La Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha archivado la investigación sobre las incompatibilidades del exrector Jaume Casals, que durante dos décadas simultaneó su tarea como docente a tiempo completo y sus cargos académicos con la de director del Instituto de Humanidades de Barcelona, una fundación privada vinculada a la Diputación de Barcelona, de la cual también cobraba una nómina. La universidad argumenta el cierre del expediente porque “no se dan las condiciones para establecer la comisión de una falta disciplinaria: la existencia de culpabilidad y del principio de proporcionalidad”.
El campus abrió el proceso a raíz de la investigación iniciada por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), avanzada por este diario, hace más de un año por la irregularidad de Casals a la hora de cobrar dos sueldos, uno como profesor a tiempo completo y otro como director del Instituto de Humanidades, un cargo remunerado con unos 15.000 euros anuales. Antifraude finalizó hace un año sus pesquisas, concluyendo que Casals había cometido una “infracción disciplinaria” e instaba a la UPF a iniciar “un procedimiento disciplinario”.
La UPF consideró que la resolución de la OAC “no obliga a abrir ningún expediente”, y aseguró que iniciaba un “procedimiento informativo reservado”. Este procedimiento ha sido instruido por un catedrático de Derecho del campus, que finalmente propuso el archivo del caso, explican desde la Pompeu. La rectora, Laia de Nadal, tras revisar la instrucción, también ha optado por el carpetazo del caso, y así informó de ello en el Consejo de Gobierno del pasado 28 de mayo, a preguntas de miembros de la institución.
Pero la universidad no ha dado respuesta, de momento, al requerimiento de Antifraude. Esta institución asegura que el pasado 10 de febrero preguntó a la UPF sobre las acciones realizadas en relación con su resolución. La universidad respondió que mantenía una información reservada, pero no ha informado del cierre del expediente, según Antifraude. Falta ver si ahora la institución vuelve a requerir una respuesta de la UPF y si dará por buena la decisión del campus. Con todo, Antifraude admite que tiene funciones limitadas y no puede sancionar en este tipo de casos.
La UPF también ha optado por dar carpetazo a otro de los casos sonoros relacionados con sobresueldos de catedráticos. En este caso, se trata del expediente abierto a José García Montalvo y Teresa Garcia-Milà, que durante años cobraron sobresueldos por sus cargos en consejos de administración de empresas privadas o bancos: 275.000 euros anuales Montalvo, por su posición en Abanca y Garcia-Milà, unos 287.000 euros anuales de Repsol. En estos casos, Antifraude concluyó que había “indicios de fraude o corrupción compatibles con responsabilidades muy graves”. La universidad regularizó la situación de ambos catedráticos, pasándolos a profesores a tiempo parcial, pero también inició un procedimiento de información reservada, que acabó con la misma conclusión que en el caso de Casals —“no se cumplía el criterio de culpabilidad”—, aunque sí admitía que se había producido una irregularidad.
A finales del año pasado, la rectora resolvió también el archivo del caso, cosa que ha allanado el camino para que Teresa Garcia-Milà sea nombrada presidenta del Cercle d’Economia, un nombramiento que hacía meses que se rumoreaba, pero que se oficializó la semana pasada.