La Fiscalía pide 39 años y 6 meses de cárcel para el director de un coro de una iglesia evangelista de Valencia por seis delitos continuados de abuso sexual contra seis menores de entre 5 y 10 años, un delito de exhibicionismo y otro de exhibición de material pornográfico.
La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia juzga desde este miércoles y hasta el viernes al acusado, que se valió de la influencia que tenía su familia en la iglesia evangelista ―su madre era profeta y su padre pastor― para cometer presuntamente diferentes abusos sexuales a seis menores de edad, tres niños y tres niñas de entre cinco y diez años, en domicilios de dos localidades cercanas a Valencia entre 2009 y 2019, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Las víctimas sufren trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado anímico deprimido y en algunos casos trastorno de estrés postraumático y afectación psicológica derivada de estos hechos, según la calificación del fiscal, que considera que no concurren circunstancias modificativas de responsabilidad criminal en el procesado.
Con una de las víctimas, supuestamente, los abusos se repitieron a lo largo de diez años. En otro de los casos, con dos hermanos menores de edad, el procesado también les puso un vídeo de contenido pornográfico y les instó a masturbarse.
Por los delitos continuados de abuso sexual pide penas de 6 y 7 años de prisión, y prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio o procedimiento en un periodo de ocho años en un radio de 300 metros, así como inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo de 10 años por cada uno de los delitos.
Por el delito de exhibicionismo solicita 9 meses de prisión, prohibición de acercarse y comunicarse en un periodo de dos años a la víctima; y lo mismo por el de exhibición de material pornográfico en un caso y de un año en otro, además de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo de cuatro años.
Asimismo pide diez años de libertad vigilada cuyo contenido se concretará en ejecución de sentencia (por el Juez de Vigilancia Penitenciaria). En cuanto a la responsabilidad civil, pide indemnizaciones que suman 88.000 euros por los daños morales, y 2.500 por las secuelas en un caso. El fiscal pide también que se mantenga la prisión provisional para el acusado y que se impida la confrontación visual del procesado con las víctimas durante las declaraciones.