El Gobierno se ha propuesto blindar el ascensor social que supone ir a la universidad endureciendo los requisitos para abrir una universidad en España, y con ese motivo entra ahora en vigor la modificación de un decreto ley de 2021 que establece los criterios para abrir un campus. Ahora se complica. Los centros privados están a punto de dar el sorpasso en número (50 frente a 46), ya tienen más estudiantes de máster que la pública y se extienden por los estudios de ciencias de la salud, los más demandados y caros (hasta 23.000 euros al año en Medicina).
Los alumnos quieren ir a los campus públicos, “es su primera opción”, recordó este martes la ministra del ramo Diana Morant, pero estos no atienden a la demanda por falta de financiación. No hay dinero suficiente para contratar profesorado y habilitar espacios, y como consecuencia miles de alumnos se quedan fuera de la carrera deseada, las notas de acceso son desorbitadas y la academia no responde a la demanda del mercado laboral.
Para fundar una universidad hará falta un informe favorable de la agencia de evaluación de la calidad (ANECA) o las agencias autonómicas y los promotores tendrán que construir residencias que puedan acoger al 10% de los inscritos. Porque la carestía de la vivienda empieza a limitar que los jóvenes con menos recursos se muden para estudiar. Y todos los campus, también los ya existentes, tendrán que llegar a los 4.500 alumnos, invertir un 5% de los fondos en investigación y lograr el 2% de su presupuesto en concursos competitivos.
Desde 1998 no se abre una universidad pública en España. Con la Politécnica de Cartagena se cerró la discutida expansión de campus por todas las provincias. En paralelo, el despegue de las privadas es reciente. Hasta la década de los noventa convivían las públicas con cinco privadas de gran prestigio y sin ánimo de lucro propiedad de la Iglesia (Navarra, Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y Ramón Llull). La Ley de Reforma Universitaria (RLU, 1991) dio vuelo a las privadas que han ido creciendo de forma exponencial.
El Gobierno habla en el prefacio del decreto de una “expansión sin precedentes”, que no tiene comparación con otros Estados de Europa. En el curso 2022-2023, los matriculados en la privada en España representaban el 31,5% del total, frente al 16% en Alemania, 19% en Italia, 24% en Francia o un 0,2% en Dinamarca. Los inscritos en estos centros, con aquellos que ofrecen formación a distancia en cabeza, se han más que triplicado en el caso de los másteres. En esa etapa copan la mayoría de los posgrados obligatorios que habilitan para ser profesor de secundaria o para psicólogo clínico.
Desde la pandemia, el interés por las ciencias de la salud, siempre altísimo, se ha disparado y las comunidades autónomas han respondido a esta demanda de las familias autorizando cientos de plazas privadas. Tanto es así que en Madrid ya hay más alumnos cursando Medicina y Psicología en la privada. Este crecimiento de la privada provoca choques por las plazas para hacer prácticas en los ambulatorios y hospitales del Estado. El Consejo de Ministros aprobó este martes por tercer año consecutivo una partida (26,7 millones) para cubrir los gastos de 1.783 plazas de Medicina en las facultades públicas. Esta inversión deberían de hacerla las comunidades, pues las competencias en universidad están transferidas.
Ocho iniciativas de universidad privada van a someterse a los nuevos requisitos endurecidos en el decreto, aunque sus promotores solicitasen el informe al ministerio antes de su modificación. Además, otros siete proyectos ya han sido analizados con los antiguos criterios y su autorización depende de sus parlamentos autonómicos: cinco tienen un informe desfavorables y dos positivos con condicionamientos. La Comunidad de Madrid, con tres dictámenes del ministerio negativos entre manos, anunció este martes que denunciará un decreto que tacha de un atentado “contra la libertad de educación, empresa y de cátedra”.