Los incendios que han devastado los montes españoles este verano han evidenciado que el problema ya no está en la extinción, “eso es como dedicar el presupuesto de sanidad al forense”, dicen, sino en gestionar una masa verde que ocupa la mitad de la superficie del país y para ello se necesita dinero, sí, pero también un acuerdo político, que ahora parece imposible, por el que claman miles de propietarios de minifundios y grandes extensiones forestales que tienen algo en común: el abandono institucional. “Esto solo se corrige con medidas a largo plazo, 25 años como poco, un contrato social”, dice el presidente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), el murciano Francisco Carreño, quien lamenta los muchos lugares comunes, prejuicios e ignorancia alrededor de esta materia. La frase con la que se ridiculizaba la campaña antiincendios de los ochenta, “cuando el monte se quema, algo suyo se quema… señor conde”, le trae de cabeza a Carreño: “Que no, que esto no es cuestión de condes, ni de Mario Conde ni de la duquesa de Alba”. Lo explicará en este artículo.
De los 50,5 millones de hectáreas que mide España, casi 28 son forestales, una superficie que no ha dejado de crecer por décadas, desde las emigraciones rurales de finales del siglo XIX y principios del XX hasta las que completarían el declive de población del mundo rural en pleno franquismo. La gente marchó a Argentina o a Barcelona y dejó atrás sus propiedades, registradas o no. Esa es la razón de que muchos montes sean hoy solo el paisaje que se mira al despertar en un alojamiento turístico rural, el que atraviesan los ciclistas en días festivos y el que devora el fuego cada vez con más virulencia. Pero esas postales tienen dueño, el 72% de la superficie está en manos privadas, una legión de propietarios que se desvive por amor a la naturaleza en muchos casos y sin obtener nada a cambio de proporcionar al citadino aire puro para su esparcimiento dominguero. Son ellos, los últimos valientes de un mundo que se deshace como un azucarillo, quienes están asociándose como nunca lo hicieron para tener una voz propia que llegue hasta el Congreso, donde los políticos, merced a las llamas, prestan ahora un poco más de atención. “Hay otra mirada, parece, pero si nos van a hacer caso o no lo sabremos por los presupuestos”, dice Carreño por teléfono.
El problema, sostiene el presidente de la COSE, es económico, “porque el beneficio no está valorado, no tiene un peso en el PIB, y la desconexión entre el mundo rural y el urbano es cada vez mayor”, pero un monte bien gestionado asegura los suelos, favorece la recolección de agua, absorbe CO2 y mantiene una biodiversidad “que en el Mediterráneo es la más abundante de Europa”. Por no hablar de lo que podrían producir y sostener a la población en el mundo rural, porque “donde no hay gente, quién va a trabajar, quién va a gestionar”, se pregunta el murciano. A pesar del nulo rendimiento económico que dejan estos montes en algunos casos, en la lucha por sacarlos del abandono están todavía miles de personas, cuyos representantes se esmeran por concienciar a la clase política de que necesitan una fiscalidad especial, una normativa simplificada que no se dé de bruces con competencias dispersas y alguna oreja que les escuche. Olga González, ingeniera de Montes y gerente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle), explica cómo van de un lado para otro chocándose contra consejerías de Medio Ambiente, de Agricultura, cuando no caen en el proceder sordo de los Registros de la Propiedad o el freno que suponen, no pocas veces, las confederaciones hidrográficas. Para dar esa pelea está también la plataforma Juntos por los Bosques, integrada por colectivos diversos. “El diagnóstico está claro, pero hasta ahora nadie nos ha querido escuchar, más allá de los incendios no tenemos titulares”, se queja González.
El diagnóstico se podría resumir en una frase: no basta con destinar recursos para la extinción del fuego, nunca serán suficientes si no se dedica mayor esfuerzo a la gestión, algo que los políticos empiezan a interiorizar a la vista de que esos incendios que ahora llaman de sexta generación han revelado su cara más aterradora: no hay forma humana de apagarlos. Gestionar bien los montes no va a impedir por completo las llamas, pero sí puede reducirlas notablemente, dejar un rendimiento económico, generar empleo y frenar el éxodo poblacional. “Ahora no podemos ni gestionar la madera, porque hay que hacer caminos para llegar a ella y no tenemos ayudas. Es este país el mensaje ecologista se ha entendido durante años en una sola dirección: para conservar no hay que tocar, y es justo al revés, si queremos conservar, tenemos que tocar”, explica Carreño. Tocar es hacer talas, reorganizar el monte en explotaciones de diversas especies vegetales que actúen como cortafuegos, lo que llaman mosaicos, contar con ayudas para desbrozar y que el ganado pueda entrar a dejar las fincas practicables y abrir caminos. “En Murcia solo tenemos acceso al 20% de la masa forestal”, dice el presidente de COSE. El resto del bosque crece y crece sin orden ni concierto, el mejor pasto para las llamas.
En España, según datos de la COSE, hay cuatro veces más propietarios forestales que agricultores, pero el tratamiento que han recibido uno y otro sector ha sido bien distinto. En los años sesenta, cuenta el director de la Asociación Forestal de Soria, Pedro Medrano, “hubo toda una política de Estado para apoyar al campesinado, se inventaron soluciones innovadoras, se favoreció la concentración parcelaria para rentabilizar los cultivos, se dieron títulos de propiedad y seguridad jurídica, se diseñó un plan de caminos rurales, se invirtió en regadíos y los agentes de extensión agraria actuaron con eficacia para dinamizar el mundo rural. En lo forestal hemos alcanzado el siglo XXI pero seguimos como en los sesenta del siglo pasado”, afirma quien es una de las voces autorizadas en esta materia. De Soria partió hace décadas un movimiento asociativo para los pequeños propietarios, en proindiviso, donde pueblos enteros que habían comprado los montes con enorme esfuerzo económico tras las desamortizaciones del XIX, supieron gestionarlos rentablemente, con la madera, la apicultura, las setas, la caza y decenas de actividades que se han ido perdiendo y ahora se quieren recuperar. La actualidad aporta nuevos incentivos, como las energías limpias, la biomasa o cierta minería, un arma de doble filo que preocupa en esos campos por el interés que están mostrando algunos grupos de inversión que ya han sacado la cartera.
Las nuevas posibilidades de gestionar y rentabilizar los montes no deben anular las antiguas, recuerdan todos. “En Granada se ha puesto en marcha la explotación de una chopera de la que se extraen laminados para la construcción. Eso genera empleo, dinamiza poblaciones. Si no fuera por estas cosas…”, dice Carreño para espantar el pesimismo. Y se pregunta por qué cuando la gente pide una habitación con vistas al mar nadie se asombra de que el precio suba mientras que si se disfruta del paisaje de interior y de las águilas que vuelan se piensa que eso no es de nadie, que nadie lo está cuidando.
España es el tercer país con mayor masa forestal de Europa, tras Suecia y Finlandia. Gestionar esos montes supondría un esfuerzo presupuestario, calculan los expertos universitarios, que no pasaría de unos 3.000 euros por hectárea, mientras que apagar los incendios está saliendo a razón de 8.000 a 20.000 euros el mismo espacio. Pero las ayudas no acaban de llegar. “De las que proceden de la Política Agrícola Común, la PAC, el ámbito forestal apenas percibe un 3% y parte de ello es para pagar los dispositivos antiincendios”, se queja González. Hay otras siglas parecidas pero mucho más desconocidas, la CAP, el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, que otorga el Ministerio de Agricultura a aquellos terrenos óptimos para que entre el ganado. “Cuanto más boscoso e intrincado se presenta el monte, menos CAP se otorga y menos ayudas se reciben, justo los terrenos que más apoyo requieren, para que se claree el monte, entre el ganado y se mantenga limpio como una barrera antiincendios”, explica Medrano. “El diagnóstico”, vuelve a repetir Carreño, “está claro, desespera que no lo vean”. ¿No lo ven? “Quizá es por desidia. Estos territorios coinciden con los de menor población, o sea, menos votos electorales, y con los de menor PIB”.
El ciclo político, coinciden, no ayuda. El monte no puede estar al albur de las políticas de cuatro años, o de las peleas entre unos y otros partidos, en una suerte de revancha infantil donde si uno propone algo el otro contesta que no sin pensar mucho más. Algo así ha ocurrido con la ley de montes de socios, que ya está redactada y se presentó a todos los grupos políticos, algunos de los cuales lo incluyeron en sus programas electorales. Pero fue el PP quien lo presentó en el Senado y el asunto lleva paralizado más de un año. En aquel momento todos lo apoyaron menos el PSOE y Junts, que se abstuvieron. Los incendios todavía no habían achicharrado al país. En la reunión que abre paso a un pacto estatal contra el Cambio Climático, celebrada hace unas semanas en Ponferrada, han visto, sin embargo, una luz para las reivindicaciones de este sector. “Pudimos hablar con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagensen, y nos dio esperanzas”, asegura Medrano.
Mientras, siguen los esfuerzos por el asociacionismo. Extremadura ha sido la última comunidad en constituir una asociación regional para sus montes de socios, Montex, cuya presentación contó a finales de septiembre con la presencia del consejero del ramo, Francisco José Ramírez y la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho. Ambos animaron a seguir en esa senda para mejorar la interlocución con las Administraciones y proteger sus montes.
Esos montes de socios, solo una de las muchas formas de propiedad privada existentes, guardan un rico patrimonio que se está perdiendo. Algunos se dividen en onzas, una especie de acciones vecinales sobre el monte, como se llaman en el norte de Extremadura; en Murcia y Almería se denominan tahúllas. “Y en Granada la unidad de medida agraria es el marjal, era el menor espacio de cultivo rentable, explica Carreño. “¿Y sabe usted qué medida tenía ese marjal? La misma que el patio de los leones de la Alhambra”. Carreño, ecologista y profesor universitario de Economía ya jubilado, se ha pasado media vida dedicado a las hectáreas de monte que heredó en Murcia, peleándose contra las muchas trabas burocráticas y la sordera de las Administraciones. A veces detiene a un grupo de ciclistas y les pregunta si sabe que esas tierras por las que circulan tienen dueño, les pide que no tiren porquerías al suelo y que le ayuden a difundir el valor de esas hectáreas que dan más trabajo que dinero, más disgustos que alegrías, a menos que, de tarde en tarde, vea pasar el águila que planea por su monte.