Francia quiere incorporar al código penal la definición de consentimiento sexual explícito tras el caso Gisèle Pelicot | Sociedad

El juicio por las violaciones de Mazan empieza a tener ya un impacto en la sociedad francesa capaz de transformar algunos de sus fundamentos. Dominique Pelicot, un jubilado francés que vivía en el sur de Francia, drogó durante una década a su esposa, Gisèle, y la ofreció a más de 50 hombres que contactaba por Internet para que la violasen. El caso ha removido la conciencia social en Francia sobre las agresiones sexuales, pero la onda expansiva ha llegado a los despachos del ministerio de Justicia. El viernes, el nuevo titular, el exsocialista Didier Migaud, aseguró que está a favor de modificar la definición de violación en el derecho francés, incorporando la noción de consentimiento explícito.

Migaud, ante la pregunta de si sería partidario de incluir dicho concepto en la norma, como el mismo presidente Emmanuel Macron aseguró estar dispuesto a promover, respondió afirmativamente. Una iniciativa que relacionó de forma clara con las violaciones a Gisèle Pelicot, de 71 años. Algunos de los 50 hombres que se sientan en el banquillo del tribunal de Aviñón estos días, en declaraciones sorprendentes, han expresado dudas sobre lo que significaba el consentimiento y sobre el hecho de que la víctima estuviese realmente sedada y no participando en un juego parafílico. A ninguno de los acusados le pareció necesario recibir algún tipo de aprobación de la víctima antes de mantener relaciones sexuales con una persona incapaz de reaccionar. Tampoco el hecho de que esa falta de consentimiento pudiese implicar que aquello fuera una violación y no un juego.

Francia ha avanzado muy lentamente en la lucha contra las agresiones sexuales en los últimos años. En la actualidad, el artículo 222-23 del código penal define la violación como “cualquier acto de penetración sexual, sea cual sea su naturaleza, o cualquier acto buco-genital cometido sobre la persona de otro o sobre la persona del autor por violencia, coacción, amenaza o sorpresa”. La noción de consentimiento, que resurgió en la década de 2010 con el impacto del movimiento #MeToo, no está mencionada explícitamente en el texto.

Mientras, varios países europeos han cambiado en los últimos años su definición de violación, considerándola como un ataque sexual sin consentimiento explícito. En Suecia, una ley sobre el consentimiento sexual, que considera violación cualquier acto sexual sin acuerdo explícito, incluso en ausencia de amenaza o violencia, está en vigor desde 2018. España introdujo desde octubre de 2022 la obligación de un consentimiento sexual explícito. La misma evolución se ha dado en Grecia y Dinamarca.

En Francia, fue el pasado marzo cuando el presidente francés Emmanuel Macron se mostró a favor de una modificación en la definición de la violación y expresó su deseo de que una propuesta de texto pudiera ver la luz “para finales de año”, una perspectiva que quedó suspendida tras la disolución de la Asamblea Nacional, a principios de junio, interrumpiendo los trabajos en curso sobre este tema.

Ha vuelto a retomarse ahora con el caso de las violaciones de Mazan, en las que Gisèle Pelicot decidió antes de comenzar el proceso que todas las vistas fueran públicas. Es decir, que la prensa pudiera tener acceso a las sesiones y estuviera autorizada a narrar diariamente lo que sucedía. La decisión fue un hito en este tipo de procesos en Francia, que suelen hacerse a puerta cerrada por la vergüenza que a menudo sufrían las víctimas. Su abogado, en un momento clave de esta historia, aseguró que Pelicot había decidido abrir el juicio al público para que “la vergüenza cambiase de bando”. Más allá de esa idea, su decisión ha permitido también que la toma de consciencia pública haya sido elevada y en un periodo de tiempo muy corto.

Y este caso, además, ha abierto el debate sobre muchas otras cuestiones que rodean este tipo de agresiones, como el asunto de la sumisión química. Los peritajes del proceso ponen al descubierto la falta de recursos de la sanidad pública, especialmente de la atención primaria, para detectar este tipo de agresiones con sedantes. En el caso de Gisèle Pelicot, que sufrió pérdidas de memoria, alopecia y depresiones durante los años que fue drogada de forma inconsciente por su marido, ninguno de los médicos que la visitó fue capaz de detectar lo que sucedía.

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