Estados Unidos ha dado un nuevo paso en la escalada de su campaña militar contra el narcotráfico en el continente americano. Este viernes ha anunciado el envío de un portaaviones -y no cualquiera, sino el mayor más moderno de su flota, el Gerald Ford- y su grupo de escolta al Caribe, donde ya había desplegado una flotilla de ocho buques desde el pasado agosto. La medida se da a conocer tras un nuevo golpe, el décimo, contra una de las embarcaciones supuestamente controladas por los carteles en aguas internacionales en el Caribe la pasada noche, en un ataque en el que murieron seis personas. Y, al mismo tiempo, ha impuesto sanciones contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, el nuevo objetivo de la retórica de Donald Trump contra el narcotráfico.
El Ford se sumará a una flotilla que ya cuenta, además de los ocho buques de guerra, con un submarino, aviones F-35 y más de 2.000 militares en la zona, mientras el presidente Donald Trump amenaza con llevar a tierra firme su campaña contra los carteles de la droga, a los que considera enemigos en un conflicto armado con Estados Unidos. Según la cadena CNN, el republicano se plantea atacar instalaciones de producción de cocaína y rutas del narcotráfico dentro de Venezuela, aunque aún no ha tomado una decisión firme.
Trump también ha escalado su retórica contra Venezuela, a cuyo líder, Nicolás Maduro, acusa de ser uno de los cabecillas del narcotráfico. En los últimos días ha incluido también en sus invectivas a Colombia y al presidente de este país, Gustavo Petro. Tras haberle calificado a lo largo de esta semana de “matón” y haber calificado a Colombia de “tugurio de la droga”, este viernes su Departamento del Tesoro ha anunciado sanciones contra el presidente colombiano.
Petro ha quedado incluido en la llamada lista Clinton, que designa a personas asociadas con el narcotráfico. Además del jefe de Estado, también aparecen allí los nombres de su esposa, Verónica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su ministro del Interior, Armando Benedetti. El miércoles, Trump había anunciado la suspensión de la financiación estadounidense hacia el país andino.
La presencia del Ford en la zona del Mando Sur estadounidense “reforzará la capacidad estadounidense de detectar, supervisar y desarticular a agentes y acciones ilícitos que pongan en riesgo la seguridad y la prosperidad de la patria estadounidense”, ha escrito el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, al anunciar el despliegue en un mensaje en la red social X.
El portavoz no ha precisado cuándo llegará el portaaviones al Caribe. En los últimos días, el buque de guerra, cuya tripulación es de más de 5.000 marineros, se encontraba en Europa y había atravesado el estrecho de Gibraltar.
“Estas fuerzas apoyarán y aumentarán las capacidades ya sobre el terreno para atajar el tráfico de droga y perjudicar y desmantelar” las organizaciones que lo perpetran, ha continuado Parnell.
El Gerald Ford, que tiene su puerto en la base naval de Norfolk, en Virginia, cuenta con un reactor nuclear y tiene capacidad para acoger en su cubierta más de 75 aviones militares, incluidos cazas como los F-18 Super Hornets. Está equipado también con un arsenal de misiles que incluyen los ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile) tierra-aire de medio alcance, que se emplean para derribar aviones y aeronaves no tripuladas. Sus potentes radares pueden contribuir al control del tráfico aéreo y marítimo.
El despliegue del portaaviones se da a conocer después de que Washington anunciara este viernes su décimo ataque contra una supuesta narcolancha, el primero en el Caribe desde que el miércoles divulgara dos ataques en el Pacífico, que llevaban también a esas aguas la campaña militar estadounidense contra el narcotráfico en América.
El nuevo ataque contra una embarcación se ha conocido, como ya es habitual, en un mensaje publicado en la red social X. En él, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha puntualizado que es el primero perpetrado durante la noche desde que comenzó la campaña actual, el 2 de septiembre.
Según el jefe del Pentágono, la embarcación formaba parte del operativo del Tren de Aragua, una banda delictiva venezolana a la que Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.
“Nuestros servicios de inteligencia tenían conocimiento de que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, ha escrito Hegseth. “Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, precisa.
“Si eres un narcoterrorista que contrabandea con drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. Día o NOCHE, trazaremos tus redes, detectaremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”, agrega el secretario de Defensa —o de Guerra, como él y su Gobierno prefieren apelarlo—.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha jactado en diversas ocasiones del “éxito” de la campaña, en el que han quedado hundidas una decena de embarcaciones —ocho en el Caribe y dos en el Pacífico— y han muerto al menos 43 civiles.
Solo consta que hayan sobrevivido a esos ataques con misiles estadounidenses dos personas, un hombre ecuatoriano y uno colombiano, parte de los ocupantes de un sumergible hundido hace una semana en aguas internacionales caribeñas. Ambos fueron repatriados a sus respectivos países y el ecuatoriano ya se encuentra en libertad, después de que la Fiscalía de su país no le encontrara culpable de ningún delito.
La Administración de Trump considera que Estados Unidos está en un “conflicto armado no internacional” con los carteles de la droga, a los que considera organizaciones terroristas. Su argumento es que los narcóticos que introducen en el país matan cada año a decenas de miles de personas. La semana pasada, el presidente estadounidense confirmaba que ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela.
Senadores de ambos partidos se oponen a los poderes de guerra que Trump se ha atribuido contra esas organizaciones y no contra un país. También a que haya invocado para ello una ley de los años setenta que le otorga potestad para mantener ese tipo de operaciones durante 60 días sin recibir la aprobación del Congreso. Esos 60 días concluyen a principios de noviembre, pero aún podrían prorrogarse otros 30.
Los senadores críticos a los métodos de Trump intentaron aprobar un proyecto de ley que prohibía al presidente actuar sin el permiso del Legislativo, pero la medida no alcanzó los votos necesarios. Los senadores han anunciado que volverán a someterla a votación.
En un comunicado, el presidente del caucus hispano en el Congreso, el congresista demócrata Adriano Espaillat, ha criticado los ataques militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico como “ilegales e irresponsables”. Trump, denuncia, “ha recortado de modo ilegal fondos ya aprobados por el Congreso para programas de lucha contra la droga y ha dedicado agentes federales a deportar abuelas y familias trabajadoras en vez de dedicarlos a la lucha contra los narcotraficantes. Si la Administración Trump pretende tomar medidas militares contra cualquier país o entidad, primero debe buscar una autorización formal del Congreso para el uso de fuerzas militares”, agrega.