Las operadoras de telecomunicaciones españolas se encuentran entre las empresas que más carga fiscal sufren, pero también son las que más ayudas públicas reciben. Las telecos absorbieron 541 millones en subvenciones en 2024, siendo Telefónica la empresa que más ayudas públicas recibió en todo el país el año pasado, con 311 millones de euros, seguida a mucha distancia por General Motors España (220,2 millones), según el Portal de Subvenciones del Ministerio de Hacienda. Del otro lado, la presión fiscal que sufre el sector, con todo tipo de tributos específicos además de los generales, es desmesurada. Solo Teléfonica, MasOrange y Vodafone pagaron en torno a 4.000 millones de euros en 2024 por impuestos y tasas, según los informes de impacto sobre le economía realizados por cada una de las compañías.
Las tres principales operadoras del país se situaron en el top 10 de las empresas que más subvenciones recibieron. Además de Telefónica, MasOrange se llevó 137,2 millones, situándose en cuarto lugar, mientras que Vodafone España, quedó en el sexto puesto, con 66,1 millones. El resto de la lista que integra las diez mayores beneficiarias está compuesto por: General Motors España (220,2 millones de euros), PowerHoldco (152,8 millones), Mercedes Benz España (104,5 millones), Salcai-Utinsa (63,2 millones), Renault España (57,1 millones), Fertiberia (52,5 millones) y Cepsa (51,3 millones). Fuera de esa lista, se situaron la operadora Avatel Telecom (23,44 millones), y la empresa de fibra óptica Adamo, que recibió 3,09 millones de euros.
Buena parte de estos fondos se concentraron en el programa UNICO Redes Activas, orientado a ampliar la cobertura 5G en municipios pequeños y zonas rurales, con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea. En este programa, Telefónica fue el principal adjudicatario, con 298,34 millones de euros. MasOrange —resultado de la fusión de Orange y MásMóvil— captó 115,84 millones, mientras que Vodafone España recibió de este programa los citados 66,1 millones de euros.
Las ayudas oficiales a las compañías de telecomunicaciones son relevantes si se tiene en cuenta que solo 12 empresas del país recibieron más de 50 millones, y 91 sociedades superaron los 10 millones. Asimismo, 1.334 compañías percibieron al menos 1 millón de euros, de acuerdo con el informe de Hacienda, que también recoge apoyos concedidos a asociaciones, organismos públicos, comunidades de propietarios y sociedades civiles, entre otros. El total de ayudas adjudicado a empresas por todas las administraciones en 2024 fue de 9.261 millones de euros, un 22% menos que los 11.806 millones que se registraron el año anterior.
Fiscalidad asfixiante
Y si las ayudas son generosas, la fiscalidad que grava al sector de las telecomunicaciones es asfixiante. Solo Telefónica España declaró una factura fiscal de 2.808 millones de euros en 2024, cuando su facturación fue de 12.700 millones. Y Vodafone España abonó 511 millones de euros en impuestos en su último ejercicio fiscal (de 1 abril de 2024 al 30 de marzo de 2025). Aunque MasOrange no ofrece cifras oficiales debido al proceso de fusión, su carga fiscal se estima en torno a los 600 millones de euros, sumando la contribución de Orange y MásMóvil, que se fusionaron en abril de 2024.
Y es que España aplica la fiscalidad más severa de Europa a sus operadores de telecomunicaciones con 17 figuras impositivas diferentes, entre las generales y las propias del sector, tanto de ámbito estatal y autonómico como local, según un informe de la patronal DigitalES. La contribución fiscal del sector se sitúa en el 6,7% de los ingresos totales, triplicando el de Italia (1,93%), duplicando al de Alemania (2,96%) y muy por encima de otros países vecinos como Francia (4,15%), y el Reino Unido (2,76%).
El listado de compromisos fiscales con las distintas administraciones está formado por el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto sobre bienes inmuebles, con carácter general. Y con carácter específico, se encuentran la tasa general de operadores; la tasa de telecomunicaciones; la tasa por numeración, dirección y denominación; la tasa por reserva del dominio radioeléctrico; las tasas propias de licitaciones de espectro mediante concursos y subastas; el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas; el Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente; la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público; la tributación local especial, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; la tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas y el impuesto sobre determinados servicios digitales.
De los impuestos que gravan específicamente al sector, el más oneroso es la tasa por uso del dominio radioeléctrico, las bandas de frecuencias que usan para emitir las señales de telefonía móvil. Las tres grandes telecos españolas –Telefónica, MasOrange y Vodafone- abonaron 430 millones de euros en 2024 por este concepto, pese a que sus ingresos por comunicaciones móviles decrece año a año, pasando de 14.023 millones de euros en 2010 a 8.223 millones en 2023. Por este motivo, las tres compañías han recurrido la liquidación de la tasa de 2024 ante los ministerios de Hacienda y para la Transformación Digital.
Las operadoras de telecomunicaciones confían en que Hacienda sea receptiva a sus argumentos. Movistar, Vodafone y Orange consiguieron que desde 2023 el Gobierno, bajo la intermediación de la exministra de Economía, Nadia Calviño, les eximiera de pagar la tasa del 0,9% de sus ingresos para financiar RTVE, una carga que impuso el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) para liberar de publicidad a la televisión pública, y que es inédita en la UE. En 2022, esa tributación se elevó a 98,9 millones de euros, y a 113,5 millones en 2021 en el caso de los operadores de telecomunicaciones, puesto que también la sufragan las televisiones privadas y las plataformas de streaming.