Desde el cuarto de millón de empleados en España al cierre de 2019, las seis grandes constructoras cotizadas de este país han bajado a una cifra total, a diciembre de 2024, cercana a los 170.000. El número de trabajadores a cargo de OHLA, Sacyr, Ferrovial, ACS, Acciona y FCC se ha resentido en 76.335 personas. Las tres primeras compañías presentan los mayores adelgazamientos en esos cinco ejercicios.
Las que han sido durante décadas empresas sistémicas para el empleo, con fuerte influencia en negociaciones como la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, pierden fuerza en debates más actuales, como el de las subidas de salario mínimo, el de las 37 horas semanales o el endurecimiento de los registros horarios. Las plantillas menguantes se explican en buena parte por la concentración en mercados exteriores de la obra civil y por la venta de negocios relacionados con los servicios urbanos y medioambientales, que fueron declarados esenciales durante la crisis sanitaria. Por esta última vía se han soltado miles de efectivos. La estrategia, seguida por Ferrovial y Sacyr, e intentada por ACS, ha servido para amortiguar la escalada de costes laborales en un contexto de inflación desbocada. Pero la internacionalización se paga, también con salarios más altos, y la partida del gasto de personal continúa presionando los márgenes.
El menor peso del empleo local entre las seis grandes del negocio constructor se cifra en un 30,9% en España, por el 7,6% que han reducido sus plantillas en el exterior entre 2020 y finales de 2024. En total, ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr mantienen 350.400 trabajadores en todo el mundo, desde los 441.600 que sumaban a finales de 2019. Y pese a haber vendido negocios con miles de asalariados, el gasto total por sueldos y cotizaciones no ha hecho más que engordar: la suma es de 18.632 millones, lo que está un 25% por encima de la mochila con que cargaban cinco años atrás (14.890 millones).
La del personal suele ser la segunda gran partida de gasto para estas compañías después de lo que dedican al aprovisionamiento (materias primas y trabajos realizados por terceros) y, normalmente, por delante del gasto financiero y de la factura por los sistemas de retribución en acciones para los directivos.
Solo FCC y Acciona, que preservan la misma política de diversificación de antaño en sus actividades (desde la obra civil hasta el inmobiliario y los servicios), tienen ahora más fuerza laboral en España que antes del Covid-19. El grupo que controla el magnate mexicano Carlos Slim la ha reforzado un 10,8%, hasta los 49.172 empleados, y el de la familia Entrecanales, con fuerte presencia en el sector energético, lo ha hecho un 11%, llevando sus equipos hasta los 23.184 efectivos.
ACS baja de los 101.000 trabajadores con que contaba cinco años atrás en España hasta una cifra de 84.000 (un 16,7% menos), lo que se explica esencialmente por la desinversión en el área industrial con la venta de Cobra en diciembre de 2021. El grupo que lidera Florentino Pérez también ha rebajado su plantilla internacional en el periodo un 18%, pese a lo que soporta un mayor gasto laboral, con 9.284 millones en 2024 frente a los 8.400 millones de 2019.
Ante la tendencia de focalización en la obra civil y la gestión de infraestructuras, ACS ha tratado de vender la filial de servicios Clece, hasta ahora sin éxito al no obtener las valoraciones deseadas. Por ello, el mayor de los grupos de construcción se mantiene entre los grandes empleadores del país junto a El Corte Inglés o Mercadona.
Las tres que han perdido peso de forma notable en el mercado local son Ferrovial, con 6.183 trabajadores (-85,4% respecto a finales de 2019); Sacyr, que tiene en nómina a 5.343 (-81,4%), y OHLA, que ha descendido hasta los 2.467 trabajadores directos en España (-74,1%). Entre las tres tuvieron 80.500 efectivos en todo el territorio español a la entrada de la pandemia, y apenas suman 14.000 en estos momentos.
Ferrovial traspasó su actividad de servicios en España por paquetes entre 2021 y 2022. El negocio de Medio Ambiente, con 16.000 trabajadores, fue a manos de PreZero (Grupo Schwarz) por 1.133 millones, y el de servicios a infraestructuras se lo quedó Portobello, creando el grupo Serveo. En estos años, la compañía que preside Rafael del Pino también se ha desprendido de filiales de servicios como Broadspectrum en Australia y Amey en Reino Unido, en la que tuvo el control durante 19 años.
La empresa que decidió deslocalizar su sede social a Países Bajos ha dado un tijeretazo del 71% a la plantilla global, hasta los 25.500 empleados (al ajuste del 85% en España se le suma otro del 59% en el exterior), mientras el gasto global de personal se le ha disparado en los últimos cinco años. Ferrovial pagaba 1.027 millones en 2019 (descontados los trabajadores de la división de Servicios, negocio que en 2019 ya estaba en venta) y declaró 1.760 millones de euros en 2024 (+71,4%). Más de 700 millones de euros de diferencia cuando la plantilla ha evolucionado desde los 18.116 trabajadores en todo el mundo (descontados los 71.000 de Servicios) a los citados 25.500. Pesan el IPC, actualizaciones de convenios o las contrataciones en mercados como el estadounidense, con personal más caro que el español.
Sacyr es la otra que más ha centrado el tiro en la construcción y operación de infraestructuras, vendiendo en junio de 2023 su negocio Valoriza Servicios Medioambientales a un fondo de Morgan Stanley, y poniendo Sacyr Facilities en manos de Serveo en diciembre de ese año. El grupo presidido por Manuel Manrique opera en la actualidad con un 81% menos de plantilla española que a finales de 2019: 5.343 efectivos frente a 28.700 antes de la pandemia. En su caso, los equipos en la totalidad de sus mercados han menguado un 65%, hasta los 15.239 trabajadores, y el gasto en personal se modera. La partida es de 714 millones el año pasado frente a los 1.187 millones de 2019.
La de OHLA en los últimos cinco años es la crónica de un gigante que pelea por recuperar el equilibrio, poniendo la mayor parte de los huevos en la cesta de la internacionalización. La empresa que preside Luis Amodio, en proceso de venta de la división de servicios que encabeza Ingesan, ha reducido su plantilla desde los 18.782 trabajadores hasta poco menos de 15.000 en todo el mundo. El ajuste ha sido por goteo y se ha cebado en España, donde baja de 9.500 empleados en 2019 a menos de 2.500 (-74%). En el mismo periodo, OHLA ha ensanchado sus recursos humanos en el exterior un 35%, hasta los 12.500 hombres y mujeres. Norteamérica, República Checa, Chile y Perú son sus destinos estratégicos en el panorama internacional.
Horas extra
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha salido al paso del pretendido apuntalamiento del registro horario vía real decreto, que planea el Ministerio de Trabajo, una vez que ha embarrancado la reducción de la jornada laboral. El colectivo que representa a todo el sector constructor pone 1,3 millones de trabajadores en España sobre la mesa para advertir que sería una amenaza para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación.
La patronal habla de una cruzada contra las horas extras que “sólo empeoraría la ya de por sí injusta limitación y las rigideces que ya existen en España, donde el techo está en las 80 horas anuales frente a una media mucho más elevada en la Unión Europea de 450 horas”. Ese límite, a juicio de la organización, hundiría hasta un 27% el salario de los trabajadores, lo que traduce en unos 7.000 euros anuales.
La CNC que lidera Pedro Fernández Alén ha ido tomando protagonismo en los últimos años al mismo ritmo que lo han ido perdiendo las Ferrovial, OHLA, Sacyr y compañía, que unen fuerzas en la asociación Seopán. Entre los lamentos de la CNC se escucha el de la falta de 700.000 efectivos para trabajar en la obra. Ante este déficit, la patronal sugiere que los esfuerzos de la Administración deben centrarse en controlar la ejecución de las horas extras, su abono y el necesario reflejo en nómina y cotización, “dejando su determinación a la negociación entre empresarios y sindicatos, como ocurre en toda Europa”.
Los datos que maneja el sector indican que el coste laboral en la construcción española se acerca a los 3.300 euros por trabajador, el máximo de la serie histórica del INE, y por encima del promedio de todos los sectores.