La segunda causa abierta contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sigue su curso. La jueza María Inmaculada Iglesias, titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, examina ahora la posible comisión de delitos de corrupción en los negocios (el soborno del ámbito empresarial) y administración desleal (daño a un capital administrado) por parte de Amador. Además, Iglesias ha procesado recientemente a Amador en la pieza que originó el caso en marzo del año pasado, y que versa sobre un supuesto fraude fiscal de 350.910 euros.
Este jueves ha declarado María Gloria Carrasco, investigada por un supuesto soborno de 500.000 euros por parte de la pareja de Ayuso. Carrasco es la mujer de Fernando Camino, directivo del gigante sanitario Quirón Salud y a quien Amador compró en diciembre de 2020 una empresa de estética, Círculo de Belleza SL, que carecía de actividad y patrimonio, según los informes de la Agencia Tributaria. Carrasco ha declarado este jueves durante poco más de una hora. Según fuentes judiciales, solo ha contestado a preguntas de la jueza, al fiscal y su abogado. Carrasco ha explicado que la venta fue correcta y ha aportado datos y detalles, si bien no ha aportado documentación, por ahora. Las mismas fuentes apuntan a que Carrasco ha negado el supuesto soborno y ha calificado la compraventa como “razonable” para proyectos y que esta se produjo tras la propuesta de Amador.
Amador le dijo el pasado 10 de abril a la jueza que el valor de la empresa residía en la red de contactos de Carrasco con farmacias de toda España, según fuentes conocedoras de su declaración. Alegó que pretendía lanzar el proyecto “Covid seguro”, que iba a consistir en ofrecer un certificado de calidad a esas boticas. Sin embargo, nunca puso en marcha ese plan. En su lugar, le cambió el nombre a la empresa por el de Masterman & Whitaker y luego, según las inspectoras de Hacienda, intentó usar esa sociedad con fines defraudatorios en su actividad usual, la de consultoría sanitaria.
La Fiscalía y las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid creen que aquella compraventa se debía a los supuestos favores que Amador le debía a Camino, el ejecutivo de Quirón. Ambos habían hecho negocios desde años antes. En concreto, meses antes de esa operación de 2020, en la primera ola de la pandemia, Amador se embolsó dos millones de euros como intermediario en una compra de mascarillas por parte de otra empresa en la que Camino es consejero, la gallega Mape.