La dura ofensiva de Israel en Gaza, que ha llevado al enclave a la hambruna y a la que expertos en derecho internacional, organizaciones humanitarias y responsables políticos no dudan ya en calificar de genocidio, copa desde hace casi dos años titulares y agendas diplomáticas al más alto nivel. Es también un clamor entre buena parte de la población y ha llevado finalmente esta semana a la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen a anunciar la suspensión parcial del acuerdo de asociación con el país judío en su parte comercial. En España, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció el lunes un decreto para legalizar el embargo total de armas a Israel y empleó por primera vez el término genocidio para referirse al sufrimiento de los palestinos. Cuando el mundo comienza a retratarse ante lo que pasa en Gaza, ¿qué opinan las grandes firmas de gestión de activos que poseen acciones de compañías israelíes o de empresas con estrechas relaciones comerciales con Israel? ¿Cómo responden, más en concreto, aquellas gestoras que se reivindican como socialmente responsables?
Hasta el momento, la penalización a la exposición a Israel es mínima entre las grandes gestoras. La decisión más contundente la ha tomado en el mes de agosto el fondo soberano noruego, el mayor del mundo, que anunció la exclusión de su cartera de las empresas israelíes junto a la estadounidense Caterpillar, que suministra las excavadoras que emplea el ejército israelí en Gaza y en la construcción de los asentamientos ilegales de Cisjordania. El Norges Bank argumentó su decisión en “el riesgo inaceptable de que las empresas contribuyan a violaciones graves de los derechos de las personas en situaciones de guerra o conflicto”. Días antes el Ministerio de Finanzas de Noruega —país que ha sido junto con España uno de los primeros en Europa en reconocer el estado palestino, en mayo del año pasado— había solicitado al fondo soberano del país que revisara las inversiones del fondo en Israel ante el deterioro de la situación en Gaza y Cisjordania. A finales de junio, el principal fondo de pensiones de Noruega —KLP Pension, privado e independiente del fondo soberano— también había anunciado la exclusión de su cartera de inversiones de la estadounidense Oshkosh Corporation y la alemana Thyssenkrupp por vender a Israel armas que se usan en Gaza. Un año antes ya había excluido por el mismo motivo a Caterpillar.
Las inversión bajo criterios de responsabilidad social es uno de los pilares, junto al respeto al medio ambiente y al buen gobierno corporativo, de la denominada inversión responsable (ESG por sus siglas en inglés), una vocación declarada por gran parte de la industria de la gestión de activos y que firmas como DPAM, Candriam, Nordea, Robeco, Mirova o Pictet han hecho marca de la casa. Estas gestoras afrontan inevitablemente el dilema de cómo defender esa etiqueta a la vez que invierten en un país acusado de genocidio y cuando ya hay un listado de multinacionales a las que la ONU acusa de estar enriqueciéndose con lo que ocurre en Gaza.
La relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, publicó un informe a finales de junio titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio en el que señala a las empresas que se benefician de los crímenes de Israel en Gaza. En el documento, aparecen las compañías de excavadoras y maquinaria pesada Hyundai, Volvo y Caterpillar, cuyos productos que emplean para demoler las casas de los palestinos; las fabricantes de armas israelíes Elbit Systems e Israel Aerospace Industries (IAI); la estadounidense Lockheed Martin, que lidera la construcción del caza F-35 y en el que también participa la italiana Leonardo, o la española CAF, que está construyendo el tren que va a conectar Cisjordania con Jerusalén Occidental, la parte de la ciudad reconocida por la comunidad internacional como israelí. “Mientras la vida en Gaza está siendo arrasada y Cisjordania sufre un ataque cada vez mayor, el presente informe muestra por qué continúa el genocidio perpetrado por Israel: porque es lucrativo para muchos”, concluye Albanese.
Salvo el posicionamiento público de las citadas gestoras noruegas, poco se ha movido en el mundo de la gestión de activos tras conocerse el informe de la ONU. En una gestora internacional que reivindica la sostenibilidad de sus inversiones reconocen que “nos preocupa profundamente el deterioro de la crisis humanitaria en Gaza. Actualmente estamos estudiando el informe del Relator Especial de la ONU publicado en julio de 2025 y evaluando la implicación de las empresas en el conflicto en Gaza”. Aun así, el proceso es lento y no implica necesariamente la desinversión una vez realizada esa evaluación. “No vemos que esté calando entre las gestoras el paso dado por el fondo soberano noruego”, añaden en una consultora especializada en responsabilidad social y donde también prefieren hablar desde el anonimato. “Casi todas las grandes gestoras tienen en cartera acciones de Caterpillar”, añaden fuentes financieras.
El ejemplo de Caterpillar ilustra cómo incluso las gestoras que se autodenominan como sostenibles, y que cumplen con los estándares actuales de lo que se considera la ESG, pueden estar invirtiendo en esta compañía estadounidense o en otras sin que salten las alarmas por incumplimiento de los principios de responsabilidad social. La compañía ejemplifica el cambio, nada casual, en la metodología de las agencias de rating especializadas en sostenibilidad. “Caterpillar venía de afrontar una controversia severa por sus negocios en Israel ya hora cuenta con una buena calificación en sostenibilidad”, señala Albert Martí, profesor de la Cátedra de Finanzas Sostenibles de la UPF Barcelona School of Management. El experto explica que, a diferencia de lo que ocurre con la inversión sostenible, que sí cuenta con una regulación específica que pretende clarificar qué puede considerarse una inversión verde o no “en lo social no hay una taxonomía que defina qué es lo socialmente responsable, no hay indicadores técnicos objetivos, cada uno lo interpreta a su manera y se dan decisiones arbitrarias y bajo influencias políticas”. El Parlamento Europeo aprobó en 2023 el reglamento que define qué se considera un bono verde en la UE. En cambio, el último borrador comunitario sobre taxonomía social permanece sin cambios desde 2022. “En la inversión socialmente responsable, la violación de los derechos humanos no se precisa, no se contempla el supuesto de una declaración de hambruna”, añaden fuentes jurídicas.
El papel de las agencias de rating
Las agencias de rating que conceden calificaciones de sostenibilidad son el punto de partida para la inversión socialmente responsable. Con sus calificaciones, las gestoras cuentan con un primer filtro para conocer las políticas ESG de una empresa. Para algunas firmas de gestión de activos, esas calificaciones son de hecho la única referencia de valoración si bien otras toman esos rating de sostenibilidad como elemento para sus propias valoraciones. Y a propósito de Gaza, estas agencias de rating no hacen ningún tipo de valoración.
Morningstar Sustainalytics, una de las principales, anunció en diciembre de 2024 una revisión de sus criterios de análisis por la que quedaban excluidas de la cobertura de sus analistas “cuestiones de derechos humanos relacionadas con disputas sobre territorios contiguos”, con mención expresa al conflicto entre Israel y Palestina. “No cubriremos esas áreas porque las cuestiones de derechos humanos, cuando están relacionadas con disputas territoriales contiguas, son menos propensas a ser objetivas, fiables o coherentes, y están sujetas a factores geopolíticos complejos, opiniones divergentes e informes mediáticos partidistas contradictorios”, señaló la agencia en un comunicado.
Gaza también queda fuera del radar de los análisis de sostenibilidad de S&P. “No revisamos los impactos ambientales o sociales que no son relevantes para la financiación”, explican en el equipo de finanzas sostenibles de la agencia. Y ponen un ejemplo: “un emisor puede estar asociado con una opinión negativa en los medios de comunicación en relación con su impacto en la biodiversidad. Si no consideramos que la biodiversidad sea un factor de sostenibilidad relevante para la financiación, no incorporaremos estos casos en nuestro análisis del contexto de sostenibilidad del emisor”.
“Hay que entender lo que miden los rating de sostenibilidad. Miden cómo los factores sociales, medioambientales o de gobernanza pueden afectar al negocio, a la capacidad de financiación. Los criterios ESG se pueden aplicar a una empresa que sea respetuosa con el medioambiente en sus sistemas de producción y se dedique a la fabricación de bombas. Los rating se centran en el cómo, no en el qué”, explican una consultora de sostenibilidad que también prefiere hablar desde el anonimato.
Así, la indefinición regulatoria y la operativa de las agencias de rating permiten a las gestoras invertir en empresas israelíes y en multinacionales que se benefician del conflicto en Gaza y colgarse a la vez la etiqueta de la responsabilidad social. “Hay que tener en cuenta el reposicionamiento de la industria de gestión de activos hacia el sector de la defensa, ahora es un sector en el que se puede invertir”, reconocen fuentes financieras.
En muchos casos, la presencia en el capital de una empresa con intereses en una zona de conflicto bélico se mantiene a la espera de cambios y mejoras, del mismo modo que los fondos de sostenibilidad invierten en petroleras en proceso hacia las energías renovables. “Dado que hemos identificado el conflicto en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) como una zona de alto riesgo para violaciones de derechos humanos, desde 2021 llevamos a cabo procesos de diálogo activo (engagement) con varias empresas que operan en esta región. Tenemos claro qué empresas pueden ajustar su implicación en posibles violaciones de derechos humanos y cómo nuestro diálogo puede contribuir a ello, mientras que otras empresas continúan teniendo un impacto directo en el conflicto”, explican desde una gestora con fuerte implicación en sostenibilidad. La española CAF deja un ejemplo reciente del difícil, cuando no imposible, equilibrio entre los negocios y el respeto inequívoco del derecho internacional. SNCB, el operador público de redes ferroviarias en Bélgica, confirmó a CAF en julio un mega contrato de hasta 3.400 millones para el suministro de trenes, al tiempo que criticó sus negocios con Israel y le solicitó “una confirmación” de que sus actividades “cumplen con el derecho internacional y con los derechos humanos”.
“Hay que fomentar desde la administración una normativa clara en el ámbito de la inversión socialmente responsable y promover la transparencia”, insiste Martí. En las peticiones de información a grandes nombres de la inversión responsable para la elaboración de este artículo, muy pocas gestoras han querido dar su opinión sobre su exposición a empresas con negocios en Gaza o Cisjordania y menos aún el detalle de si cuentan en cartera con compañías señaladas por la ONU. “El foco informativo está ahora en Gaza pero hay muchos conflictos bélicos y desastres humanitarios en el mundo. El efecto reputacional para las empresas de trabajar en esas zonas es muy limitado y la inversión sostenible tiene que tener más rigor, ser más crítica”, concluye Martí. De momento, la vulneración del derecho internacional queda impune también en Bolsa.