La Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa que brinda asesoramiento a sus Estados miembros para adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos, no se posiciona por ninguna de las propuestas opuestas del sector conservador y el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reformar el sistema de elección de los 12 vocales jueces del órgano. El plenario de la Comisión no se decanta por ninguna de las dos fórmulas y considera que ambas tienen puntos positivos que se podrían combinar, aunque advierte del “riesgo de politización interna” de un sistema de elección corporativo y, por tanto, exclusivo en el que los jueces eligiesen a los jueces, a diferencia del modelo actual en el que participan las Cortes.
El acuerdo alcanzado en junio del año pasado por el PSOE y el PP para renovar el CGPJ incluyó una ley orgánica que obligaba a los nuevos vocales a elaborar un informe que analizara los sistemas europeos de elección de los Consejos análogos al español y a formular una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 vocales jueces (la designación parlamentaria de los otros ocho, juristas de prestigio, está blindada en la Constitución). La ley imponía cuatro condiciones: que la propuesta fuera aprobada por tres quintos del pleno; que contemplara “la participación directa de jueces y magistrados”; que pudiera ser “evaluada positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea”; y que establezca “un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos”.
La Comisión de Venecia considera que la opción de que los jueces elijan directamente a los miembros judiciales del CGPJ, “con el objetivo de eliminar la politización del proceso parlamentario”, es un enfoque “bienvenido, ya que cumple con el estándar europeo de elección de candidatos judiciales mediante votación entre pares”, según el borrador de la reunión al que ha tenido acceso EL PAÍS. Pero al mismo tiempo previene de las consecuencias que el corporativismo podría tener en la independencia judicial: “Sin embargo, no debe ignorarse el riesgo de politización interna, especialmente cuando las asociaciones judiciales pueden ejercer una influencia significativa en las nominaciones y las campañas, lo que podría influir en el proceso electoral. El proceso electoral debe protegerse no solo de la interferencia externa, sino también de la politización interna, ya que ambas podrían socavar la independencia judicial”.
La mayoría de las asociaciones judiciales son de tendencia conservadora. La asociación mayoritaria es la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con 1.355 de los 5.408 miembros de la judicatura, según el recuento de finales de 2023, y reúne al ala más conservadora. La APM ya mantuvo una actitud muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez durante la anterior legislatura, lideró la amenaza de huelga de jueces y fiscales en reclamo de una subida salarial y fue la única que se quedó fuera del pacto entre el Ejecutivo y el resto de asociaciones profesionales de ambas carreras. En esta legislatura la APM no se esperó a que se registrase la ley de amnistía, aprobada en mayo del año pasado en el Congreso, para pronunciarse en contra.
En cuanto a la opción del sector progresista, la Comisión entiende que hace que el procedimiento “sea vulnerable a la politización externa en el Parlamento”. Y añade que el Parlamento dispone de una amplia discreción para seleccionar candidatos, “sin criterios claros ni la obligación de justificar adecuadamente los motivos”. También le achaca que carece de mecanismos adecuados para evitar el “bloqueo” y “estancamiento parlamentario”. Según la Comisión, la preelección de los miembros judiciales del Consejo de la Judicatura por parte de los jueces “es valiosa” en general, “pero insuficiente para cumplir con el estándar de elección entre pares, ya que va seguida de su elección política”. “Por lo tanto, en este sentido, la opción [progresista] no cumple con los estándares europeos”, concluye.
La Comisión, que se pone a disposición de las autoridades españolas para seguir brindándoles su asistencia en este asunto, distingue que las dos opciones difieren principalmente en la participación de las Cortes en la elección de los miembros judiciales. La opción conservadora establece que los candidatos judiciales sean nominados por 25 jueces o una asociación judicial, y que los jueces elijan directamente a los miembros del CGPJ entre estos candidatos. La alternativa progresista prevé la nominación por 30 jueces o una asociación judicial, seguida de una preelección por parte del Poder judicial para crear una lista de candidatos preseleccionados, y su selección final por parte del Parlamento.
La Comisión recuerda en sus conclusiones que el CGPJ “no logró un acuerdo” de reforma “y presentó dos propuestas alternativas”. El pleno del Poder Judicial resolvió el pasado febrero, ante las posturas enfrentadas de progresistas y conservadores por la falta de acuerdo sobre cómo se debería elegir a los 12 vocales jueces del órgano, elevar a las Cortes un documento con los modelos opuestos que defiende cada bloque: el de los progresistas basado en la elección por parte del Parlamento, aunque con un proceso electoral previo entre jueces; y el de los conservadores, con elección directa por parte de la carrera judicial, sin intervención del Congreso y el Senado. Las discrepancias entre los dos bloques no se limita al sistema de elección de los vocales jueces, sino que difieren incluso sobre cómo interpretar la literalidad de la ley. Para los conservadores, el hecho de que la propuesta deba implicar “la participación directa de los jueces” en la elección de los vocales supone que estos sean elegidos directamente por los jueces, mientras que los progresistas creen que esa redacción da margen para negociar una fórmula mixta de la que forme parte el Parlamento.
Fuentes gubernamentales defienden que “lo fundamental” es que el modelo que se aplique “sea fruto de un consenso, como el que ya se alcanzó con el sistema vigente”, un escenario que no se da en este momento ni en el Parlamento ni entre los propios jueces. “Seguimos defendiendo el modelo actual, que ha asegurado la independencia judicial y garantizado que las decisiones se tomen por mayoría cualificada, lo que ha evitado que una sensibilidad corporativa o partidista pueda capturar el CGPJ”, observan en el Ministerio de Justicia.
El ministerio que dirige Félix Bolaños, responsable además de la cartera de Presidencia y de Relaciones con las Cortes, remarca que el informe de la Comisión de Venecia reconozca los riesgos del modelo corporativo, donde solo los jueces eligen a los miembros judiciales, es decir de “la politización interna a través de las asociaciones judiciales y la posible captura del CGPJ que lo aleje de la defensa del interés general, con el correspondiente menoscabo de la independencia judicial y de la eficiencia del servicio público de la justicia”.