El gobierno de la Comunidad de Madrid se prepara para abrir una batalla legal contra el cártel de empresas sancionado en 2016 con 128 millones de euros por Competencia por pactar los precios de los pañales para adultos que le vendía a la sanidad pública. Así consta en documentación consultada por EL PAÍS en la que se detalla el interés de la administración por contratar a un grupo de peritos que auditen los 615 millones de euros gastados en comprar material a 19 empresas durante el periodo 2001-2023. Aunque la cifra del agujero financiero aún no se conoce, la Comunidad de Madrid entiende que el caso tiene “gran impacto económico”. Como ella, una docena larga de regiones buscará ser indemnizadas en los tribunales, donde Cataluña, por ejemplo, ya reclama 526 millones. Y Madrid, que como poco pedirá 73 millones, no quiere quedarse atrás: pretende que los peritos terminen su informe seis meses después de ser contratados, y que lo defiendan ante la justicia bajo las directrices de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
“Se trata de productos de consumo sanitario”, resume un portavoz del gobierno regional, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP). “La Comunidad de Madrid con esto exclusivamente lo que está haciendo es reclamar de manera legítima los intereses económicos de todos los madrileños”.
Todo arranca en 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anuncia entonces una de sus mayores multas por cartel a siete empresas de pañales para adultos y su patronal: 128,8 millones de euros por pactar e inflar desde 1996 a 2014 los precios de los paquetes que utilizan los pacientes adultos no hospitalizados y que, en parte, financia la Seguridad Social.
En concreto, la CNMC consideró que Arbora & Ausonia (sucedida por Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica; Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages, con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), llegaron a acuerdos y fijaron los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias, desde, al menos, diciembre de 1996 hasta enero de 2014, con diferencias en la duración de la infracción en función de las empresas partícipes.
Los sobreprecios llegaban hasta el 40%, según el expediente, en el que Procter & Gamble, y un directivo suyo, quedaron eximidos de la multa en aplicación del Programa de Clemencia, que permite evitar el pago de parte o toda la sanción a la empresa y/o el directivo que aporte información clave sobre los hechos investigados.
Tras avalar la Audiencia Nacional (AN) la existencia del cártel en 2022, la Comunidad de Madrid empieza ahora una labor detectivesca, y que abarca un periodo distinto al ya investigado por la CNMC y la AN, además de a más empresas. Para ello busca a al menos dos personas con especialidad en económicas, cinco años de experiencia mínima en economía forense, y participación como perito en más de tres pleitos de defensa de la competencia.
¿Su misión? Navegar a cambio de unos 135.000 euros un torrente infinito de facturas correspondientes a las más de dos décadas que unen 2001 con 2023 para identificar cualquier sobrepago entre un total de más de 615 millones de euros gastados, según documentación consultada por este diario.
“Se procederá a la identificación y selección de los contratos públicos, registros, documentos, etc. que se sospecha han sido influenciados por el comportamiento del cártel”, le reclama Madrid a los peritos. “Se establecerán precios de referencia para los pañales para adultos mediante la recopilación de datos de precios en mercados comparables y periodos en los que se presume no existía influencia del cártel como establece la resolución de la CNMC”, se añade. “Este análisis permitirá determinar el nivel de precios que habría prevalecido en un entorno de competencia efectiva”, se detalla. “Las desviaciones observadas serán analizadas para determinar si son consistentes con las prácticas de sobreprecio asociadas a comportamientos colusorios”, se añade.
Y se concluye: “A partir de las desviaciones de precios identificadas, se estimará el perjuicio económico ocasionado al erario público. Este cálculo incluirá tanto el sobreprecio pagado directamente como los posibles daños indirectos derivados de la distorsión del mercado. Asimismo, se analizarán todos los años necesarios con carácter retroactivo y futuro si todavía estuviera afectado”.
1.000 horas de trabajo
De la complejidad de la tarea es testimonio las horas que estima la administración que requerirá completar el encargo: casi 1.000. Porque seguir las pistas del fraude a través del tiempo, y remontándose a épocas en las que la documentación no está digitalizada, será todo un reto.
El modus operandi del cartel consistía en dos actitudes fraudulentas combinadas. Por un lado, obstaculizaba las licitaciones públicas por las que las autoridades sanitarias adquirían pañales para distribuirlos entre pacientes no hospitalizados: las empresas condenadas interponían recursos de forma reiterada para dificultar esas licitaciones, y así conseguir que se vendiesen en farmacias, donde conseguían mayor rentabilidad.
Por el otro, una vez orientada la distribución a las farmacias, los fabricantes sancionados alcanzaban acuerdos, a través del Grupo de Trabajo de Absorbentes (GTAIO) creado por la FENIN, para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas. Con esto falseaban la competencia y obtenían mayores márgenes.
La fijación y mantenimiento del denominado Precio de Venta de Laboratorio —el que pagan las farmacias por los productos— para los pañales dispensados a través de ese canal llevó a que este “resultara a la postre superior al que se hubiera obtenido en una situación de libre competencia”, señala la Audiencia en una de sus sentencias sobre el caso.
Este diario se puso en contacto con FENIN para conocer su versión, sin haber recibido respuesta en el momento de publicación de este artículo.