La economía española crece el triple que la media de la eurozona, pero la mejora no se percibe con la misma intensidad en la calle. Si la crisis de la vivienda supone una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que la identifica como la mayor fuente generadora de desigualdades, tampoco hay fe en que se produzca una revolución copernicana en el corto plazo. Más de la mitad de la población, un 52%, siente que el ascensor social está roto y que la posibilidad de progresar en la vida depende del origen y no de sus capacidades y logros, según la encuesta Vivir la desigualdad que publica este martes Oxfam Intermón.
Estos datos dejan al descubierto, una vez más, el choque entre la percepción social y las cifras macro. Estas últimas sitúan a España como la gran economía desarrollada que más crece, al calor del tirón del empleo, en máximos gracias a una población que va de camino a los 50 millones de habitantes a lomos de la inmigración, a la vez que la tasa de paro está en mínimos desde 2008. El Termómetro 5D elaborado por 40dB. para CincoDías y EL PAÍS publicado la semana pasada llega a conclusiones parecidas: el sentimiento económico de los españoles roza el pesimismo.
La clave está en que los datos agregados no captan la realidad de todas las capas de la población ni sus expectativas. Los más pesimistas, según la encuesta de la ONG, son las mujeres, los jóvenes, las personas racializadas y los hogares de bajos ingresos, quienes se sienten más estancados y vulnerables por tener, en mayor medida, empleos precarios y sueldos y ahorros más bajos.
La vivienda, como ya es costumbre —triste— en los últimos años, se merece un capítulo aparte. La disponibilidad habitacional es insuficiente para acoger a una población que crece con fuerza, y la oferta responde calentándose; los precios están en máximos desde la burbuja inmobiliaria y el mercado se ha convertido en un embudo.
El 45% de los encuestados por la ONG declara que la crisis de la vivienda les afecta y quienes viven de alquiler son los más desesperanzados. El 73% de los inquilinos entrevistados afirma “sentirse directamente afectado por la crisis habitacional”, frente a un 33% entre personas propietarias. Y es más: menos del 15% de quienes no tienen inmuebles en propiedad cree que en el futuro podrá comprarse una vivienda.
“En un país donde más del 60% de quienes no tienen una vivienda en propiedad cree que no podrán acceder a una, la desigualdad es una realidad cotidiana que se ha cronificado en la vida de miles de personas” afirma en un comunicado difundido por la ONG Ernesto García López, coordinador del documento, que se ha realizado a partir de 4.000 entrevistas centradas en las principales causas que avivan las desigualdades.
La economía doméstica es otro de los grandes focos de descontento. El nivel de ingresos, según los encuestados, supone la segunda fuente de desigualdad por detrás de la vivienda, con una puntuación de 7,2 sobre 10. Tres de cada diez personas afirman que sus rentas no les permiten llevar una vida digna; un 40% asegura no poderse permitir irse de vacaciones ni una semana al año y el mismo porcentaje dice no tener ahorros suficientes para afrontar un gasto imprevisto superior a los 600 euros. Además, una de cada cuatro reconoce haber tenido que pedir ayuda económica a su entorno. Una vez más, mujeres, jóvenes y personas racializadas son las que muestran los mayores índices de insatisfacción.
Al hilo de estos datos, un porcentaje importante de la sociedad asegura haber tenido que renunciar a cuidados médicos o a mejorar su formación por no poder costearlos. Una de cada cuatro personas deja de ir al dentista por motivos económicos y un 52% ha interrumpido su formación.
Redistribución
La proporción de ciudadanos que cree que España es un país desigual es elevada y alcanza el 79% de los encuestados. Aun así, la cifra ha mejorado en tres puntos porcentuales en comparación con la anterior edición de la encuesta —que fue la primera y se elaboró en 2023—, y más de seis de cada diez confían en que la situación puede cambiar si se toman las medidas adecuadas. Y una de las grandes prioridades en este sentido es garantizar el acceso a una vivienda, opción señalada por más del 40% de los ciudadanos, cinco puntos más que en el informe anterior.
La segunda medida que señalan los encuestados como más urgente está vinculada con las rentas: sueldos más altos y empleos de mejor calidad, con un 37,8% de las preferencias. En este caso, la cifra ha bajado con fuerza —en 2023, más del 46% lo señalaba como prioritario—, un dato que respalda las buenas cifras de ocupación y la moderación de la inflación. En tercero y cuarto lugar se sitúan el acceso a la sanidad y la educación pública.
Los principales responsables de que estas grandes brechas se mantengan, según cuatro de cada diez ciudadanos, son las Administraciones públicas, seguidas de los partidos políticos y las grandes empresas. Para más de la mitad de la población, el Estado es también el actor con más capacidad para combatir la desigualdad, aunque una abrumadora mayoría (73%) considera que el sistema tributario no redistribuye de forma eficiente la riqueza y cerca de un 60% cree que los más ricos —tanto personas físicas como empresas— pagan proporcionalmente pocos impuestos.