El Gobierno de coalición parece haber cumplido los objetivos que se marcó cuando, a finales de 2022, aprobó el nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. La medida nació con una intención declarada a los cuatro vientos: anular las bonificaciones autonómicas en el gravamen de siempre, el impuesto de patrimonio. Y los números muestran que lo ha conseguido. La recaudación de este último se disparó en 2023 hasta los 1.970 millones de euros, un 58% más que el año anterior, cuando apenas alcanzó los 1.250 millones. El salto se explica por la reactivación del tributo original en varias comunidades autónomas —que hasta entonces lo mantenían bonificado al 100%— como respuesta a la aparición de la nueva figura estatal. Algunos datos tributarios ya anticipaban las grandes cifras, pero ahora se conoce la radiografía completa. Una de las conclusiones es que se ha disparado el número de ultrarricos con factura.
La estadística, actualizada este martes por la Agencia Tributaria con datos de 2023, los últimos disponibles, confirma el vuelco de un impuesto que siempre ha estado en el centro de la polémica y que ha tenido escaso peso recaudatorio, pero que en aquel ejercicio adquirió un protagonismo inédito. El tributo creado por el Gobierno era prácticamente una copia del original, con una diferencia clave: los ingresos iban a parar a la Hacienda central y no a las comunidades. Ante esa amenaza, muchos territorios optaron por recuperar el impuesto de siempre y quedarse con unos recursos que, de lo contrario, habrían engrosado las arcas del Estado.
El cambio se aprecia con especial claridad en los tramos más altos de riqueza. En 2022, dentro del grupo más acaudalado —patrimonios superiores a 30 millones de euros— había 852 declarantes, pero de ellos solo pagaban 235 (el 27,5%) debido a que residían en territorios sin bonificación. Un año después, el selecto club creció levemente hasta los 865 ultrarricos, aunque la foto es radicalmente distinta: 853 de ellos, casi el 99%, abonaron el tributo.
La evolución se repite en el tramo inmediatamente inferior, según el desglose de Hacienda. En 2022, de los 9.247 contribuyentes con patrimonios de entre 6 y 30 millones, solo 3.709 (el 40%) liquidaron el impuesto. En 2023 lo hicieron el 96%.
La decisión de comunidades como Madrid de reinstaurar el gravamen tras años de bonificaciones ha alterado por completo la estadística. La ofensiva del Gobierno obligó a los territorios a reaccionar: si mantenían el tributo a cero, el Estado recaudaría a través de su nuevo impuesto, que afecta a patrimonios superiores a tres millones de euros. A regañadientes, los ejecutivos autonómicos no tuvieron otra salida que recuperar la figura de siempre y asegurarse unos ingresos que, de otro modo, habrían ido a manos de Hacienda. Por ello, fuentes del ministerio sostienen que se ha cumplido el objetivo: que las comunidades que no recaudaban el impuesto empezaran a hacerlo.
Hay más números que ilustran el alcance del fenómeno. En 2022, la mayor parte de la recaudación procedía de patrimonios relativamente modestos, de entre 1,5 y 6 millones, con casi 620 millones en ingresos. Los más altos apenas aportaban unos 160 millones. En 2023, los primeros siguen siendo mayoría y contribuyen con 695 millones, un 12% más. Pero son los ultrarricos quienes marcan la diferencia: triplican su aportación, de 160 a 485,4 millones. También los patrimonios intermedios, entre 6 y 30 millones, doblan sobradamente su factura, al pasar de 286 a más de 615,5 millones. En los tramos más bajos que contempla el impuesto ―y donde los contribuyentes rara vez tienen que pagar― casi no hay cambios.
En términos medios de cuota, el pago de los contribuyentes que están en los niveles más elevados de riqueza se ha reducido ligeramente: de 679.000 a 569.000 euros entre los más de 30 millones, y de 77.000 a 63.000 euros en los patrimonios de 6 a 30 millones. Se trata de un efecto estadístico que responde a la entrada de nuevos obligados tributarios en esas categorías. De hecho, la recaudación global crece porque el número de contribuyentes que efectivamente pagan también lo hace.
La consecuencia inmediata de este movimiento es que la recaudación del impuesto sobre grandes fortunas ―el calco que inventó el Gobierno― se desvanece. Dado que este tributo tiene carácter disuasorio e incorpora una deducción general del 100% para quienes ya pagan el impuesto de patrimonio, su recaudación se reduce automáticamente a medida que más contribuyentes se ven obligados a tributar por la vía tradicional. En otras palabras, el éxito de uno conlleva el debilitamiento del otro.
Aun así, el Ejecutivo ha optado por mantener la figura estatal. Su intención es garantizar que todas las comunidades graven la riqueza de manera homogénea, evitando desequilibrios entre territorios y reforzando la equidad fiscal a nivel nacional. Un ejemplo revelador es Madrid: tras haber mantenido durante años la bonificación total del impuesto, en 2022 no aportó ni un solo pagador. Pero en 2023, con la entrada en vigor del impuesto estatal y la consecuente recuperación del tributo autonómico, la región sumó 10.659 contribuyentes. En Andalucía, donde ocurrió algo similar, se pasó de no registrar ningún pagador en 2022 a 662 en el ejercicio siguiente.
Todas esas personas, por lo general, son contribuyentes con una riqueza relativamente elevada. Y es que no todos los declarantes acaban pagando. El diseño del impuesto incluye mínimos exentos elevados ―en la mayoría de comunidades, en torno a 700.000 euros― y varias deducciones, como la exención de la vivienda habitual o de determinados bienes empresariales. Por eso, en los tramos más bajos de patrimonio muchos declarantes no realizan ningún ingreso efectivo, mientras que la recaudación se concentra sobre todo en los niveles intermedios y altos.