El futuro de FWU Life Insurance Lux parece estar claro: debe disolverse. Esta es la conclusión a la que llegó el tribunal de Luxemburgo que ha analizado la quiebra de la aseguradora alemana, que ha dejado atrapados los ahorros de más de 40.000 personas en España, tras comprobar que la falta de solvencia de la entidad viene de años atrás. La sentencia recalca que dos de las grandes firmas auditoras, KPMG y PWC, que revisaron las cuentas anuales de la empresa en el país centroeuropeo, retiraron sus opiniones de auditoría en los últimos cuatro ejercicios (desde 2020 hasta 2024) al no contar con la documentación necesaria para acreditar que tenía suficientes recursos.
La filial luxemburguesa de FWU se encuentra en fase de liquidación desde enero, cuando la justicia dio por acreditado que no era capaz de cumplir con las exigencias legales de solvencia. En su fallo, con fecha de 31 de enero de 2025, pero que ha trascendido públicamente recientemente, destaca que la falta de liquidez haría difícil “saldar las deudas exigibles”, entre las que se encuentran las de más de 200.000 clientes minoristas de toda Europa, en especial Italia, Alemania, Francia y España, que contrataron sus planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) y pólizas unit linked, unos seguros de vida que combinan el ahorro y la rentabilidad que dan fondos de inversión.
La presión de las autoridades sobre la entidad comenzó a finales de 2023, cuando la Comisión de Seguros de Luxemburgo empezó a controlar al grupo asegurador, si bien tras varias reclamaciones de documentación y requerimientos para que cumpliera con las ratios de solvencia, la compañía se rindió y admitió, el 19 de julio de 2024, que no podía atender a dichas exigencias. Esta comunicación abocó a la congelación de los activos como medida cautelar. La autoridad de seguros dio entonces un plazo de seis meses a la empresa para buscar inversores o aportar más capital, lo que no se consiguió, pues su máximo accionista, la familia Dirrheimer (dueño del 95% del capital) notificó que no iba a invertir más dinero en la aseguradora, sino, al contrario, iba a transferir todas sus acciones a un fideicomisario, según recoge la sentencia consultada por este periódico.
Así, el pasado 22 de enero, la Comisión de Seguros solicitó la declaración judicial de disolución y liquidación de FWU, lo que fue adoptado por el tribunal de Luxemburgo nueve días después. Según el fallo, la justicia asumió las conclusiones del letrado Yann Badenn, que en, calidad de comisario, supervisó la gestión del patrimonio de la aseguradora y destacó que sus balances “no se auditaban desde 2020, debido a la retirada por parte de los auditores de sus informes a causa de haber descubierto disimulación”. “FWU Life Insurance Lux ya no cumplía con sus exigencias de solvencia desde por lo menos 2020″, indicó el comisario.
En concreto, en noviembre de 2024 KPMG retiró su opinión de auditoría para las cuentas anuales y el informe de solvencia del ejercicio de 2020. En una declaración oficial emitida el 6 de noviembre de dicho año, esta big four informó de que tomaba esta decisión tras tener conocimiento “de cierta información relativa a las cuentas anuales que no había sido comunicada previamente en el momento de la auditoría legal”. “En consecuencia, la sociedad de auditoría concluyó que ya no se debe confiar en el informe de auditoría sobre las cuentas anuales publicado por KPMG Luxemburgo”, añadió.
PwC hizo lo mismo en relación a las cuentas anuales de 2021, y 2022. El mismo día que FWU reconoció oficialmente su insolvencia, la firma declaró que no estaba en posición de certificar que las cuentas de 2023 garantizaban la continuidad del negocio.
Por otro lado, la sentencia hace hincapié en que la filial de FWU tiene un déficit de cobertura de 85,6 millones de euros, así como una deuda fuera de balance de 1.000 millones de euros correspondiente a la gestión de contratos que llevaban a cabo intermediarios, como en España hizo la comercializadora OVB Allfinanz.
Tres años para comunicar las deudas
El proceso para recuperar lo invertido ha comenzado a tramitarse ya. Los acreedores, entre los que se encuentran los clientes, tienen hasta el 31 de enero de 2028 para hacer llegar a la Comisión de Seguros de Luxemburgo la deuda pendiente de cobrar, según indica la sentencia, que además dio por suspendido el pago de intereses desde su dictado. El organismo supervisor solicitó a la justicia de Luxemburgo el plazo de tres años para tener tiempo suficiente para recabar todas las declaraciones de los 250.000 clientes de FWU y “proteger de la mejor manera los intereses de los consumidores”.
En España se calcula que fueron más de 40.000 clientes los que contrataron estos seguros de vida a través de OVB Allfinanz, a la que se ha puesto en el punto de mira por tener en su contra una sentencia. La Audiencia Provincial de Madrid anuló en septiembre de 2024 tres contratos de seguros de unit linked que comercializó este agente de seguros, al entender que ofreció a sus clientes información “insuficiente y engañosa” e impidió conocer “la verdadera y real naturaleza de los productos que se le ofrecían”. Aunque los productos analizados en esta sentencia, que aún no es firme, no tenían ninguna relación con FWU, muchos de los despachos que defienden a los consumidores españoles que quieren recuperar lo invertido consideran que esta resolución refleja cómo el bróker vendió los productos en cuestión.
“El mensaje que nos trasladan los asegurados es claro y contundente: se sienten engañados, traicionados y solos. Durante años han cumplido con rigor sus aportaciones, convencidos de que estaban construyendo una jubilación segura, incluso con la promesa, a veces explícita, otras insinuada, de una vida de retiro cómoda, al estilo de los pensionistas centroeuropeos que se instalan en nuestro país en descapotable. Hoy, sin embargo, lo único que ven es pérdidas, confusión y productos sin liquidez, muy alejados de lo que se les aseguró en el momento de la contratación. Muchos de ellos han agotado sus recursos y han perdido la confianza en el sistema financiero”, indica Serafín Serrano Torres, asesor de Asoban Abogados.
Aunque se ofrecían altas rentabilidades, estos productos financieros complejos podían generar pérdidas de capital y estaban asociados a comisiones elevadas que consumían hasta el 60 % de la inversión durante los primeros años. “Puede resultar que se tarde hasta 15 años en ganar lo suficiente con el producto como para volver a contar con el nominal destinado a esta inversión”, ya que de inicio se ve mermado por los costes de gastos y comisiones, advierte en su página web la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que logró la victoria judicial en los tribunales madrileños.
Primeras demandas
OVB defiende que “no es responsable de la situación financiera o la solvencia de las aseguradoras para las que actúa como intermediario” y recuerda que la quiebra de FWU es “una circunstancia ajena” a ellos. Asimismo, asegura que ha puesto a disposición de la Comisión de Seguros de Luxemburgo y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) toda su colaboración y que, a través de su página web y correspondencia personalizada, ha informando a sus clientes sobre la situación de la compañía luxemburguesa, así como de las comunicaciones de las autoridades nacionales.
La incertidumbre ha aumentado en las últimas semanas con las comunicaciones de la Comisión de Seguros de Luxemburgo, que ha indicado que en el mejor de los casos, mediante el trámite de liquidación, se podría recuperar un 40% del capital invertido inicialmente. Por ello, las defensas de los clientes consideran que los más acertado es plantear la batalla en España contra OBV para solicitar la nulidad de los contratos, lo que en ningún caso implica culparle de la quiebra, y lograr el reintegro de lo invertido. Las primeras demandas se presentaron en febrero y marzo de este año, señalaron fuentes de los bufetes que llevan estos casos.
En esta línea, Serrano Torres afirma que muchos de los afectados “comprenden la importancia de presentar cuanto antes un acuerdo extrajudicial a OVB para recuperar con mayor celeridad sus ahorros”. “Así, en caso de respuesta negativa por parte de la comercializadora, se agilizaría el trámite para acudir en segunda instancia a la vía judicial”, explica.