Trabajar o estudiar en la universidad presencial más grande de España, la Complutense de Madrid, resulta cada vez más complicado por la asfixia financiera a la que le somete la Comunidad de Madrid: las transferencias corrientes regionales han subido un 5% desde 2007, mientras la inflación ha escalado un 44%. Esta semana es clave en las negociaciones para que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso (PP) le conceda un crédito de 34,5 millones ―la Comunidad ya ha reservado la partida― y siguen llegando malas noticias: las ayudas para estudiantes que la necesitan no se están tramitando a tiempo para todos ellos porque no hay suficiente personal; los doctorandos becados este año por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tienen que pagar la matrícula y ya se les devolverá en 2026; y hay profesores que afirman a este diario que no reciben el dinero entregado por otras instituciones a la UCM y que les corresponde. El rectorado asegura, por su parte, que los fondos no están retenidos.
El caso más claro es el de 76 “doctores emergentes” que no han podido acceder a los 2,6 millones de un programa de investigación al que se presentaron y ganaron hasta que no lo denunciaron públicamente en este periódico el 2 de octubre. El rectorado asevera que “el 30 de septiembre ya estaba disponible el dinero”, nueve meses después de arrancar el programa, aunque la partida de la Comunidad en su cuenta desde mucho antes.
Sin embargo, hay jóvenes científicos que lamentan no haber podido hacer uso de sus fondos del Ministerio de Ciencia. Es el caso de Gabriel Sánchez Santolino, que en 2022 logró un hipercompetitivo contrato Ramón y Cajal en la facultad de Ciencias Físicas para cinco años, con una dotación extra de 50.000 euros para investigar en ese tiempo. El curso pasado empleó 30.000 en un contrato y ha tenido que reclamar al servicio de Investigación que liberase los 20.000 restantes, pues la partida había llegado del ministerio pero no a sus manos. Ya disfruta de ella. No así en otros casos. “Esta situación afecta exclusivamente a los beneficiarios de la convocatoria de 2022 y se refiere a un segundo pago. Se está solucionando para poder poner el dinero a disposición del investigador cuanto antes”, justifica el rectorado.
El artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) permite también que los departamentos o los profesores “celebren contratos con personas físicas, universidades, o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico”. Los ingresos por estas asesorías los recauda la UCM ―que puede retener el 20% del total de la cuantía para gastos de gestión y un fondo de investigación― pero el resto se ingresa a los investigadores que hayan participado. “El pago de los artículos 60 LOSU de asesoría científico-técnica, no se han suspendido”, mantiene el rectorado. Sin embargo, cuatro afectados aseguran a este diario que la entrega no se está produciendo con normalidad, que hay una demora de meses, si es que se llega a abonar. Una fuente explica que la UCM no transfiere fondos desde principios de septiembre a su fundación, que es quien tiene que abonar los pagos.
Esta tijera es esperable si se tiene en cuenta que las unidades de gasto, por ejemplo, sufren un recorte del 35% en su partida desde julio de 2024, cuando se comunicó. El vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad se está planteando rescindir contratos de programas informáticos para usar otros de software libre de derechos. Y para ello están “recogiendo opiniones sobre si estas alternativas libres son adecuadas y suficientes”, relata en un correo. Al menos en las áreas de Ciencias Sociales y Óptica hay reticencias a estas renuncias técnicas. “Hemos identificado que existen productos equivalentes (o casi equivalentes) en el ámbito del software libre”, se defiende el rectorado.
El rector, Joaquín Goyache, no podrá librarse de un interrogatorio arduo este martes, cuando presidirá un consejo de gobierno muy relevante, en el que tendrá que dar explicaciones sobre el crédito. Nada se sabe de los “ajustes”. La Confederación General del Trabajo (CGT) no ha recibido en el plazo establecido los datos que ha pedido, y ha enviado de resultas un correo electrónico a toda la comunidad universitaria: “Hay una omisión manifiesta del proceso de información y consulta, en los términos legalmente exigidos, y una grave vulneración de la libertad sindical”.
La Unidad de Diversidad e Inclusión informó por escrito de que el Programa de Atención a Personas con Discapacidad y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (PADyNE) no iba a poder cumplir desde mediados de octubre con el servicio comprometido de adaptación de las enseñanzas. Argumentó que, con apenas tres administrativos, no puede tramitar 1.400 solicitudes, pues “superan con creces las previsiones iniciales”. A pesar de ello, la unidad no ha conseguido contar con más personal. Su labor es muy compleja, porque parte de estos alumnos con discapacidad acarrean también problemas económicos y en algunos casos psicológicos. “Ya se han tramitado el 80% de las adaptaciones y han sido enviadas individualizadas en plazos menores que en cursos anteriores”, argumenta el rectorado.
Los jóvenes predoctorales que hacen la tesis con un contrato FPI (Formación de Personal Investigación) del ministerio se muestran “indignados” con las novedades y tratan de frenarlas. “Nuestra sorpresa ha sido que al realizar la matrícula este curso [400 euros] nos obligan a pagar sí o sí. Desde la UCM nos comunican que han cambiado las reglas de matriculación y nos devolverán luego el dinero”, cuenta por correo una afectada, que cobra 1.300 euros netos (1.522 brutos). Quien solicite el rembolso el mes que viene, se le reintegrará “a partir de marzo”. En 2024 se convocaron 54 nuevas plazas en el campus. El cuarto y último año la nómina alcanza los 2.039 euros brutos.
“El mundo de la investigación es muy precario y nos metemos a sabiendas, pero cada vez resulta más complicado apostar por él”, prosigue la beneficiaria de la FPI. “Parece poco dinero la matrícula, pero para nosotros es un mundo: pago 650 euros de alquiler, 100 de gastos, 250 en comer… Solo en vivir en Madrid se me van unos 1.000. ¿Y ahora pretenden que paguemos 400 euros que ya nos devolverán?”, se revuelve otra compañera. Ambas remarcan que son “doctorandos a cargo de investigadores de alto impacto a nivel mundial”. Porque el potencial investigador de la UCM está fuera de toda duda. Son la quinta universidad española en el ranking Shanghái y en 2024 defendieron en ella su tesis 777 doctores, siete más que en la cuarentena de centros privados juntos. La UCM también puede sacar pecho en empleabilidad: ocupa el puesto 53 del mundo en el ranking QS.
“Lo peor de la asfixia económica es lo que se está comprometiendo el futuro cercano. Se está relevando a una parte muy importante del profesorado, el que entró para atender el acceso masivo a la universidad de la generación del baby boom”, razona el catedrático Jesús Pérez Gil, que se presentó a las últimas elecciones a rector. “Tenemos una generación espectacular con años de experiencia en los mejores centros del mundo y no lo estamos aprovechando para hacer ese relevo de catedráticos y profesores titulares. Solo se está incorporando a profesores ayudantes doctor, la escala más baja, con un salario irrisorio [27.037 euros brutos]”, prosigue el exdecano de Ciencias Biológicas. Muchos de los que se presentan a las convocatorias tienen más de 40 años y méritos acreditados para las categorías más altas.
La Complutense está renunciando también a convocar muchos contratos Ramón y Cajal, como el de Sánchez Santolino, que conllevan un compromiso de estabilidad laboral por la trayectoria científica más que sólida de los beneficiarios. Han pasado de 21 profesionales en 2021 (máximo histórico) a seis en 2024, según denuncia la asociación Dignidad Investigadora Madrid. La UCM, por tanto, no está aprovechando la ola de financiación, pues el Ministerio de Ciencia ha subido un 150% el número de cajales que sufraga desde 2018.
En medio del descalabro hay muestras de la excelencia que aún mantiene la UCM. El pasado sábado graduó a la primera promoción del Bachelor in Arts in European Studies. Un total de 160 estudiantes que se han formado en sus aulas y en las prestigiosas universidades de Bolonia, Lovaina o Cracovia, con las que están tejiendo una red de movilidad de alumnos y empleados.
El pasado viernes ningún representante madrileño acudió a la mesa organizada por el ministerio para acordar con los gobiernos autonómicos cómo llegar a invertir el 1% del PIB en universidad en 2030. Su consejero del ramo, Emilio Viciana, declaró antes que la presidenta Ayuso seguirá “apoyando a las universidades públicas”, pero “a su manera”. Madrid es la comunidad que peor invierte por alumno, un 20% menos que la media, según datos del ministerio.