La instantánea del día en el que Donald Trump firmó la ley sobre stablecoins en Estados Unidos el pasado 18 de julio muestra a decenas de hombres trajeados y sonrientes aplaudiendo. Entre ellos, grandes nombres de la industria cripto: los gemelos Winklevoss, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, Brian Armstrong de Coinbase, Jeremy Allaire de Circle. La euforia era palpable y se percibió también en el mercado, con las principales criptomonedas acercándose a máximos. Pero un mes después aquella alegría queda rezagada. El Genius Act, la primera ley en regular el mercado en el país, representa un paso adelante y todos los sectores lo reconocen. No obstante, se detectan ya los primeros fallos. La gran banca ha pedido a los legisladores corregir la normativa y prohibir a cualquier entidad el pago de intereses para la tenencia de stablecoins, un tema que ha elevado el pulso con las empresas cripto.
La ley Genius establece que “ningún emisor autorizado de stablecoin podrá pagar al tenedor de una moneda estable ninguna forma de interés o rendimiento (ya sea en efectivo, en tokens u otra contraprestación), únicamente por la tenencia, uso o retención de dicho activo». En este punto, las entidades financieras detectan un vacío legal: aunque se prohíbe a los emisores, otros actores como exchanges, intermediarios y corredores de Bolsa que actúan como canales de distribución de estos activos pueden seguir ofreciendo recompensas a los usuarios, eludiendo los requisitos de la ley.
Por ello, en nombre de las principales entidades financieras, las asociaciones de banqueros estatales han enviado una carta a los legisladores con el fin de presionar para que se extienda la prohibición de pago de intereses a estos actores, ante el temor de que los clientes prefieran mover sus depósitos bancarios hacia las monedas estables en busca de rendimientos y que esto provoque una fuga de depósitos. “Los bancos impulsan la economía transformando depósitos en préstamos; cuando los depósitos fluyen hacia stablecoins, la creación de crédito se resiente“, se lee en la misiva. En este escenario, aumentarían los costos de los préstamos y se reduciría el crédito disponible para empresas y hogares, alegan.
Un informe del Tesoro de EE UU del pasado abril estima que el auge de este mercado podría llevar a una salida de 6,6 billones de dólares de los depósitos hacia las monedas estables, dependiendo de si esta ofrecen o no rendimientos y en qué medida. Además, apunta que ante una competencia creciente, los bancos podrían verse obligados a aumentar los intereses que pagan a los clientes o buscar fuentes alternativas para financiarse. En cambio, desde Goldman Sachs dudan de que esto pueda ocurrir, al menos por ahora. Los analistas destacan que las stablecoins deberían ofrecer rendimientos mucho más elevados que los bancos y deberían adquirir mayor utilidad y seguridad (los bancos ofrecen a los clientes la protección de seguro de depósitos, mientras que las stablecoins no están aseguradas) para poder atraer a más clientes.
La reivindicación del sector bancario elevó la tensión y la industria cripto contestó a su vez con otra misiva, firmada por la Crypto Council for Innovation y la Blockchain Association. En la carta, el sector rechaza que pueda haber una fuga de depósitos y alega que la mayoría de las reservas de stablecoins se queda en el sistema financiero tradicional: los emisores deben mantener reservas que respalden los activos en todo momento y en una proporción de uno a uno. Estos fondos tienen que estar compuestos por dólares estadounidenses, depósitos o activos líquidos como letras y bonos del Tesoro a corto plazo de EE UU.
Por ello, la industria se ha mostrado firme: las modificaciones exigidas por la banca “buscan crear un entorno anticompetitivo para las stablecoins de pago, protegiendo a los bancos a expensas del crecimiento más amplio de la industria, la competencia y la elección del consumidor, que constituyen la base del sistema financiero y de innovación de EE UU“, afirman.
En la misiva, el sector incide en que las stablecoins de pago no son ni depósitos bancarios ni fondos del mercado monetario ni productos de inversión y que por ello se tienen que regular de otra forma. Prohibir que las plataformas paguen intereses está fuera de discusión, alegan, y eliminar esta posibilidad mientras se permite a las entidades financieras ofrecer depósitos con rentabilidad favorecería a los grandes bancos “que rutinariamente no logran ofrecer rendimientos competitivos y privan a los consumidores de una elección significativa”.
Mientras se enciende el debate en EE UU, la Unión Europea se ha blindado de este riesgo con MiCA. Pablo Urbiola, responsable de regulación digital de BBVA, explica que el reglamento comunitario prohíbe tanto a los emisores como a los proveedores de servicios cripto, el pago de intereses sobre stablecoins, para impedir que estos activos funcionen como un producto de ahorro tradicional. La prohibición incluida en MiCA es aún más amplia, ya que establece que “toda remuneración o cualquier otro beneficio relacionado con el tiempo durante el cual un titular mantenga tales fichas se asimilará a intereses”.
No obstante, MiCA no regula las actividades de staking de criptoactivos, que consiste en bloquear los activos de un usuario para respaldar la seguridad y operaciones de una blockchain concreta y lograr una rentabilidad. Tampoco disciplina los servicios de earn que funcionan como un contrato de préstamo: el cliente transfiere la titularidad de los tokens al exchange, dejando de ser tenedor de los activos y pasando a ser acreedor frente a la plataforma, que le devuelve un rendimiento como contraprestación. Fuentes del sector apuntan que es probable que este servicio también se regule en un posible MiCA 2.