Los casi 1,5 millones de españoles que reciben asistencia a través de Muface viven con incertidumbre las negociaciones para renovar el convenio de esta mutualidad, porque su fracaso les obligaría a dejar los médicos y hospitales que les atienden. Las tres aseguradoras que cubrían la asistencia en el convenio anterior —Adeslas, Asisa y DKV— han decidido no presentarse para renovarlo. Consideran que la prima que se les ofrece no es suficiente para cubrir los costes asistenciales, pese a que tiene un incremento del 17%. Esta crisis muestra la creciente dificultad para articular una colaboración entre el sector público y el privado en materia sanitaria en un momento de cambio por el envejecimiento y el aumento de los costes asistenciales.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado fue creada en 1975 para agrupar el mutualismo administrativo creado durante el franquismo cuando la oferta de la Seguridad Social no era ni universal ni tan completa como ahora. Con el tiempo, el sistema público se ha expandido hasta ofrecer sanidad completa y de calidad a toda la población. Muface y las otras dos mutualidades equivalentes para los funcionarios de Defensa y Justicia, han quedado como una excepción que es vista también como un privilegio. Este sistema permite a los funcionarios y sus familias elegir cada año entre la sanidad pública y la privada a través de alguna de las aseguradoras adscritas al convenio. En el caso de Muface, el 76% escoge la atención privada.
El nuevo convenio estaba dotado con 2.681 millones de euros, 304 más que el anterior, a razón de 1.208 euros por cada beneficiario. Las aseguradoras aseguran que en el anterior han perdido alrededor de 600 millones, y que la nueva tarifa no cubre costes, porque deben incorporar además algunas prestaciones que ya ofrece el sistema público, como ciertas terapias avanzadas de cáncer o salud bucodental. En realidad, las aseguradoras son intermediarias que hasta ahora han afrontado la infrafinanciación repercutiéndola a sus proveedores. La naturaleza del convenio, que la obliga a atender todas las contingencias de un extenso colectivo, hace que tengan que afrontar los mismos retos que la sanidad pública: un aumento del coste de los procedimientos y una mayor frecuentación sanitaria. La situación es delicada, porque un fracaso en la negociación desplazaría de golpe a 1,5 millones de beneficiarios a la sanidad pública, y agravaría la sobrecarga que ya padece.
Consciente del problema que se ha creado, el Gobierno está estudiando una nueva propuesta exprés, mientras tranquiliza a los afectados indicando que la normativa permite la prórroga forzosa del actual convenio un año más. Dadas las actuales circunstancias, es deseable que se pueda llegar a un acuerdo, pero a la larga, es evidente que se debe revisar un modelo que no deja de ser una vía de acceso a la sanidad privada con dinero público, con los problemas de equidad y costes de intermediación que ello conlleva.
