La Audiencia Nacional ha dado luz verde a Iberdrola para conocer de primera mano las diligencias que se están practicando en la causa que investiga si el apagón masivo que tuvo lugar el pasado 28 de abril fue consecuencia de un sabotaje informático. Sin embargo, no podrá tener acceso a toda la documentación hasta que se levante el secreto de sumario que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acordó nada más iniciar las pesquisas. Por el momento, la Sala de lo Penal ha reconocido el derecho de la empresa a estar personado en el procedimiento, que se incoó un día después del corte del suministro eléctrico que sufrió toda la península Ibérica.
La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán solicitó, el pasado 6 de mayo, su personación como perjudicada en la causa, si bien el juez instructor decidió posponer la decisión sobre si procede o no dar acceso a la multinacional a la causa hasta después del alzado del secreto de las actuaciones. Esta medida, que permite únicamente al juez y al fiscal ir conociendo el avance de las pesquisas, fue acordada para impedir cualquier tipo de interferencia o manipulación de la investigación, “teniendo presente la posible existencia de información sensible que pudiera comprometer la seguridad de servicios esenciales”, indicó el instructor en el auto en el que aceptó la petición de la Fiscalía de poner en reserva los datos.
Sin embargo, la compañía entiende que el secreto solo impide que el juez desvele las pruebas recabadas en el marco de la investigación, pero en ningún caso limita su derecho a ser tenido como parte del procedimiento. Por ello, el equipo jurídico de Iberdrola presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que se adhirió la Fiscalía, en cuyo informe se posicionó a favor de estimar el recurso.
En un auto, del pasado 2 de julio, al que ha tenido acceso CincoDías, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha seguido el criterio del Ministerio Público y ha dado la razón a la eléctrica. “El secreto no puede interpretarse como una suerte de muro infranqueable que imposibilite la entrada en el proceso de aquellos que ostenten un interés legítimo”, indica la resolución.
El grupo eligió Iberdrola España para liderar la personación como perjudicada, al ser la titular de la tres sociedades con las que opera en el territorio nacional (Iberdrola Energía España, Iberdrola Energía Sostenible e Iberdrola Redes España), que tienen “infraestructuras críticas”, designadas así por la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, como los centros de operaciones y control de unidades de generación, de instalaciones de distribución eléctrica, de renovables y energía hidráulica.
El Gobierno descartó el ciberataque
Aunque el Gobierno descartó en su informe, presentado el pasado 17 de junio, el ciberataque como causa de la caída del sistema eléctrico, el estudio sí identificó varias “vulnerabilidades” de esa índole en diferentes etapas del sistema eléctrico español. En paralelo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, mantiene abierta la investigación que inició de oficio (en el momento del incidente estaba en funciones de guardia) para esclarecer si algún factor informático tuvo algún tipo de incidencia en el apagón a gran escala. Para ello, entre las primeras diligencias, el instructor solicitó informes a Red Eléctrica (REE, con un 20% de capital público) y al Centro Criptológico Nacional sobre las causas del apagón, así como a la Jefatura de Información de Policía.
Esta no es la única causa judicial que Iberdrola ha abanderado para poder ejercer las acciones civiles y penales derivadas del denominado “cero eléctrico” y tratar de quedar exento de cualquier mínima responsabilidad. La eléctrica ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pide que se invalide el comité formado por el Ejecutivo para la investigación de la desconexión eléctrica que paralizó la península Ibérica, prácticamente, durante toda la jornada.
El recurso fue planteado mucho antes de conocer las conclusiones del informe, exactamente 17 días antes de que el Gobierno hiciera público el resultado de la investigación del comité de expertos, que apuntó hacia Red Eléctrica y las compañías energéticas, sin mencionar expresamente cuáles, como responsables del gran apagón. Sin embargo, el reparto de culpas ya se venía aireando desde días atrás entre las propias partes: por un lado, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, deslizó en varias intervenciones que la operativa de algunas centrales de generación propiedad de las eléctricas no estaban funcionando como debían en el momento del apagón; y por el otro, las eléctricas achacaron la responsabilidad al operador del sistema.
Finalmente, el comité de expertos, cuya validez ha puesto en cuestión Iberdrola, hizo una mezcla de ambas tesis y señaló que la caída de la electricidad fue un problema de sobretensión en la red que no fue amortiguado correctamente, debido a un posible error en la planificación de REE para ese día y al funcionamiento aparentemente anómalo de las centrales que deberían haber ayudado a controlar esa tensión.
