No. No hay tregua. Aunque Isabel Díaz Ayuso no haya hecho en la mañana de miércoles declaraciones con preguntas ante los medios, sí ha hablado su consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, que ha reconocido que los servicios jurídicos regionales estudian si procede crear o no el registro de objetores al aborto que mandata la ley, y que Madrid no tiene. García Martín ha hablado tras la reunión de los consejeros con la presidenta madrileña en la segunda planta del edificio central de la Puerta del Sol. Aquí, Martín ha aprovechado los anuncios de su Ejecutivo para, antes de terminar, atacar una vez más al Gobierno de Pedro Sánchez:
—Es el peor gobierno de la historia de la democracia.
Y ha contestado también a la cuestión de cuál es la razón por la que Madrid sí ha cumplido con el mandato de crear un registro de objetores a la prestación de la eutanasia, como se puede comprobar en una web oficial desde 2021, pero rechaza crear un registro similar con el aborto, como indica la ley.
“Los servicios jurídicos lo están estudiando”, ha dicho Martín. “Cuando tengamos algo que decir, lo vamos a hacer. En cualquier caso, no nos engañemos, este registro no vale absolutamente para nada. Estamos hablando de un registro de objetores que solo pretende señalar a determinados facultativos y médicos. No vamos a hacer registros. No señalamos a mujeres por abortar y por no hacerlo. En cualquier caso, son los servicios jurídicos los que lo están analizando”.
“Todo obedece”, ha insistido, “en que hay que tapar a [José Luis] Ábalos”. El ex secretario de Organización socialista se ha negado a declarar este miércoles en el Tribunal Supremo, donde está investigado por un caso de corrupción que afecta al Ejecutivo de Sánchez.
“Se les ha caído la bandera de Palestina y el francomodín ya no funciona», ha continuado el portavoz de Ayuso. “Se han sacado un tema [en referencia al aborto], que está absolutamente superado. Cualquier mujer que quiera abortar, bajo los supuestos de la ley, lo puede hacer”.
La posición de Ayuso de rechazar el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto es un requisito de la ley de 2023, que incluso su propia Consejería de Sanidad votó a favor en una reunión con el resto de consejeros autonómicos. No es una lista negra, como dice Ayuso. Ningún ciudadano puede consultar qué médico se niega a practicar el aborto. Es más, su propia consejera dijo en público hace unos días que cumplirán con la ley. Pero Ayuso ha desautorizado a su jefa de Sanidad en dos ocasiones en los últimos días por motivos políticos.
Este nuevo enfrentamiento entre Ayuso y Sánchez nace de la polémica surgida en el Ayuntamiento de Madrid, que hace 15 días aprobó en un pleno una propuesta de Vox que hablaba del mal llamado síndrome posaborto, que no tiene ningún tipo de evidencia científica.
El Gobierno de Sánchez criticó esta decisión y envió entonces una carta a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid en la que les daba tres meses para crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto.
Tras conocerse el requerimiento, tres de esas cuatro comunidades se apresuraron en confirmar que están ya trabajando en la creación de ese registro de objetores. Todas, salvo Madrid que, según fuentes del Gobierno de la región, lo hará en los “próximos días”.
Ahí es donde se sabrá la postura oficial, aunque estas mismas fuentes aventuran que la presidenta “buscará la fórmula” para tratar de dilatar aún más la decisión. Es decir, que quizá todo apunte a un nuevo enfrentamiento judicial entre el Gobierno central y el autonómico.