea: no creo que sea patrimonio nacional, sino una manifestación cultural concreta arraigada en ciertos territorios. No hay identificación en un cántabro o un gallego, que puede vivir todo esto incluso como una agresión”.
La Encuesta de Hábitos y Prácticas publicada el 8 de octubre por el Ministerio de Cultura aporta cifras a este argumento. La asistencia al menos una vez al año a espectáculos taurinos sigue en el 8% ―un 5,9% a corridas de toros, novillos o rejones―, igual que antes de la pandemia. Se dispara, sin embargo, al 30% en Navarra o La Rioja. Y las franjas de edad más aficionadas se encuentran entre 45 y 64 años y, sobre todo, entre 15 y 24. Pese a que el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU recomendó a España prohibir la asistencia a menores de 18, el acceso se sigue permitiendo a partir de 14 años.
La tauromaquia resulta la actividad cultural que más rechazo genera: un 68% afirma que le interesa entre 0 y 2, un porcentaje que supera el 80% en Cataluña, Galicia o Canarias. Aunque, en el extremo opuesto, el fragmento de población que le otorga un interés máximo es el 6,4% a nivel nacional, pero casi el doble en Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura. Algo parecido ocurre con los festejos: en 2023 hubo 1.474, más que antes de la pandemia. La aplastante mayoría, eso sí, se concentró entre Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. “Es minoritaria, pero existe, y donde tiene arraigo tampoco es tan minoritaria”, apunta Gutiérrez Bañares. Por eso la abstención del PSOE también se ha explicado en clave regional: por el temor al coste que habría supuesto en las elecciones de 2026 en Andalucía un sí a la ILP. Y eso que solo se votaba la toma en consideración: a la iniciativa le hubiese quedado por delante un recorrido parlamentario incierto, difícil y contra reloj.
Pese a tanta diversidad geográfica, hace 12 años, el entonces Gobierno conservador del PP prefirió blindar la tauromaquia a nivel estatal ―con otra sonada abstención del PSOE― a través de la ley 18/2013, aún en vigor. Establece que “forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional”. Y que “los poderes públicos garantizarán su conservación y promoverán su enriquecimiento”. La ILP recién descartada pretendía derogar esa normativa, por un doble motivo: el maltrato animal y la devolución de competencias a las comunidades autónomas. Su idea era que cada poder local decida si quiere prohibir, mantener o fomentar las corridas de toros. “Creo que va a ser el punto de llegada a la larga”, agrega Carillo Donaire.
Aïda Gascón, miembro de la Comisión Promotora de la ILP, promete seguir luchando por ello. Tienen agendadas reuniones con Sumar y otros partidos que les apoyaron, para estudiar los próximos pasos. “Los primeros días fueron duros. Nos sentimos decepcionados y traicionados por el PSOE. Y por el funcionamiento de la política: muchas ILP ni siquiera llegan al debate, tampoco una tan respaldada como la nuestra. Es un insulto a la ciudadanía. Además, por ley se compensan los gastos del proceso hasta 300.000 euros, que es lo que les va a costar al Congreso y a todos, sin que se haya ni tramitado”, lamenta. De las 154 ILP presentadas desde 1984, solo dos fueron avaladas por el Congreso, con modificaciones, y otras dos quedaron incorporadas en otras normas. Precisamente la ley 18/2013, de protección del toreo, vino impulsada por otra iniciativa popular, que puso en marcha la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña en 2012.
Dos años antes, Cataluña había abolido las corridas de toros en su territorio ―ahí los socialistas se dividieron: tres a favor de la prohibición, 32 en contra―. La medida, sin embargo, fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2016, porque entretanto el Gobierno del PP había aprobado justamente la ley que reconocía protección nacional a la tauromaquia. Y la corte negó su visto bueno también cuando Baleares ―con el impulso a favor del PSOE― modificó los espectáculos en 2017, para evitar la muerte del animal: no se podían cambiar las características centrales de un fenómeno blindado por el Estado.
De ahí que empezara a brotar el movimiento para derogar la ley 18/2013, naufragado ahora ante el primer escollo parlamentario. Pese al respaldo de toda la izquierda, y del nacionalismo vasco, catalán y gallego. Y con el rechazo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, motivado entre otras cosas por la fiesta de los sanfermines. “Lo consideramos una censura, la tauromaquia no tiene ideología. Más de un 60% de los municipios, de todos los colores políticos, desarrolla festejos”, declaraba antes de la votación María Soledad Cruz Guzmán García, portavoz popular contra de la ILP. El único partido dividido, así, resultó ser el PSOE. Pudo dejar libertad de voto. En su lugar, optó por un “ni”.
Sánchez lo motivó así: “Hay militantes que están a favor, otros que están en contra, como la sociedad española”. Y recordó que su Ejecutivo reforzó por ley la protección legal a los animales, lo que, por otro lado, deja a los toros como llamativa excepción. El partido minoritario del Gobierno, Sumar, siempre lo tuvo más claro: su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, canceló el año pasado el Premio Nacional de Tauromaquia, que se entregaba desde 2013, con dotación de 30.000 euros. Y Nahuel González, portavoz de Sumar en este ámbito, sostiene ahora: “El brutal bloqueo del PSOE está teniendo una repercusión mediática enorme, hasta el punto de que el propio presidente se ha visto obligado —de forma torpe y a la defensiva— a intentar justificar lo injustificable. Entre los socialistas percibí que la decisión no la tomaban ellos, sino barones autonómicos, Ferraz [la sede central], poderes de fuera. Esa abstención les humilló, les obligó a desdecirse públicamente de algo que su grupo parlamentario ya había apoyado. Por parte de los diputados animalistas del PSOE vi una tristeza absoluta. Este es un punto de inflexión que no vamos a perdonar”.
El filósofo José Ortega y Gasset sostuvo que era “imposible comprender” la historia de España sin conocer la del toreo. Difícil decir si la frase aún vale. Lo cierto es que supone una anomalía: Francia, donde hay mucha afición en el sur del país y algunas ferias importantes, y Portugal, donde en la mayoría de los lugares no se mata a los toros, son los otros dos países en Europa que admiten las corridas. Al otro lado del océano también quedan México o Perú, mientras que Colombia las acaba de prohibir. Ninguno, eso sí, las vive como España. Por eso Carrillo Donaire invita a mirar hacia el exterior: “En Francia ves a alcaldes comunistas yendo a los toros. No hay politización porque el punto de partida es otro, se protegen desde el derecho de las minorías, frente a un sentimiento mayoritario contrario. Está claro que hoy la cultura dominante es el animalismo. Pero, para una persona que se ha criado en ese mundo, abolirlo significa atacar a sus creencias”.
En el Congreso, a falta del debate, las intervenciones previas a la votación ofrecieron más pistas. Unos citaron a Benito Pérez Galdós, Clara Campoamor o la carta en la que la antropóloga Jane Goodall escribió: “Si fuera un toro no querría formar parte de este espectáculo”. Otros movilizaron a Picasso, Goya, Hemingway o una de las frases más citadas de García Lorca, sobre la tauromaquia como “la fiesta más culta del mundo”. Cuando González, de Sumar, afirmó desde la tribuna que “el llamado toro bravo no es una especie salvaje ni en peligro de extinción, sino una raza ganadera domesticada creada por el ser humano”, el diputado de Vox Joaquín Robles López le interrumpió a gritos. “El toro bravo posee un instinto natural de lucha que hace que su comportamiento sea en muchas ocasiones impredecible. Su manejo en el campo requiere de gran preparación y conocimiento. Es una raza autóctona singular, la raza de razas, y si no hubiera festejos taurinos desaparecería”, responde el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia.
En el debate parlamentario, la ganadería brilló por su ausencia. Y eso que, sin ella, no habría tauromaquia: la organización que preside Bañuelos cuenta con 342 empresas afiliadas. Y estima en España 61.800 vacas reproductoras y un censo total de la raza de lidia de 148.013 animales. “Las más de 900 ganaderías de bravo que se distribuyen entre España, Francia y Portugal ocupan más de 500.000 hectáreas y generan más de 14.000 empleos directos en la llamada España Vacía”, presume Bañuelos. Su relevancia pone a todos de acuerdo: hasta el sueño de Sumar de un país sin corridas de toros prevé un plan de transición para garantizar el trabajo de esas familias. “Los costes de producción del toro bravo oscilan entre los 5.000 y los 6.000 euros aproximados. La de lidia es la raza que dispone de mayor extensificación para el desarrollo de su crianza. El beneficio, cuando lo hay, es muy reducido. Estamos aquí por la afición y amor que tenemos al toro bravo”, reivindica Bañuelos.
De todos modos, Sabino González expresa dudas sobre los enfrentamientos políticos más vistosos: “Me da la sensación de que hay bastante incoherencia y una cierta pose hacia el exterior, o hacia el posible colectivo de votantes. En poblaciones pequeñas donde hay tradición sigue habiendo festejos taurinos y la corporación municipal a veces es de Bildu [que votó a favor de la ILP], como en Azpeitia”. Pamplona también cuenta con un alcalde del partido independentista vasco. Y, a la vez, con un indiscutible apego a la tauromaquia, como muestran cada año los encierros de San Fermín. Hoy la derecha ha forjado una alianza a golpes de respaldo público y subvenciones con la tauromaquia, que le rinde pleitesía en sus plazas. Pero hace cuatro décadas fascinaban a la Movida, de alma contracultural y progresista. Y Antoñete hizo historia del toreo desde la izquierda: por la mano que usaba, pero también por su ideología. Hace unos días, le dedicaron un monumento en la madrileña plaza de la Ventas. El encargado de desvelarlo fue Morante de la Puebla, uno de los más afines a Vox.
Ciertas visiones, sin embargo, parecen irreconciliables. “Es una forma de maltrato animal evidente, cruenta, totalmente inadmisible en la mayoría de países del mundo”, dice Aïda Gascón. Por eso González sacudió durante su intervención en el Congreso la foto de un toro ensangrentado. “Obviamente, no es maltrato. Lo es descontextualizar a un animal de su hábitat y meterlo en un piso de unos pocos metros cuadrados. Los ganaderos de bravo nos desvivimos por el toro”, contrasta Bañuelos. “Las corridas tienen una intensidad y capacidad de transmisión de emoción y belleza como ningún otro espectáculo”, apunta Sabino Gutiérrez Bañares. El expresidente del club Cocherito sí admite que hay partes mejorables: provocar menos heridas al animal durante la faena, o evitar dilatar de forma innecesaria sus últimos minutos. El debate sobre la tauromaquia, en cambio, parece destinado a durar. Y eso también, de alguna forma, habla de España.