Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha anunciado este lunes que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el veto del PP en la Asamblea de Madrid a que planteara en una comisión una pregunta sobre Madrid Network. Esta asociación empresarial sin ánimo de lucro creada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007 para fomentar la innovación tecnológica, pagó 1,8 millones de euros a Equipo Económico (EE) entre 2008 y 2011, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, que en julio fue imputado por la supuesta comisión de siete delitos. El PP aduce que la pregunta es improcedente porque el actual gobierno no debe dar explicaciones de la gestión de ejecutivos anteriores, un criterio que ha permitido soslayar lo ocurrido en Madrid durante la pandemia, y que Más Madrid también tiene recurrido en el Constitucional. La pregunta registrada por el PSOE era la siguiente: “¿Está el gobierno dispuesto a publicar en el portal de transparencia todos los contratos, actas, convenios, informes y balances de Madrid Network desde 2007 hasta la actualidad?”
“Empezamos la semana más con el PP imponiendo su libertad”, se ha quejado Espinar en la rueda de prensa semanal tras la reunión de la junta de portavoces. “Nuestra portavoz había activado una pregunta que tenía el visto bueno de ambas Mesas [la de la Asamblea y la de la comisión] y que el viernes, tras activarse, el presidente de la comisión retiró del orden del día”, ha añadido sobre una reunión que, según su criterio, habría incumplido los plazos estipulados. “¿Saben de lo que no quiere hablar el PP?“, se ha preguntado. ”De las contrataciones de Madrid Network. ¡Qué casualidad!“, se ha contestado. ”También nos han tirado para atrás la comisión de investigación que pedimos sobre la contratación de Madrid Network. No es casualidad. El PP no quiere hablar de eso. Nos abocan a la vía judicial. Y la emprenderemos. Presentaremos un recurso al Tribunal Constitucional».
Las huellas de la relación entre Madrid Network y EE se explicitan en un informe de 2019 de la unidad central anticorrupción de los Mossos d’Esquadra. La entidad privada, presidida por un consejero del Gobierno regional, y financiada, entre otras vías, con subvenciones directas de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal CEIM, pagó por servicios de asesoría de EE 164.720,00 euros en 2008; 454.721,16 en 2009; 662.359,93 en 2010; y 581.224,36 en 2011, según detallan los investigadores basándose en las declaraciones de operaciones con terceros del propio EE. Para entonces, Montoro ya había abandonado el despacho: lo fundó en 2006, y dijo haberse desvinculado de él en 2008, cuando fue elegido diputado.
Sin embargo, para entonces su influencia y contactos en el PP eran inmensos. Así, cuando se produjeron esas adjudicaciones, el presidente de Madrid Network era Antonio Beteta, consejero de Hacienda con Aguirre. Beteta había sido secretario general de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria con el ministro Montoro entre 2000 y 2003. Finalizada su etapa en Madrid Network, volvería a trabajar con él: entre 2011 y 2016, Montoro hizo de Beteta su secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Cuando EL PAÍS desveló estos pagos, fuentes próximas a Beteta aseguraron que “jamás firmó una adjudicación”. “Beteta solo era un cargo político. Estaba centrado en su labor en la consejería [era el titular de Economía y Hacienda]”.
Y ahora que la investigación judicial vuelve a poner bajo los focos la relación de EE con la Administración regional, el PP, que lleva más de un cuarto de siglo en el poder, y ahora encabeza Isabel Díaz Ayuso, ha decidido echar el freno de mano.
“La pregunta excedía las competencias de la comisión de vigilancia de las contrataciones, no correspondía a las cuestiones que se debaten en esta comisión”, ha justificado este lunes Carlos Díaz-Pache, el portavoz de los conservadores en la Asamblea regional. “Por tanto, se entendía que no debía haber pasado el filtro de la Mesa, creo que se ha pedido una reconsideración por parte del Gobierno”, ha añadido. “Esta pregunta no debió estar nunca en el orden del día, el gobierno actual no responde por las actuaciones de gobiernos pasados, y se estaba hablando de hace casi 20 años”.
Ese criterio, sin embargo, también ha sido motivo de un recurso por parte de Más Madrid ante el Constitucional, puesto que impide, por ejemplo, investigar las muertes en la pandemia, al corresponder con otra legislatura, pese a que el partido que gobierna la región, y la presidenta, son los mismos en ambos casos.
Además, el actual Gobierno regional defiende la actuación de la Comunidad en Madrid Network, donde trabajó Díaz Ayuso hasta el mes anterior a ser diputada por primera vez (2011), a razón de 4.219 euros al mes.