Cada español desperdicia 23,6 kilos de alimentos al año, señala el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien corrige a todo aquel que redondea esta cifra al alza: “Es mucho, pero hemos avanzado”. Para acelerar la reducción del despilfarro, el político valenciano de 72 años negoció y ahora aplica la Ley de Prevención de Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, en vigor desde el pasado abril. La norma obliga a las grandes empresas a tener planes de prevención frente a las pérdidas y a donar a entidades sociales los alimentos próximos a caducar, pero no exige nada a las pequeñas compañías (un 80% del sector agroalimentario) ni a las familias, que generan el 33,7% del desperdicio, según datos de la Comisión Europea. Planas insiste en que, para los hogares, la ley tiene sobre todo un “valor pedagógico” y va acompañada de campañas de concienciación.
Pregunta. ¿Hasta qué punto la nueva ley puede ser un instrumento útil en el combate al desperdicio?
Respuesta. La ley es un instrumento para disminuir la cantidad de alimentos que no se consumen y que acaban siendo desperdiciados. Para eso, define que los sectores profesionales, que son la producción, la industria, la distribución y la restauración, tendrán que presentar planes para conservar sus productos y para venderlos al final de su vida útil o entregarlos a bancos de alimentos. Para las familias, la ley es fundamentalmente pedagógica. La tarea es concienciarlas por medio de nuestras campañas de información, como aquella que dice: “Aquí no se tira nada”. Este me parece un lema perfecto.
P. ¿Los españoles están concienciados para aprovechar los residuos?
R. Hemos reducido el desperdicio en España un 19,5% desde 2018, incluyendo un 4,4% solo en el último año. Hay cada vez más conciencia sobre todo de los mayores por razones económicas y de los más jóvenes, por motivos éticos también. Algo tan elemental como organizar bien los alimentos en la nevera —colocando delante los que están más cerca de caducar— contribuye a reducir pérdidas.
El objetivo de la UE y de la ONU es una orientación, como todos los de la Agenda 2030, cumplirlo no es una cuestión legal
Luis Planas
P. Aunque los hogares generen más del 30% del despilfarro en España, no se prevén sanciones para ellos. ¿Cómo va a hacer para que las familias se impliquen?
R. De media, cada español desperdicia 23,6 kilos al año. Es mucho, pero hemos avanzado. La concienciación también se debe a la economía ya que los precios de los alimentos han aumentado en los últimos años debido a factores como el cambio climático o la guerra de Ucrania. Estos alimentos más caros son una motivación extra para las familias.
P. ¿Hace falta que los precios suban más?
R. No me gustaría que fuera así. Los precios no deben ser el factor disuasivo. Lo decía antes: creo que es muy importante la conciencia que tengamos todos desde el punto de vista ético.
P. ¿Cómo miden la eficacia de una campaña de concienciación?
R. No soy un experto, pero hacemos un seguimiento de los impactos de estas campañas. Además, los métodos de cálculo en la Unión Europea y Naciones Unidas no siempre son coincidentes. Sabemos que en España desperdiciamos entre el 25% y el 35%, pero tener las cifras exactas es más complicado. Estamos avanzando en la armonización de los datos en escala nacional y europea, pero tenemos que saber los efectos de las políticas públicas.
P. El objetivo de la UE y de la ONU es la reducción del desperdicio en un 50% para 2030. España sigue lejos de alcanzarlo. ¿Cómo se espera que el país lo cumpla?
R. Eso es una orientación, como todos los objetivos de la Agenda 2030, cumplirlo no es una cuestión legal. Luego, cada país sigue su propio camino. Lo que realmente importa es ser ambiciosos e ir progresando cada año.
P. La ley estatal exime de sanciones a muchas empresas pequeñas, mientras que leyes autonómicas como la catalana las obliga al menos a presentar un plan de prevención de desperdicio. ¿Por qué no se hace eso en el resto de España?
R. Nos hemos inspirado en la ley catalana, pero lo que ha salido de las Cortes es lo que han decidido el Congreso y el Senado. Hemos intentado atajar en esta primera regulación estatal los grandes problemas, como la pérdida de productos antes de su fecha de caducidad, o el rechazo de alimentos solo por su apariencia. Esa es una ley que se aplica a todos los territorios donde no hay ninguna contra las pérdidas. En aquellas comunidades que ya tengan una norma, como Cataluña, creo que es muy importante que se aplique la más exigente.
P. ¿No cree que las empresas pueden cambiar su sede a otra comunidad para eludir las leyes autonómicas más duras?
R. No lo creo. Estamos hablando de la venta de alimentos. Las empresas del sector no pueden marcharse, porque están vinculadas a un territorio y a sus clientes.