Macrooperación antidroga de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y Europol. El instituto armado español ha informado este martes de la desarticulación de una de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico más activas con epicentro en el archipiélago canario. Tras dos años de trabajo, la operación Silbo ha conducido a la detención de 34 personas en unos 40 registros por toda España, según ha explicado la Guardia Civil, y el desmantelamiento de un laboratorio en el sur de la isla. El cabecilla era un empresario local de 42 años.
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha contado con la colaboración de la administración para el control de drogas estadounidense (DEA), de la Policía Judicial de Cabo Verde y con la coordinación de Europol. Los datos facilitados dan cuenta de las dimensiones: 2.185 kilogramos de cocaína, armas de fuego modificadas en perfecto estado de uso, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y 5 embarcaciones (barco pesquero, un velero y 3 lanchas rápidas), así como el bloqueo de bienes muebles e inmuebles por valor de más de dos millones de euros.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife tomó declaración a 28 de los detenidos el 13 de septiembre, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De ellas, 18 quedaron en prisión provisional por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Otros ocho quedaron libres con medidas cautelares, como retirada del pasaporte o prohibición de salida del territorio. 21 de los detenidos son de procedencia canaria; otros dos latinoamericanos, tres peninsulares, uno magrebí y uno de Europa del Este.
En el centro del entramado se ubica un empresario tinerfeño de 42 años, con intereses en el ocio nocturno, la restauración y la construcción, principalmente, y propietario de varias empresas en el extranjero. Según la investigación, esta red de sociedades se ponía al servicio de “una compleja organización criminal desde las Islas Canarias, para introducir importantes remesas de estupefacientes a nivel regional, nacional e internacional”.
La investigación económica, de hecho, ha permitido conocer que este detenido había construido un “entramado societario para el blanqueo” que realizaba fuertes inversiones en distintos sectores económicos, a través de empresas nacionales y extranjeras del sector de la restauración, inversiones inmobiliarias y otras, haciéndose valer para estos fines de terceras personas de su entorno de confianza. También, sostiene la Guardia Civil, estaba vinculado con sociedades pesqueras y otros activos ocultos a terceros, y utilizaba, así mismo, una empresa de alquiler de vehículos también para blanquear los beneficios obtenidos en el tráfico de drogas, así como para la distribución de los estupefacientes mediante el uso de su flota.
En abril, de hecho, la Guardia Civil intervino 66 kilos de cocaína que se pretendían introducir en Tenerife mediante un vehículo de esta empresa, ocultos ”mediante un sofisticado sistema hidráulico“. Las fuerzas de seguridad averiguaron que el cargamento había sido sustraído previamente a otro grupo criminal, para lo que habían secuestrado a un integrante.
Notorias cantidades
El empresario negociaba directamente la entrega de “notorias cantidades” de cocaína desde barcos nodriza procedente de Sudamérica, a otras embarcaciones que gestionaba para, posteriormente, introducirlas en el archipiélago.
La nota destaca dos intervenciones: una primera con destino a Santa Cruz de Tenerife de 500 kilogramos de cocaína en enero de 2024, que viajaba en una embarcación que la había transbordado previamente desde un buque procedente del continente sudamericano. La segunda incautación se produjo en noviembre: en este caso, la partida de droga ascendía a 1.600 kilogramos.
Para este segundo envío, el cabecilla había dispuesto un barco pesquero en Guinea-Bisáu, junto a un socio afincado en Galicia, con la intención de abastecerse del estupefaciente de la misma manera que la anterior aprehensión, aprovechando la conocida “ruta africana de la cocaína”: esta persona contaba con infraestructura marítima y terrestre en otras islas del archipiélago, “empleadas para recibir importantes cantidades de hachís procedente de Marruecos, las cuales eran enviadas a Reino Unido” a través de contactos británicos en la Costa del Sol. Esta vía les permitía “obtener un rápido retorno de beneficios económicos”, según el cuerpo armado.
Uso de la fuerza
El grupo criminal utilizaba a una persona de nacionalidad cubana y otra colombiana, “ambos con formación militar” para que llevasen a cabo “acciones violentas sobre determinados objetivos para hacerse con activos de distinta índole”. La investigación ha puesto de relieve que estos dos sicarios llegaron, incluso, a forzar a un tercero en el sur de Tenerife, para apropiarse de unos terrenos en el municipio de Candelaria.
A lo largo de la investigación, también se pudo saber que también tenían proyectada la adquisición de armas de fuego ilegales en la península, mientras impartían formación militar a otros integrantes del grupo.