El pasado 1 de abril se desplegó por completo el Real Decreto-Ley 11/2024, que, entre otras medidas, mejora las condiciones para compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo. España, como la gran mayoría de los países europeos, se está enfrentando al doble reto del envejecimiento demográfico y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En este contexto, el debate sobre cómo articular el tránsito hacia la jubilación resulta de vital importancia. Aquí entran en juego dos fórmulas clave: la jubilación activa y la jubilación parcial. Ambas permiten alargar la vida laboral, aunque responden a realidades distintas, y es necesario analizar si están alineadas con las dinámicas reales del mercado laboral y las expectativas de quienes lo integran.
Pese a que el legislador no habla explícitamente de la necesidad de aumentar los ingresos para financiar el sistema de pensiones, es evidente que es necesario reducir la presión financiera del sistema. Con el retraso de la jubilación, y permitiendo que las personas trabajadoras continúen en activo durante más años, se logra reducir el tiempo durante el cual se perciben las pensiones completas y, al mismo tiempo, se consigue el objetivo de incrementar las cotizaciones del sistema de pensiones. Esta nueva fórmula es un híbrido de lo que existe actualmente, ya que entre el trabajador activo y la persona jubilada existen puntos medios que se están intentando encontrar para la aplicación de la jubilación activa, parcial o demorada.
Gracias a la introducción de este nuevo Real Decreto Ley 11/2024, los pensionistas podrán seguir desarrollando una actividad laboral mientras perciben una parte de su pensión. Una fórmula que, bajo mi punto de vista, puede ser adecuada para ciertos perfiles, pero no para todos. Por ejemplo, en el ámbito de los autónomos y pequeñas empresas familiares, observamos una tendencia preocupante: la desaparición progresiva de los continuadores. Es decir, las nuevas generaciones no están recogiendo el testigo empresarial. Esto deja a muchos titulares de negocios en un limbo: ni pueden cerrar, ni encuentran a quién delegar, ni siempre están en condiciones de seguir trabajando. Para estas personas, la jubilación activa puede ser una solución transitoria, pero no resuelve el problema estructural de fondo.
Además, se une un envejecimiento acelerado de la población y las dificultades que tienen las empresas para encontrar perfiles cualificados para determinados puestos de trabajo, por lo que este tipo de fórmulas darán oportunidades a la contratación del talento sénior. Un colectivo que aporta experiencia, conocimiento técnico y madurez, a la par que puede ayudar a transmitir competencias a las nuevas generaciones. Esto favorecerá la cadena del conocimiento y permitirá cubrir necesidades reales que tiene el tejido productivo empresarial.
No obstante, no podemos obviar tampoco que, en determinadas situaciones, muchas personas trabajadoras desean jubilarse antes de lo previsto. Muchas de estas personas buscan la jubilación anticipada por agotamiento físico o emocional tras muchos años de carga laboral mal gestionada. Esto implica que en España no tratamos únicamente con un problema de edad, sino que en muchas ocasiones debemos plantearnos las condiciones reales de trabajo de las personas.
Por otro lado, con la jubilación activa y la jubilación parcial también se intenta mejorar el coeficiente intergeneracional, es decir, el equilibrio entre cotizantes y pensionistas. Esta medida no tendrá efectos a corto plazo, pero a medio y largo plazo puede ayudar a aliviar la presión sobre el sistema público de pensiones. Por matizar, es importante destacar que mantener la actividad profesional implica continuar alimentando la hucha de las pensiones, lo que favorecerá de forma directa a su sostenibilidad.
Como decana del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, y como representante del colectivo experto en Derecho Laboral y Seguridad Social, valoro de forma positiva cualquier medida que incentive la continuidad laboral de forma voluntaria y flexible. Sin embargo, no podemos olvidar que la jubilación es un derecho, no una obligación de seguir aportando al sistema de pensiones más allá de los 65 o 67 años. Por ello, cada persona debe poder decidir su futuro laboral, sin que presiones externas, ni normativas ni situaciones sociales, puedan influir en ella.
Durante muchos años, la jubilación parcial ha servido para que las personas trabajadoras pudieran tener un retiro gradual, pero la realidad es que con el pasar de los años la normativa cada vez se ha vuelto más rígida y limitada, lo que ha reducido su efectividad. Por ello, espero que esta nueva medida pueda recuperar la transición progresiva y ayude a la transmisión de conocimiento entre generaciones.
En otro orden de cosas, también es cierto que la jubilación activa no puede, en ningún caso, suponer una renuncia a fortalecer el acceso al empleo juvenil. Es fundamental que distintas generaciones convivan. Si los más jóvenes no trabajan y no cotizan, no habrá ningún sistema que sea capaz de resistir. Lo más importante es poder garantizar trayectorias completas y sostenibles desde el inicio. Por ello, es urgente combatir la precariedad entre los jóvenes, asegurar la cotización desde los primeros años de trabajo y permitir transiciones razonables hacia la jubilación.
En conclusión, no todas las personas quieren seguir trabajando más allá de los 67 y, en muchos casos, ni tan siquiera pueden planteárselo. Más allá de las cifras y de los decretos, es esencial que el sistema escuche, acompañe y se adapte a cada realidad profesional y personal. Cuando hablamos de jubilación hablamos de cómo queremos vivir y envejecer como sociedad.
Montserrat Cerqueda es decana del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida