Siempre me ha parecido un bajón que no pudiese meter mi propia comida a los festivales. En la gran mayoría de estos, o cenas unas míseras patatas fritas, que suele ser lo más barato de la carta, o estás obligado a pagar 15 euros por una hamburguesa en el mejor de los casos. Ahora, gracias a la nueva acción del Ministerio de Consumo contra una de las grandes promotoras de nuestro país estamos un poco más cerca de erradicar todo esto.
¿Por qué los festivales no dejan meter comida de fuera? Seguro que muchos lo achacan a un tema de seguridad, por todo lo que puedes envolver en papel de aluminio. La realidad, como casi todo en este tipo de negocios, es que detrás hay una razón monetaria. El periodista Nando Cruz cuenta en su libro ‘Macrofestivales: El agujero negro de la música’ que las ventas en barra suelen suponer alrededor de un 40% de los ingresos de un festival.
No es una locura imaginar que el porcentaje de ingresos proveniente de la comida es también elevado. Sobre todo, por las grandísimas colas que se forman en algunos eventos y los amplios espacios habilitados para los diferentes ‘food trucks’. Hay quien simplemente sale del recinto para comer algo por ahí. Es probable que lo que encuentre sea más barato, pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera puedes salir del festival?
Esta es una de las «prácticas abusivas» por las que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente a «una gran promotora de festivales» de nuestro país. Todo, a raíz de una denuncia de Facua. Solo el año pasado, la asociación de consumidores denunció a los organizadores de 28 festivales y conciertos.
El ministerio de Pablo Bustinduy arremete contra aquellos festivales que prohíben el acceso al recinto con comida y bebida del exterior, los que impiden salir y entrar libremente del espacio y los que no admiten la devolución del reembolso de la cantidad sobran de las pulseras cashless, utilizadas en prácticamente todos los eventos. Facua también señala como irregularidad que este sea el único método de pago disponible en la mayoría de casos.
Está por ver cómo de grave se consideran estas prácticas, que podrían suponer unas sanciones que oscilan entre los 100.000 y el millón de euros. Tendremos más noticias dentro de nueve meses, periodo en el que se deberá resolver el expediente de la entidad pública. Hasta entonces, cuidado con llevar un bocadillo a ese festival.