El Tribunal Supremo levantó la semana pasada las medidas cautelares que impedían la comercialización del genérico del Apixabán, un anticoagulante sanguíneo que usan unas 350.000 personas en España. La detentora de la patente del medicamento recurrió a un juzgado de lo mercantil de Madrid para frenar una decisión de otro tribunal de lo civil de Barcelona. Ante el conflicto de jurisdicciones, el Supremo concluyó que era la primera decisión la que contaba y que el juzgado de Madrid era incompetente para intervenir en el caso.
