Carles Puigdemont anunció ayer que da por roto el acuerdo por el que los diputados de Junts per Catalunya facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. Las razones de Puigdemont son lo que considera reiterados incumplimientos por parte de los socialistas y por falta de confianza para continuar negociando. El anuncio de ruptura será sometido a la consulta de la militancia de Junts, pero todo apunta a que la decisión es que la formación independentista ejerza como fuerza de oposición en el Congreso de los Diputados, aunque sin llegar a apoyar una moción de censura contra Sánchez.
El movimiento de romper es tan legítimo como lo fue la decisión de apoyar la investidura en su día. A primera vista es una mala noticia para el Gobierno, que ve alejarse todavía más al socio de la investidura que más le costó atraer y que más problemas ha ido poniendo estos dos años. Sin embargo, la decisión de Junts también ayuda a clarificar la situación y a saber en qué punto está ahora la legislatura española. El anuncio de que sus diputados no apoyarán los Presupuestos no ha pillado desprevenida a La Moncloa: hace ya muchos meses que Junts vota en contra de proyectos económicos y de corte social sin que ello haya hecho caer al Gobierno.
Los independentistas basan su cambio de posición en la “falta de resultados” de los dos años de colaboración con el Gobierno. En la otra parte, los socialistas pueden argumentar con razón que han arriesgado a fondo para aprobar medidas como la ley de amnistía, que inicialmente rechazaban, y que acabó viendo la luz verde con la legitimidad que otorga su aprobación en el Congreso de los Diputados. Esta amnistía, que ha beneficiado a centenares de personas, ha encallado parcialmente en algunos tribunales, pero no por falta de impulso político por parte del Gobierno socialista. Y lo mismo puede decirse de cuestiones como la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, cuya aprobación no depende de Pedro Sánchez.
Si la medida clarifica en algo el panorama es porque, a partir de ahora, el Gobierno y Junts dejan ciertas ambigüedades atrás. Aun así, los de Puigdemont no han dicho que vayan a votar “no” a todas las iniciativas del Gobierno, y han dejado la puerta abierta a apoyar las que consideren buenas para Cataluña. Aquí se incluyen medidas legislativas no menores como la ley de ELA. Lo deseable en este escenario de clarificación es que, cada uno desde sus posiciones, sean capaces de identificar medidas de especial interés para todos y que se evite una situación de bloqueo estéril y dañina para el avance social y económico. Si bien no se puede pedir a ningún partido que actúe como socio a tiempo completo, sí es exigible a quienes forman parte de los consensos democráticos más básicos que no boicoteen por sistema las medidas útiles para la ciudadanía.