La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado “irregularidades” en los contratos públicos de Red.es adjudicó, por el importe de 8,4 millones de euros, a Juan Carlos Barrabés, investigado en el caso Begoña Gómez. En un nuevo informe pericial, ordenado por la Fiscalía Europea y que se ha incorporado a las pesquisas que dirige el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, la IGAE pone de relieve una serie de anomalías detectadas los expedientes, lo que podría suponer un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. Según indica el documento, la empresa pública habría “adulterado” la valoración técnica de las ofertas presentadas por el empresario al tener en cuenta unas “cartas de apoyo” de empresa e instituciones, en perjuicio de otros licitadores.
“Lo anterior es arbitrario y excede la capacidad de decisión discrecional del valorador (…) Dicha inclusión beneficia a determinados licitadores a los que se ha incrementado injusta e ilegalmente su puntuación (…) y perjudica a otros a los que se les ha reducido injusta e ilegalmente”, concluye el informe, de más de 300 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El documento, fechado el pasado mes de agosto, analiza la tramitación de dos contratos —“Formación empleo juvenil para la economía digital” y “Servicio de formación para personas desempleadas”—, que fueron parcialmente financiados con fondos europeos, a los que licitaron la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next (empresa de Barrabés) y The Valley Digital Business School.
Para Hacienda, dichas cartas de apoyo o “acuerdos” firmados por empresas e instituciones se sobrestimaron porque son “meras declaraciones de intenciones que no obligan a los firmantes” a prestar ningún servicio en el marco de los contratos. Por ello, el perito entiende que tenerlas en cuenta a la hora de valorar las ofertas desvirtuó la realidad de la adjudicación.
Falta de transparencia
A lo largo de su informe, el interventor de la IGAE adscrito a la Fiscalía Europea, afirma que la Ley de Contratos del Sector Público no establece el carácter obligatorio de ninguna fórmula concreta para valorar las ofertas económicas, si bien hace hincapié en que los dos expedientes examinados no garantizaba la “igualdad de los licitadores” al constatar una posible“falta de transparencia” sobre los criterios de puntuación, establecidos con posterioridad a la apertura de las ofertas. La pericial señala que se desconoce el número de cartas de apoyo que Red.es tuvo en cuenta en el marco de los dos expedientes analizados, pero menciona acuerdos con grandes empresas certificadoras como IBM, Microsoft o Amazon (a través de una sociedad anónima unipersonal denominada Amazing Sales Consulting).
De hecho, el documento subraya que las propias ofertas presentadas, ahora bajo lupa de la Fiscalía Europea, “son contradictorias sobre la realidad de los acuerdos [con empresas], ya que en algunas páginas menciona la existencia de los acuerdos y en otros utiliza el tiempo verbal futuro indicando que se establecerán”. En esta línea, apunta el perito que algunas de las misivas eran un copia y pega y su valoración contenía “incoherencias al menos aparentes entre las puntuaciones asignadas y la fundamentación de dichas puntuaciones”, ya que en ocasiones “incluían argumentos penalizadores que no parecen tener mucha lógica”. Pese a que los pliegos de los expedientes no incluyen como un aspecto que valorar la experiencia de los profesionales que impartirían los cursos formativos adjudicados, Red.es calificó de manera positiva la inclusión de los currículos de los profesores y penalizó su exclusión, recalca el informe.
Con todo, Hacienda afirma que Red.es sobrevaloró “de forma oficial” las ofertas técnicas de la UTE liderada por Barrabés sin ninguna justificación legal, al tiempo que destaca que la valoración de los criterios técnicos no evaluables la hizo un órgano no competente para ello: la Mesa de Contratación de Red.es.
Choque con las conclusiones de la Guardia Civil
Fuentes del Gobierno recuerdan que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya remitió al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, un informe sobre los contratos públicos adjudicados a Barrabés, cuyas conclusiones chocan frontalmente con las del funcionario de la IGAE que ha hecho su análisis para la Fiscalía Europea. Según puntualizan las fuentes, el Instituto Armado afirmó que los expedientes se tramitaron “con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”, sin que se pudiera apreciar ninguna irregularidad y que se concedieron al empresario investigado por obtener la “mayor puntuación entre las empresas licitadoras”.
Red.es, como organismo público, está fiscalizado por órganos competentes como la IGAE, la Comisión Eurpea, Tribunal de Cuentas europeo y la Dirección General del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Así, entre 2011 y 2023 la empresa pública se ha sometido a 33 auditorías, de acuerdo a las fuentes gubernamentales, que apuntan que ninguno de estos exámenes ha sido “desfavorable”.
Asimismo, sobre las normas de contratación analizadas en el informe pericial, apuntan que son las mismas que el ente público utiliza desde marzo de 2011 y, que desde entonces, se han aplicado a 1.610 expedientes. En este sentido, recuerdan que la Guardia Civil ya indicó en unos informes elaborados en mayo y julio de 2024 que se trataba de una “dinámica habitual” de las licitaciones de la Dirección General de Red.es y que los dos expedientes ahora examinados cuentan con el informe favorables de la Abogacía del Estado.
Es más, subrayan que Innova Next ha sido adjudicataria de otros contratos públicos procedentes del Ayuntamiento de Madrid, en 2017 y renovado en 2021 con el mandato del PP; y del consistorio madrileño de Alcobendas, en 2024, ya en plena investigación judicial.